Ante la grave situación de los incendios en la Patagonia, el Gobierno Nacional atribuyó la culpa a “terroristas disfrazados de mapuches” y, en respuesta, anunció su intención de presentar un proyecto de reforma del Código Penal en el Congreso.
Esta reforma busca endurecer las sanciones contra quienes inicien incendios intencionadamente y establecer agravantes en casos que impliquen daños a bosques, cultivos o ecosistemas, así como en situaciones en las que el fin sea amedrentar al Gobierno.
"Incluiremos en Sesiones Extraordinarias un proyecto para agravar la pena de quienes provoquen incendios intencionalmente, eliminando la posibilidad de excarcelación. Terroristas disfrazados de mapuches prendieron fuego nuestra Patagonia para extorsionar al Gobierno y reclamar privilegios. Van a pagar tras las rejas", comunicó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en sus redes sociales sobre las sesiones que concluirán el 21 de febrero.
Actualmente, las personas que causan incendios enfrentan una pena de entre 3 y 10 años de cárcel. Sin embargo, si el incendio representa un riesgo mortal o causa la muerte de alguien, la condena puede elevarse hasta un máximo de 20 años. Si la reforma es aprobada, las sanciones se modificarían, oscilando entre un mínimo de 4 y un máximo de 25 años de prisión.
La propuesta fue anunciada tras semanas de devastadores incendios en las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén, que cobraron una vida, ocasionado la destrucción de numerosas viviendas, dejado heridos y forzado la evacuación de familias, así como arrasado unas 37 mil hectáreas.
El Gobierno indica que ciertos grupos mapuches están implicados en los incendios. De acuerdo con fuentes que circulan por los corredores de Balcarce 50, se afirmó a Noticias Argentinas que los comienzos de estos incendios constituyen “actos de terrorismo” perpetrados por “falsos mapuches”, bajo el liderazgo de Facundo Jones Huala.
El ejecutivo sostiene que la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) está respondiendo con acciones en contra de la decisión del Ejecutivo de cancelar la entrega de tierras que la administración de Alberto Fernández había previamente reconocido como ancestrales en Mendoza.
De manera similar a lo señalado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se afirma que el Estado está implementando “todo lo que está a su alcance” para controlar los incendios, resaltando la “buena conversación con las provincias" afectadas.
“Los recursos desplegados en la Patagonia consisten en 9 aviones, 10 helicópteros, 4 autobombas forestales, 5 pick ups, 4 camiones dormitorios, 61 brigadistas del SNMF, 15 brigadistas de la PFA, 22 brigadistas de Córdoba, coordinadores regionales, pilotos y equipos de apoyo terrestre para los pilotos”, enumeró Francos.
Asimismo, afirmo que “se destinaron 7000 millones de pesos en concepto de Adelanto del Tesoro Nacional a la provincia de Chubut y 5000 millones de pesos a Río Negro para la reconstrucción de viviendas”.
Cristian Larsen, presidente de Parques Nacionales, también los culpó por los fuegos que se originaron en Chubut y Río Negro. "Nosotros lo que decimos es que son golpistas del fuego. Básicamente, son los que están en contra del progreso de la Argentina", dijo.
El ministro de Defensa, Luis Petri, se unió a sus colegas y afirmó que "los incendios, salvo el de Los Manzanos, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, que se produjo por una tormenta eléctrica, no cabe duda de que son hechos de terrorismo". "Creo que la Justicia, los fiscales, tienen que imputar a todos y cada uno de los autores. Y no sólo por la figura de estrago, de incendio, sino también por la figura de terrorismo, incrementando exponencialmente las penas, porque estos hechos de terrorismo se tienen que terminar", sostuvo el funcionario quien supervisa el trabajo del Ejército en la Patagonia.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también intervino en la discusión y dejó claro en su perfil de X que "el que prende fuego se va a pudrir en la cárcel".
La funcionaria advirtió que "Se terminó el jueguito de los incendios intencionales sin castigo", y subrayó su intención de "endurecer las penas y eliminar la excarcelación para estos criminales". Además, anunció la creación de "un agravante por intimidación al gobierno, para que los grupos terroristas pseudomapuches que usan el fuego como amenaza paguen con años de prisión". La ministra responsable de la Seguridad concluyó su mensaje con su lema habitual: "La ley se respeta y el orden se impone. Se acabó la impunidad. Porque el que las hace, las paga".
En su publicación, Bullrich incluyó un video en el que declaró que "hay gente que incendia a propósito, algunos de maldad, otros de envidia y otros que son terroristas que quieren destruir el país". Por ello, anunció que se establecerán "penas no excarcelables a todo aquel que incendie a propósito y juegue con la vida, con la propiedad y con nuestra naturaleza".
En otro contexto, Lisandro Catalán, quien ocupa el cargo de vicejefe de Gabinete del Interior, se reunió con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, en la Casa Rosada para tratar el asunto. Al término de este encuentro, el Ejecutivo dio luz verde al desembolso de $5.000 millones destinados a abordar la emergencia provocada por los incendios en El Bolsón.