La Justicia Federal de Quilmes llevó a cabo una serie de 24 allanamientos en comedores, merenderos y depósitos de diversas organizaciones sociales. Estas acciones están relacionadas con presuntos casos de extorsión dirigidos a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y acusaciones de defraudación a la administración pública.
Eentre las organizaciones allanadas se encuentran la Cooperativa Martin Fierro, el Movimiento Teresa Rodríguez Limitada, Barrios de Pie, La Dignidad Confluencia, el Polo Obrero, el Frente de Organización en Lucha, entre otras.
Bajo la dirección del juez Luis Armella y su secretario Diego Quiroga, la causa ya implicó a unos 40 imputados pertenecientes a organizaciones como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, Libres del Sur, Polo Obrero, La Dignidad Confluencia, MTD Teresa Rodríguez, y CTD-Aníbal Verón, entre otras.
Durante los operativos, se descubrieron alimentos en mal estado y vencidos que, según se informa, fueron recibidos a principios de año del Estado, pero no fueron distribuidos entre los sectores más vulnerables. Ya se notificó a las autoridades de Bromatología bonaerense para su intervención. Además, los productos en buen estado fueron informados al Ministerio de Capital Humano bajo la dirección de Sandra Pettovello.
Para asegurar la preservación de pruebas, tomar fotografías e intervenir si fuera necesario, los funcionarios judiciales están acompañados por efectivos de la Prefectura Naval Argentina. Hasta el momento, se incautaron documentos, planillas de asistencia, dispositivos informáticos y otros elementos que serán sometidos a peritaje.
Uno de los hallazgos más impactantes ocurrió en un depósito perteneciente al MTD-Teresa Rodríguez en Florencio Varela, donde se encontraron alimentos en estado de descomposición. Los responsables del lugar argumentan que estos alimentos fueron entregados por la provincia de Buenos Aires en enero y no pudieron ser distribuidos a tiempo. Aún se está investigando la verdadera procedencia de estos alimentos, algunos de los cuales estaban claramente vencidos y marcados con etiquetas que indicaban su prohibición de venta por parte del gobierno provincial.
Esta investigación forma parte de un proceso más amplio que inició en el juzgado federal de Sebastián Casanello y la fiscalía de Sergio Pollicita, centrado en acusaciones de extorsión y falsificación de documentos contra dirigentes sociales y piqueteros. La implicación de numerosas organizaciones, muchas de las cuales son parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), incluye figuras prominentes como Emilio Pérsico del Movimiento Evita, Daniel Menéndez de Barrios de Pie, y Juan Carlos Alderete de la Corriente Clasista y Combativa.
La investigación a los comedores
Los expedientes relacionados con estas actividades delictivas fueron transferidos al juzgado de Armella, quien tomó medidas significativas para abordar las denuncias recibidas a través de llamadas al número 134, destinado a reportar presiones contra beneficiarios de planes sociales en varias localidades bonaerenses.
El desarrollo de esta investigación continúa con más allanamientos y la posibilidad de nuevas medidas judiciales conforme avancen las diligencias en curso y se presenten más testimonios contra los responsables de estas prácticas coercitivas.
La causa judicial investiga a dirigentes acusados de malversar fondos públicos destinados a planes sociales y comedores comunitarios, quienes presuntamente extorsionaban a los beneficiarios. Hasta el momento, hay 28 imputados vinculados a cinco comedores, tres de ellos del Polo Obrero, uno de Barrios de Pie y otro del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
