Javier Milei giró este miércoles al Congreso el veto total a la ley de Financiamiento Universitario, cumpliendo así con la promesa que había hecho desde que la norma fue sancionada por ambas cámaras el pasado agosto. La medida actualiza por inflación los gastos de funcionamiento de las universidades públicas y ordena la reapertura de paritarias para el sector educativo. Según fuentes oficiales, el Gobierno también rechazará en las próximas horas los proyectos de emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan y la distribución automática de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que impulsaron los gobernadores.
El triple veto se concretaría en momentos de máxima tensión política para el oficialismo, tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y el deterioro de la relación con los mandatarios provinciales. La Casa Rosada mantiene su política de déficit cero como innegociable, aunque promete abrir una mesa de diálogo federal para contener el descontento político.
Los tres proyectos fueron comunicados al Ejecutivo el 28 de agosto y la Constitución establece que el Presidente tiene 10 días hábiles para rechazarlos. El plazo límite para los proyectos del Garrahan y ATN vence este jueves, mientras que el veto universitario ya fue publicado en el Boletín Oficial.
El costo fiscal como argumento central
En el decreto de veto, el Gobierno argumentó que la ley de financiamiento universitario no cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige especificar de manera clara las fuentes de recursos para financiar gastos no previstos en el presupuesto. Según la Casa Rosada, las fuentes indicadas resultan "genéricas" y no garantizan la suficiencia ni disponibilidad de recursos.
La implementación de la norma generaría un aumento del gasto público con un costo estimado para 2025 de más de un billón de pesos, lo que según el Ejecutivo pondría en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas. Este gasto "sin respaldo real" solo puede financiarse con emisión monetaria, aumentando la inflación y perjudicando especialmente a los sectores más vulnerables, sostiene el documento oficial.
La oposición había calculado que la actualización de fondos universitarios significaba un gasto extra del 0,14% del PBI ($1.059 millones), mientras que para La Libertad Avanza representa más de $1.500 millones. El proyecto de emergencia pediátrica, por su parte, implicaría un gasto adicional entre julio y diciembre de $65.573 millones, alcanzando $133.433 millones de manera anualizada, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
La ley había sido aprobada en Diputados a principios de agosto con 158 votos afirmativos, una amplia mayoría que sin embargo no alcanzaba los dos tercios necesarios para blindar la norma ante un eventual veto presidencial. La iniciativa fue impulsada originalmente por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre en conjunto con los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La respuesta de la oposición y el sector universitario
El Congreso ya planifica las sesiones para intentar rechazar los vetos presidenciales. En Diputados impulsan una sesión para el miércoles 17 de septiembre, mientras que en el Senado acordaron sesionar el jueves 18 con todos los temas pendientes, pudiendo sumar el veto a los ATN una vez confirmado.
La Federación de las Universidades Nacionales (FEDUN) convocó para este viernes a un paro de 24 horas en todas las universidades del país como respuesta al veto presidencial. Daniel Ricci, secretario general de la organización, expresó que "hay un fuerte compromiso de los y las docentes por sostener la universidad pública, que sigue siendo de calidad, gracias al esfuerzo de todos los trabajadores".
Marcha-Federal-contra-el-veto-de-Milei
Ricci alertó sobre la crítica situación salarial del sector: "Lo que vemos es alarmante: el año pasado perdimos más del 50% del poder adquisitivo frente a la inflación, y este año, con aumentos del 1% mensual, seguimos perdiendo frente a una inflación mucho mayor. Cada mes estamos peor". La FEDUN también anunció la realización de una tercera Marcha Federal Universitaria para el día que se trate el rechazo al veto en el Congreso.
En la sesión del miércoles próximo, la oposición planifica no solo insistir con los vetos de universidades y Garrahan, sino también con los de Emergencia por Bahía Blanca y Moratoria Previsional que quedaron pendientes. También votarían el segundo proyecto de los gobernadores sobre la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos.
La estrategia oficial, entre intransigencia y diálogo
Pese a atravesar su momento más crítico desde diciembre de 2023, el Gobierno exhibe gestos contradictorios. Por un lado, Milei reconstituyó el Ministerio del Interior y elevó el rango de Lisandro Catalán, hasta ahora vicejefe de gabinete, para darle volumen simbólico a la negociación política. Por otro, mantiene una postura inflexible respecto al equilibrio fiscal.
Catalán ya mantuvo contacto telefónico con varios gobernadores, quienes lo felicitaron por su ascenso. Se espera que convoque a la Casa Rosada a los mandatarios provinciales "afines", comenzando por aquellos con algún tipo de acuerdo electoral con La Libertad Avanza: Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis) y Marcelo Orrego (San Juan).
Los gobernadores esperan, como mínimo, que el Gobierno no vete el proyecto de distribución automática de ATN, que según ellos no tiene costo fiscal. "Es insólito porque el primer contacto con el flamante ministro de Interior sería para comunicarnos que nos vetan el proyecto", señaló una fuente provincial en referencia a la designación de Catalán.
Esta es la segunda vez que Milei veta una ley de financiamiento universitario. El año pasado logró blindar su decisión gracias al apoyo de algunos gobernadores y de los radicales "con peluca", que hoy forman parte de un interbloque con el oficialismo. La diferencia ahora radica en el contexto político adverso y el creciente distanciamiento con los mandatarios provinciales, factores que podrían inclinar la balanza a favor de la oposición en las próximas votaciones parlamentarias.
