En el transcurso del debate, el peronismo denunció la escasa duración del análisis del proyecto y criticó al oficialismo por no haber compartido el dictamen negociado con sectores de la oposición dialoguista.
“Esta ley es horrible, es invotable. Como es invotable, algunos quieren que se vote rápido. Estamos en presencia de la delegación de facultades más escandalosa de la historia. Tiene el impacto de ocho leyes Dromi. Dromi es Heidi al lado de esto”, expresó Germán Martínez en alusión al ministro Roberto Dromi, arquitecto de las privatizaciones durante el menemismo. Y advirtió: “El corazón de este proyecto son las facultades delegadas y todo lo que no consiguió, lamento decirles, que lo va a poder hacer por las facultades delegadas”.
En las últimas horas de la madrugada, Unión por la Patria recurrió a una estrategia reglamentaria para intentar invalidar el dictamen. Según explicaron, para que un despacho sea válido, "es necesario la firma de la mayoría de los miembros de cada una de las comisiones que hayan estado presentes en la o las reuniones en que el proyecto fuera tratado".
Germán Martínez
Por consiguiente, dado que el plenario de comisiones está compuesto por 115 miembros, es imperativo que al menos 57 diputados rubriquen algún dictamen. En este contexto, el oficialismo estaba encaminado a obtener el dictamen de mayoría, ya que contaba con alrededor de 50 firmas frente a las 46 de Unión por la Patria.
No obstante, el peronismo y la izquierda dejaron entrever que no presentarían su dictamen de rechazo, por lo que sus firmas no serían contabilizadas. En consecuencia, el oficialismo debía asegurarse de que todos los dictámenes sumaran 57 firmas para que el suyo fuera válido.
Después de arduas negociaciones, los libertarios lograron obtener el respaldo del bloque Innovación Federal (representado por el misionero Carlos Fernández y el rionegrino Agustín Domingo), de los legisladores cordobeses afines al gobernador Martín Llaryora y de Nicolás Massot, quien no había respaldado ningún despacho.
Intensas negociaciones en tiempo limitado
La estrategia adoptada por el oficialismo experimentó un cambio significativo el pasado jueves, cuando el presidente Javier Milei delegó a uno de sus colaboradores más confiables, Santiago Caputo, para comunicar a los sectores de la oposición dialoguista la disposición del gobierno a realizar modificaciones sustanciales en el proyecto, buscando asegurar una mayoría en el recinto.
Acompañado por el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Caputo se comprometió a apartarse del plan original en el ámbito de las jubilaciones, renunciando a la eliminación de la fórmula previsional para optar por ajustes discrecionales mediante decretos. En su lugar, accedió a ajustar los haberes según el Índice de Precios al Consumidor a partir de marzo, considerando la inflación de febrero.
La propuesta de aplicar la fórmula actual hasta marzo y luego actualizar en función del IPC del mes anterior fue considerada como una opción "superadora". No obstante, este empalme dejaría fuera de la actualización el mes de enero, que concluirá con una inflación cercana al 20%. Por lo tanto, la oposición continuaba solicitando alguna compensación adicional para evitar perjuicios a los jubilados, o incluso empezar la actualización por IPC desde febrero.
En relación con las retenciones, La Libertad Avanza aceptó la eliminación de cualquier aumento impositivo en las economías regionales (aunque algunos sectores quedaron excluidos del listado final). No obstante, mantuvo firme el incremento del 15% a las exportaciones industriales y a los derivados de soja, trigo y maíz.
José Luis Espert
Además, se acordó excluir a YPF del extenso listado de empresas estatales con potencial de venta y eliminar prácticamente el capítulo que incluía la reforma electoral, proponiendo, por ejemplo, la adopción de un sistema de circunscripción uninominal y la actualización de la cantidad de diputados nacionales. No obstante, el Gobierno conservó el artículo que permite el financiamiento privado de las campañas electorales.
Finalmente, se eliminó el artículo que ratificaba el mega DNU dentro de la ley Ómnibus, permitiendo que dicho decreto sea debatido en la comisión bicameral de Trámite Legislativo.
En términos generales, la oposición dialoguista recibió de manera positiva el cambio de actitud del Gobierno, que inicialmente se negaba a negociar y apostaba por la estrategia del "todo o nada". Sin embargo, temas como las retenciones, la movilidad jubilatoria y la delegación de facultades todavía generaban inquietudes.
Durante el fin de semana, los bloques continuaron analizando minuciosamente el borrador propuesto por el Gobierno. Posteriormente, los gobernadores expresaron su firmeza en varios puntos. Las retenciones seguían siendo el foco central de conflicto.
Tanto en la reunión por Zoom del lunes como en la presencial del martes, el ministro Guillermo Francos escuchó nuevas contrapropuestas de los mandatarios provinciales. La respuesta se dio ayer mismo por la tarde, unas horas antes del inicio del plenario de comisiones que se retrasó hasta las 21.
A pesar de no contar con los votos necesarios para su aprobación en el recinto, el oficialismo se negó a eliminar por completo las retenciones. Un alto funcionario cercano a Milei aseguró que "preferían perder" antes que ceder más en relación con las exportaciones industriales, los derivados de soja, el trigo y el maíz.
No obstante, accedieron a eliminar la asignación específica -capitalizar el Banco Central- de los fondos provenientes del blanqueo para que estos se coparticipen con las provincias. También se comprometieron a no eliminar el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (FFDP) y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR).
En cuanto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, los gobernadores propusieron que antes de traspasarlo al Tesoro Nacional, se salden las deudas con las cajas provinciales y se paguen los juicios por haberes ya finalizados.
Estas concesiones adicionales desbloquearon las negociaciones y consolidaron el respaldo del PRO. El bloque liderado por Cristian Ritondo confirmó que firmaría el dictamen con disidencias, centradas principalmente en jubilaciones y retenciones. El consenso fue menos extenso en el interbloque Hacemos Coalición Federal, que se dividió en dos.
"El Gobierno no se ha dejado ayudar por los bloques que están dispuestos a darle las herramientas para afrontar la situación económica", explicó el diputado Juan Manuel López. "Creemos que nuestra herramienta -dictamen- es más seria porque no tiene delegaciones legislativas. Nuestro partido nunca las votó, nació por no votarle delegaciones a Domingo Cavallo en 2001. Aunque acotadamente le vamos a ofrecer emergencias al Gobierno", detalló.
Antes de las 22, cuando ya estaba en curso el plenario, referentes de Hacemos Coalición Federal, como Nicolás Massot e Ignacio Garcia Aresca, y de Innovación Federal (el espacio que representa a gobernadores de Río Negro, Neuquén, Misiones y Salta), como Agustín Domingo y Carlos Fernández, trasladaron las negociaciones de la letra chica del despacho de Martín Menem, mientras diputados y asesores del radicalismo supervisaban que los acuerdos pactados quedaran reflejados adecuadamente en la redacción de los artículos.
Se anticipa una sesión de maratónica
El bloque oficialista reiterará su propósito de llevar a cabo la sesión este jueves. Según detallaron fuentes gubernamentales, se descarta, por el momento, la opción de dividir la sesión debido a las dificultades para asegurar el quórum en diferentes días, lo que implica que el debate se extenderá de manera prolongada.
La votación específica de cada artículo se convertirá en la prueba crucial para evaluar qué parte del proyecto original finalmente obtiene aprobación. La oposición inició solicitudes de extensión de tiempo, apuntando a que la presentación del proyecto en el recinto se postergue hasta la próxima semana, cuando todo esté "más organizado".
