La Cámara Federal de Buenos Aires emitió este lunes un fallo de gran trascendencia internacional al ordenar la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su mano derecha, Diosdado Cabello, para que comparezcan ante la Justicia argentina en una causa que los investiga por crímenes de lesa humanidad. La decisión fue tomada tras consolidar múltiples denuncias sobre un “plan sistemático” de represión y violaciones a los derechos humanos en Venezuela. El tribunal argentino unificó todas las causas presentadas en el país que involucran al gobierno venezolano, señalando que desde 2014 se han registrado casos de tortura, desapariciones forzadas, secuestros y ejecuciones contra la población civil.
Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens consideraron que las pruebas recopiladas son suficientes para ordenar la indagatoria y captura de Maduro y Cabello, así como de otros funcionarios del régimen venezolano. El tribunal justificó esta decisión argumentando que "los crímenes denunciados, perpetrados desde el aparato estatal, siguen cometiéndose hasta el día de hoy". En su fallo, la Cámara subrayó que la medida busca impedir la continuación de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y evitar nuevas víctimas.
En el texto judicial se resalta que “existe en Venezuela un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado desde el año 2014 hasta el presente”. La gravedad de los hechos y el riesgo de que los crímenes continúen motivaron a los magistrados a solicitar la intervención de Interpol para proceder con la detención y extradición de los dirigentes chavistas a la Argentina.
Contexto del fallo y apoyo internacional
El fallo de la Cámara Federal porteña se fundamenta en el principio de jurisdicción universal, que permite a un país procesar delitos graves como crímenes de lesa humanidad, sin importar dónde hayan ocurrido o la nacionalidad de las víctimas y los perpetradores. En esta ocasión, la denuncia fue impulsada por la Fundación Clooney para la Justicia, encabezada por el actor estadounidense George Clooney y la abogada de derechos humanos Amal Clooney, así como por el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER). Ambas organizaciones colaboraron con la presentación de testimonios de víctimas venezolanas que residen en Argentina como refugiados.
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Diosdado Cabello, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, es actualmente el número dos del gobierno venezolano
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En la audiencia celebrada en los tribunales de Comodoro Py, donde se expusieron los hechos, participaron las víctimas que detallaron las torturas y violaciones que sufrieron bajo el régimen de Maduro. La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, también estuvo presente en la audiencia en representación del gobierno argentino, al igual que Waldo Wolff, miembro de FADER y actual ministro de Seguridad porteño.
Entre los testimonios más impactantes se destacó el de un ex fiscal venezolano, quien narró su secuestro y tortura por intentar investigar crímenes del gobierno de Maduro. Otros testimonios describieron desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas a manifestantes durante las elecciones presidenciales de 2023 en Venezuela, en las que Maduro fue reelegido en medio de denuncias de fraude y represión.
“Las órdenes de captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello son un triunfo para las víctimas que han buscado justicia durante años y para todos aquellos que luchan por los derechos humanos en Venezuela”, afirmó Tomás Farini Duggan, abogado de FADER. Además, agregó que esta resolución envía un mensaje claro a la comunidad internacional: “No se puede ignorar más lo que está ocurriendo en Venezuela. El régimen ha cometido crímenes atroces que no pueden quedar impunes”.
Impacto diplomático y respuesta de Venezuela
A raíz de la resolución judicial argentina, el gobierno venezolano reaccionó con rapidez. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió un comunicado solicitando la aplicación de medidas preventivas privativas de libertad contra altos funcionarios del gobierno argentino, incluidos el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Estas acusaciones, que incluyen cargos como robo agravado y legitimación de capitales, se enmarcan en un intento de represalia por la incautación de un avión iraní-venezolano en Argentina en 2022, que fue entregado a Estados Unidos con el aval de la justicia argentina.
Pese a esta respuesta del gobierno de Maduro, los abogados querellantes, junto a organismos internacionales como la Fundación Clooney, continúan trabajando para que Interpol emita alertas rojas que faciliten la detención de los acusados en caso de que viajen fuera de Venezuela. Sin embargo, Farini Duggan advirtió que es probable que Venezuela se oponga a estas órdenes de captura alegando inmunidad diplomática bajo la Convención de Viena. Aun así, el abogado recordó antecedentes en los que Interpol mantuvo las alertas, como ocurrió en el caso de funcionarios iraníes implicados en el atentado a la AMIA en Buenos Aires.
El fallo de la Cámara Federal de Argentina no es el primero que se emite en el marco de esta causa. En abril de 2023, el mismo tribunal había reabierto la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, después de que un grupo de víctimas apelara la decisión del juez Sebastián Ramos de archivar el caso en favor de la Corte Penal Internacional (CPI). Los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens consideraron en su momento que la gravedad de los hechos denunciados y la impunidad en Venezuela justificaban la intervención de la justicia argentina bajo el principio de jurisdicción universal.
Testimonios clave y el rol de las víctimas
Uno de los aspectos más importantes del caso ha sido la recopilación de testimonios directos de las víctimas del régimen de Maduro. La mayoría de ellos permanece bajo reserva, debido al temor de represalias contra sus familiares en Venezuela. No obstante, algunos relatos han sido revelados con autorización de las propias víctimas.
Un hombre, refugiado en Argentina, relató que fue secuestrado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y sometido a torturas durante varios meses. “Me interrogaron con un arma en la boca, me golpearon y me mantuvieron en una celda con otros 18 prisioneros, cuando el espacio era para cinco personas”, contó ante los jueces. Otro testimonio describió las agresiones sufridas durante las protestas contra Maduro en las calles de Caracas, donde fue alcanzado por una granada de gas lacrimógeno lanzada por la Guardia Nacional Bolivariana.
En otro caso, una madre de familia denunció la desaparición forzada de sus hijos y nuera, quienes fueron detenidos arbitrariamente tras participar en manifestaciones en contra del gobierno venezolano. Sus hijos fueron liberados después de 42 días de torturas y, según la denunciante, fueron acusados falsamente de intento de homicidio contra Maduro.
Estos testimonios, junto con informes de organizaciones internacionales como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, forman la base de la acusación en Argentina. Según la Fiscalía, las denuncias acreditan un patrón sistemático de represión estatal, que incluye la persecución política, la violencia contra manifestantes y la eliminación de opositores al régimen.
La querella ha solicitado también que se unifiquen todas las denuncias en un solo expediente para evitar la dispersión de pruebas y facilitar el avance de la causa. En ese sentido, el fiscal de Cámara, José Agüero Iturbe, subrayó que la atomización de las denuncias “conspira contra el desarrollo adecuado de la investigación”.
