La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó en pie la decisión de aceptar a la Unidad de Información Financiera como querellante en el caso y desestimó un planteo de la defensa del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, que lo cuestionaba, en el marco de la causa Odebrecht, de acuerdo a una nota de la revista especializada en temas judiciales Quórum.
En este caso, se trata de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades vinculadas al plan de ampliación de gasoductos que culminó en la celebración de un contrato entre CAMMESA y Odebrecht.
La UIF es querellante por decisión de la Cámara Federal de Casación, un rol que cuestionaron los abogados del ex funcionario, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro.
El 19 de diciembre de 2018 la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al pedido de la Unidad de Información Financiera de ser tenida como parte querellante.
La defensa del ex ministro De Vido apeló esa decisión hasta llegar a la Corte que, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, desestimó ahora el planteo.
En Casación
La Cámara Federal de Casación rechazó por su parte, otro recurso de los abogados de De Vido
Además aceptó una queja y resolverá sobre un pedido de la UIF sobre las pruebas dispuestas por el Tribunal Oral Federal 7 para el juicio oral que tiene fecha de inicio prevista en abril de 2025 en la causa que investiga a Odebrecht por la adjudicación de obras de ampliación de dos plantas potabilizadoras.
La Sala III del máximo tribunal penal federal del país -integrada por los jueces Carlos Mahiques, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky- rechazó una presentación directa de los abogados defensores del ex Ministro de Planificación Federal en el marco del expediente CFP 1614/2016 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 de la Ciudad de Buenos Aires.
En este contexto, la defensa de Julio De Vido reclamaba el apartamiento del perito oficial ingeniero civil Pablo Eloy Bona por enemistad manifiesta, prejuzgamiento y temor de parcialidad, en base a ciertas manifestaciones que, a raíz de reacciones en la red social actualmente conocida como “X”, habría realizado en relación a posteos que se vinculaban a causas en las cuales se investigaban a funcionarios del kirchnerismo.
El Tribunal Oral denegó la petición, la defensa apeló y Casación declaró inadmisible el recurso
Se resolvió por el voto mayoritario de los jueces Hornos y Borinsky quienes consideraron inadmisible el planteo por entender que no se trataba de sentencias definitivas o equiparables y porque la defensa no demostró la existencia de un agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior o una cuestión federal que permita habilitar la instancia.
En cuanto al reclamo de la UIF, se direccionó a que no se incorporen por lectura al debate los informes de inteligencia de ese organismo.
El TOF7 rechazó el planteo pero ahora los camaristas Hornos y Borinsky concluyeron que la índole de los agravios invocados por la parte querellante imponía habilitar el conocimiento de la Cámara por lo cual analizarán el tema.
El juez Mahiques votó en disidencia.
Contexto del caso
La causa fue elevada a juicio oral por presuntas irregularidades en el marco del proceso de licitación para el desarrollo de dos proyectos de infraestructura promovidos por “Aysa” en el año 2007
Se trata de la planta de potabilización “Paraná de las Palmas” (adjudicada al consorcio de empresas Construcciones Norberto Odebrecht SA Sucursal Argentina – Benito Roggio e Hijos SA – Supercemento SAIC – José Cartellone Construcciones Civiles SA) y la planta depuradora “Sistema Berazategui” (a cargo de la Unión Transitoria de Empresas conformada por Camargo Correa Sucursal Argentina-Esuco SA),
El debate oral y público comenzará el 7 de abril de 2025
En el juicio se debatirá el supuesto direccionamiento por parte de las autoridades de AySA en los procesos licitatorios de los proyectos de infraestructura, como así también el presunto pago de dádivas por parte de los representantes de tales firmas a fin de imponer las condiciones de ejecución necesarias para salvaguardar los intereses particulares de aquellas compañías en detrimento del interés público que debía perseguir AySA (empresa integrada en un 90% por fondos del Estado Nacional).
