El gobierno de Javier Milei dio un paso firme en su estrategia de reducir el tamaño del Estado con la eliminación del INADI. Esta decisión se materializó este martes con la publicación del Decreto 696/2024, firmado por el Presidente junto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Federico Sturzenegger, a cargo de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, fue el encargado de difundir la noticia. La Casa Rosada considera esta medida un emblema del achicamiento del Estado, alegando que el INADI se había convertido en un refugio de militantes políticos. “Llegó el primer decreto delegado. Cierre del INADI. Vale la pena leer los fundamentos del decreto para tomar dimensión del dispendio, descontrol e hipocresía en la que los K habían sumido al Estado argentino”, declaró Sturzenegger en la red social X.
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El decreto establece que todos los recursos materiales y financieros del ahora disuelto INADI pasarán al Ministerio de Justicia, que será responsable de las políticas nacionales en contra de la discriminación que antes gestionaba el instituto. “Disolvimos el INADI. Ente ideológico de uso político partidario. Despedimos a los empleados y devolvimos el edificio. Nuestra gestión se concentra en achicar el Estado y cerrar los organismos innecesarios. No creemos en la utopía del Estado eficiente. Vamos por más, mucho más”, afirmó Cúneo Libarona.
Los motivos del cierre del INADI
Según el gobierno, la Argentina garantiza la igualdad de sus habitantes ante la ley y se compromete a eliminar toda forma de discriminación, conforme a la Constitución Nacional y la Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. No obstante, justifican la disolución del INADI argumentando que su estructura se prolongó innecesariamente durante más de 12 años y su desempeño fue ineficiente e ineficaz, independientemente del signo político de las administraciones que intervinieron.
El Ejecutivo destacó irregularidades en la gestión del INADI, incluyendo problemas en la contratación de personal, uso de recursos, y falta de control sobre las actividades. Al asumir el gobierno actual, se encontraron 431 agentes activos distribuidos en 44 sedes sin supervisión efectiva, y solo en marzo de 2024, los salarios del personal ascendieron a $315.644.195,87, monto equivalente a 2347 jubilaciones mínimas. Además, había 7788 actuaciones administrativas pendientes desde 2016, y las campañas de sensibilización y capacitación carecían de respaldo documental adecuado.
A pesar del Memorándum de Entendimiento firmado en 2001 con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el INADI no logró elaborar el Plan Nacional contra la Discriminación en más de 20 años. En 2023, su presupuesto asignado fue de $1.150.770.524, incrementado en varias ocasiones. El gobierno justificó su disolución en base a la necesidad de optimizar el uso de los recursos públicos y la ineficacia del INADI para cumplir con sus objetivos.
Finalmente, el decreto argumenta que la obligación constitucional de promover la igualdad de oportunidades no requiere la existencia de un organismo descentralizado. La decisión se fundamenta en las facultades delegadas al Presidente y la gravedad institucional de utilizar recursos públicos en perjuicio de las arcas del Estado y los contribuyentes.
“Teniendo en cuenta el fracaso del instituto de la intervención para lograr la normalización del funcionamiento del referido ente, los graves inconvenientes detectados que dan cuenta no solamente de irregularidades en la gestión de los recursos sino, más grave aún, en el incumplimiento por parte del instituto de sus funciones específicas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, así como razones de índole operativa de la administración pública nacional, y la ineficiencia e ineficacia del INADI constituyen motivos suficientes para disolver con urgencia el precitado organismo”, concluye el documento.
El nacimiento del INADI
El INADI fue establecido en 1995 durante el gobierno de Carlos Menem, tras los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA. Este organismo se destacó por ser pionero en la formulación de políticas que promovían los derechos de toda la población.
El INADI impulsó denuncias y medidas contra la discriminación por nacionalidad, orientación sexual, ideología y abusos contra minorías, entre otras áreas. Además, se encargó de capacitar al personal de instituciones tanto públicas como privadas en temas de pluralismo.
El organismo llevó a cabo investigaciones contra individuos y grupos que practicaban la discriminación, y desarrolló campañas de concientización en todo el país para fomentar la integración, la tolerancia y el respeto. También ofreció asesoramiento gratuito a las víctimas y promovió legislaciones favorables a la inclusión.
