Un centenar de facultades tomadas y por lo menos una docena de provincias en conflicto. Comienzan dos semanas clave para destrabar la situación.
El clima sigue tenso en las facultades. Lunes y martes habrá paro en todas las universidades nacionales y el miércoles la comunidad educativa se prepara para llevar adelante un clase abierta en el Congreso.
La presión volverá a estar sobre el Palacio Legislativo. La comunidad educativa cree que una de las claves del conflicto está en el presupuesto 2025. En esa misma línea juega la oposición.
Hasta ahora a la Comisión de Presupuesto fueron a defender la ley de leyes los secretarios de Finanzas, Pablo Quirno, y Hacienda, Carlos Guberman, y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. El próximo turno será para el secretario de Turismo, Deporte y Ambiente, Daniel Scioli. Recién, dentro de 15 días llegará el turno de los funcionarios de la cartera educativa. Imaginar el devenir del conflicto durante las próximas dos semanas es ciencia ficción.
La oposición está decidida a ser fuerte su posición sobre los apartados del texto que tiene que ver con los fondos educativos. En ese marco, la mira está puesta sobre el artículo 27 de la ley de leyes, que suspende para 2025 el porcentaje mínimo de inversión que le corresponde al Sistema Nacional de Ciencia, de Educación Técnico Profesional y de Educación Nacional.
Para dar la discusión los distintos bloques opositores se basan, entre otras cuestiones, en un informe de la ONG Argentinos por la Educación que marcan una caída de poco más del 40% en la inversión llevada a cabo este año por el Estado Nacional y anticipa una profundización del recorte que llevaría a la inversión en educación en 2025 a un piso presupuestario del 0,88% del PBI.
En su paro por el Congreso, y ante los cuestionamientos opositores, Gubernan se aferró al famoso “no hay plata” y señalo que “el Estado no está en condiciones de cumplir con esas obligaciones”. De esta manera justificó el funcionario lo que sería, de aprobarse el texto tal cual está, la menor inversión en educación en la última década.
Otro de los artículos cuestionados por la oposición en base al reclamo que les llegó desde distintos rectorados es el artículo 17. En ese punto, el Ejecutivo establece la suma de $3,8 billones para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales. Los rectores, nucleados en Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclaman el doble, un monto cercano a los 7,2 billones de pesos.
Dentro de ese marco, el gobierno intentará separar salarios de gastos de funcionamiento para poder avanzar en la discusión. Sin embargo, esa posibilidad no está entre los deseos de la oposición que asegura que el congelamiento salarial deviene en vaciamiento y por lo tanto es parte de la garantía del funcionamiento de las universidades.
Los legisladores a la hora de la discusión parlamentaria harán propias las cifras del CIN que denuncia que la brecha entre los aumentos que recibieron los docentes y la inflación es del 77%.
En ese marco, y con ese reclamo bajo el brazo, los sindicatos docentes, no docentes y los centros de estudiantes le dan continuidad a un plan de lucha que comenzó luego del veto a la ley de financiamiento educativo y amenaza con extenderse, por lo menos, hasta el fin de la cursada del segundo cuatrimestre.
La primera actividad fuera de las universidades, más allá de las tomas y de las clases públicas en el entorno de los edificios educativos se llevará a cabo el próximo miércoles. Será una movida conjunta entre los trabajadores de la educación y de la salud y se hará frente al Congreso de la Nación.
En ese marco, desde los gremios docentes no descartan la convocatoria a una nueva movilización en el marco del debate por el presupuesto. Los primeros trazos gruesos de las charlas comienzan a delinear la última semana de noviembre como el momento para volver a salir a la calle.