El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, decretó un 10% de aumento para el sector e impugnó el nuevo convenio colectivo de trabajo que permitía la creación de más de 18 tipos de licencias, algo que provocó la reacción del gremio local de trabajadores municipales.
La respuesta de parte de los gremialistas en un comunicado
“El lunes comienza un plan de lucha a matar o morir”, fue la advertencia que le dieron al dirigente local, con quien intentaron llevar a cabo numerosas negociaciones en las últimas semanas para acordar un aumento de sueldos. Todas resultaron frustradas: desde el gremio pedían una actualización del 35% que equipare la pérdida salarial ante el avance inflacionario mientras que el gobierno municipal remarcó que el incremento debía ser acorde a las posibilidades económicas financieras de la comuna.
El enfrentamiento comenzó en horas de la mañana, cuando el jefe comunal le otorgó por decreto un 10% de aumento para los empleados estatales que no fue bien recibido por el sector e impugnó el convenio colectivo de trabajo por el que el STM pretendía que las vacantes fueran hereditarias.
A través del Decreto 1175/24 publicado con la firma de Montenegro y el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, se oficializó un aumento menor. En el Artículo 1° del documento se establece el otorgamiento de “una recomposición equivalente al 10% para los agentes que presten servicios en la Administración Central y Entes Descentralizados”, aunque no está especificado si se aplicará a partir de los haberes de mayo.
La Municipalidad interpuso un recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio para impugnar el acuerdo del convenio colectivo de trabajo, que se impulsó con el ministerio del área en el 2017, y que fue registrado siete años después. La iniciativa generó polémica en el ámbito provincial porque plantea ampliar el régimen de vacaciones a 30 días, la recategorización obligatoria por jubilación y la creación de más de 18 tipos de licencias.
En el documento presentado, las autoridades señalaron que el convenio al municipio “le causa agravio la registración inconsulta y sorpresiva del proyecto de Convenio Colectivo elaborado por la anterior gestión comunal, cuyo trámite de registración fue omitido en los términos previstos por el art. 58, Ley N° 14.656 y que, por tanto, debe considerarse tácitamente desistido al no instarse el trámite por más de siete años por ninguno de los participantes”.