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La captura del dictador Nicolás Maduro por parte del gobierno de Donald Trump marcó un quiebre histórico no solo para Venezuela, sino también para América Latina. Ese escenario, impensado hasta hace pocos años, funciona además como un punto de inflexión definitivo en el vínculo entre Caracas y la Argentina, una relación atravesada en las últimas dos décadas por apoyos financieros, alineamientos ideológicos, condenas diplomáticas y rupturas abiertas.

El derrotero bilateral refleja como pocos los vaivenes políticos de la región. Desde la alianza estratégica entre los Kirchner y Hugo Chávez, pasando por la institucionalización regional vía Unasur, el quiebre durante el macrismo con el Grupo de Lima, la ambigüedad del gobierno de Alberto Fernández y la confrontación frontal bajo Javier Milei, el vínculo argentino-venezolano recorrió todas las etapas posibles: cercanía, cautela, distanciamiento y enfrentamiento abierto.

Kirchner y Chávez: alianza política y financiamiento en la poscrisis

La relación entre Néstor Kirchner y Hugo Chávez se consolidó rápidamente tras la crisis de 2001, en un contexto de fuerte aislamiento financiero para la Argentina. Venezuela apareció entonces como un socio político y económico clave. Se firmaron acuerdos entre las petroleras estatales PDVSA y Enarsa, se realizaron compras de miles de toneladas de fueloil y, fundamentalmente, se estructuró un esquema de financiamiento basado en la compra de bonos argentinos por parte del gobierno venezolano.

Desde 2005, Chávez adquirió títulos Boden nominados en dólares utilizando el excedente de divisas generado por el boom del precio del petróleo. Ese respaldo permitió a la Argentina acceder a financiamiento externo cuando los mercados permanecían cerrados, aunque a tasas crecientes y cada vez más costosas: del 8,5% inicial al 14,8% en la última operación, muy por encima del crédito ofrecido por organismos multilaterales.

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La primera colocación se formalizó en agosto de 2005. Durante un acto en la Casa Rosada, Chávez ironizó: “Teníamos bonos del Tesoro norteamericano; los vendimos y compramos los bonos Kirchner”, y agregó una frase que con el tiempo adquiriría otro peso: “Para nosotros son más riesgosos aquéllos que los argentinos; miles de veces”. Más allá del gesto político, cada nueva operación coincidió con subas del riesgo país y el regreso de los temores sobre la sostenibilidad financiera argentina.

Cristina Kirchner, Chávez y UNASUR: la institucionalización del eje bolivariano

Durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, el excelente vínculo entre los mandatarios llevó a que la relación con Venezuela dejó de ser exclusivamente bilateral y adquirió una dimensión regional. En este sentido, el eje Kirchner-Chávez se integró a un proyecto político más amplio que tuvo en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) su principal expresión institucional en 2008.

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Concebida como un espacio de concertación política sudamericana autónomo de Estados Unidos y de la OEA, Unasur funcionó como un mecanismo de articulación entre gobiernos afines de izquierda, en un contexto de altos precios de las commodities y liderazgos presidenciales fuertes. En ese marco, la relación Buenos Aires–Caracas fue central. La Argentina acompañó activamente la agenda chavista en foros regionales y evitó cuestionamientos públicos al modelo político venezolano, incluso cuando comenzaron a multiplicarse las denuncias por concentración de poder, restricciones a la libertad de prensa y tensiones con la oposición.

La muerte de Chávez en 2013 marcó un punto de inflexión. Con la llegada de Nicolás Maduro, el vínculo se volvió más defensivo que estratégico. Maduro heredó un contexto de deterioro económico acelerado, pérdida de legitimidad interna y fragmentación regional. Aun así, el kirchnerismo mantuvo su respaldo político, apelando a la continuidad ideológica, al principio de no intervención y a la defensa de los mecanismos regionales construidos durante la década anterior, incluso cuando Unasur comenzó a mostrar signos de desgaste y pérdida de consenso.

Mauricio Macri y el Grupo de Lima: distanciamiento con Venezuela

La llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada en diciembre de 2015 implicó un giro profundo en la política exterior argentina. El nuevo gobierno rompió con la afinidad ideológica del ciclo kirchnerista y pasó a definir al gobierno de Nicolás Maduro como un régimen autoritario, responsable de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y del quiebre del orden democrático. Asimismo, el chavismo acusó múltiples veces al gobierno argentino de "injerencismo" en los asuntos internos de Venezuela.

Argentina se incorporó activamente al Grupo de Lima, creado en 2017 para aumentar la presión diplomática sobre Caracas. En ese marco, Buenos Aires desconoció las elecciones presidenciales venezolanas de 2018, denunció la falta de garantías institucionales y respaldó iniciativas multilaterales para exigir una transición democrática. En la práctica, el Grupo de Lima no logró los objetivos que se había propuesto y fue perdiendo peso político con el paso del tiempo, hasta quedar reducido a un espacio de coordinación declarativa, sin capacidad real de incidir en el rumbo interno de Venezuela.

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El punto más alto del distanciamiento se produjo en 2019, cuando el gobierno argentino reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, en línea con Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de la región. Como parte de esa decisión, Macri ordenó que los diplomáticos designados por el régimen de Maduro abandonaran la Argentina y dispuso que solo se reconociera a la representación enviada por el gobierno interino, sin cerrar la embajada en Caracas. El reposicionamiento incluyó además la salida de Unasur, al considerar que el organismo había quedado paralizado y capturado por intereses ideológicos.

Alberto Fernández: ambigüedad y regreso al diálogo con Caracas

Durante el gobierno de Alberto Fernández, la relación con Venezuela ingresó en una etapa marcada por la ambigüedad. Sin retomar el alineamiento explícito del kirchnerismo, la Argentina se alejó del enfoque confrontativo del macrismo y buscó recomponer canales de diálogo bajo una retórica de no intervención y solución negociada de los conflictos.

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Uno de los primeros gestos fue la salida del Grupo de Lima y el reposicionamiento en foros como la Celac, concebida como un espacio de articulación regional sin Estados Unidos. En paralelo, Buenos Aires acompañó los intentos de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición, en particular los procesos impulsados en México.

Sin embargo, la política hacia Venezuela estuvo atravesada por tensiones internas dentro del Frente de Todos, la coalición gobernante entre 2019 y 2023. Mientras Fernández realizó críticas puntuales en materia de derechos humanos, sectores del kirchnerismo mantuvieron una postura más cercana a Caracas. El resultado fue un vínculo de bajo perfil: sin ruptura ni respaldo pleno, con escasa capacidad de incidencia real sobre la crisis venezolana.

Milei: ruptura total, alineamiento con Washington y confrontación abierta

Con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, la política argentina hacia Venezuela dio un giro abrupto y definitivo. El nuevo gobierno rompió con cualquier ambigüedad previa y adoptó una postura de confrontación abierta con el régimen de Maduro, al que Milei calificó explícitamente como una dictadura. La relación bilateral quedó virtualmente congelada, sin canales políticos activos y con un discurso centrado en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos.

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Este cambio se inscribe en un alineamiento ideológico y estratégico con Estados Unidos y, en particular, con el universo político que orbita en torno a Donald Trump. La Argentina abandonó cualquier pretensión de mediación regional y se sumó al bloque de países que promueven el aislamiento internacional del chavismo, tanto en foros multilaterales como en declaraciones oficiales.

En términos regionales, Venezuela dejó de ser una variable diplomática para convertirse en una bandera política. El retiro de espacios de concertación heredados del ciclo progresista formalizó ese giro. Así, la etapa Milei marca el punto más distante en la relación bilateral desde 2003: sin cooperación, sin pragmatismo y con una ruptura discursiva que excede lo diplomático y se proyecta como parte central de la identidad internacional del actual gobierno argentino.

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