1 de abril 2026 - 13:10hs

En el Gobierno admiten que el impacto de la sentencia puede trepar a $7 billones, una cifra que choca de lleno con el corazón del programa libertario: el equilibrio fiscal. Pero más allá de los números, lo que se desató en Balcarce 50 es una discusión de poder. Quién tuvo la culpa de que el Ejecutivo llegue a este escenario sin una salida política cerrada.

La pelea dentro del Gobierno por el financiamiento unviersitario

Cerca de Santiago Caputo apuntan directo contra Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem. La reconstrucción que hacen es lineal: después de las elecciones de octubre, el oficialismo tenía una ventana para desactivar el conflicto con las universidades. El tándem educativo que integran Carlos Torrendell y Alejandro Álvarez había empezado a negociar una nueva ley de financiamiento universitario para enviar al Congreso durante las sesiones extraordinarias.

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El objetivo era claro: reemplazar la ley vigente por un esquema más acotado, jurídicamente sólido y compatible con el ajuste. “Había una salida política antes del fallo”, resumió ante El Observador una fuente con acceso al despacho presidencial.

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La pelea dentro del Gobierno por los $7 billones de la ley del financiamiento universitario.

La pelea dentro del Gobierno por los $7 billones de la ley del financiamiento universitario.

Santiago Caputo de un lado, los Menem del otro

Ese camino, sin embargo, quedó en pausa. Del otro lado, en el universo de los Menem, predominó otra lógica: no abrir un frente de negociación innecesario y apostar a que la Justicia termine ordenando el conflicto. La jugada implicaba ganar tiempo, evitar concesiones y priorizar otros proyectos en la agenda legislativa. El problema es que esa apuesta falló.

Se durmieron esperando un fallo que los salvara”, disparan cerca de Caputo, donde sostienen que el error fue haber subestimado el conflicto universitario y haber relegado la negociación. Del lado de los Menem responden con otra lectura: abrir una negociación después del veto y de la insistencia del Congreso era convalidar una derrota política. La discusión, en el fondo, vuelve a exponer las dos lógicas de poder que conviven dentro del oficialismo.

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La pelea dentro del Gobierno por los $7 billones de la ley del financiamiento universitario.

La pelea dentro del Gobierno por los $7 billones de la ley del financiamiento universitario.

"Los rectores de las universidades, que formaban parte del entendimiento inicial, advirtieron que las demoras tornaban inviable sostener el consenso alcanzado", remarcó una fuente del mundo universitario conocedora de las negociaciones. El paso del tiempo sin avances concretos en el Congreso terminó por desarticular el respaldo necesario para sancionar la ley.

La discusión fiscal, en el centro del Gobierno

Esta vez, la diferencia no quedó encapsulada en una discusión interna. Tuvo consecuencias concretas: un fallo adverso, un costo fiscal millonario y un nuevo frente de conflicto con el sistema universitario.

En la Casa Rosada ya dan por hecho que el Gobierno apelará la decisión judicial para ganar tiempo y evitar un impacto inmediato. Pero incluso si logra estirar los plazos, el problema político ya está instalado. “Esto se podría haber evitado”, repiten en uno de los despachos más influyentes del oficialismo.

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La pelea dentro del Gobierno por los $7 billones de la ley del financiamiento universitario.

La pelea dentro del Gobierno por los $7 billones de la ley del financiamiento universitario.

El episodio también reconfigura la dinámica de la mesa política de La Libertad Avanza. La tensión entre el sector de Caputo -las Fuerzas del Cielo- y los “territoriales” que orbitan alrededor de Karina Milei y los Menem suma un nuevo antecedente en una disputa que ya venía escalando.

El triángulo de hierro de La Libertad Avanza, de nuevo bajo presión

Por ahora, el triángulo de hierro que integran Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo evita un quiebre abierto. Pero cada crisis deja marcas. Y esta, en particular, tiene un agravante: no fue un error de comunicación ni un traspié político menor, sino una derrota institucional con impacto fiscal.

En ese escenario, la pregunta que empieza a circular en los pasillos oficiales es tan incómoda como inevitable: quién paga el costo de haber apostado mal. La respuesta, como suele pasar en este Gobierno, no será pública. Pero la consecuencia sí: la interna entre Santiago Caputo y los Menem quedó otra vez expuesta, con un fallo judicial como detonante y una cuenta de varios billones como telón de fondo.

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