Este miércoles 2 de octubre, una masiva Marcha Federal Universitaria recorrió las calles hacia el Congreso de la Nación, en defensa del financiamiento de las universidades públicas y en rechazo al veto anunciado por el presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada por el Congreso. Desde las 14 horas, estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, junto a gremios y movimientos sociales, se concentran para exigir la promulgación de la ley que garantizaría mayores recursos para las casas de estudio.
La manifestación tuvo su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, pero se replica en todo el país. En la capital, la marcha comenzó frente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en Plaza Houssay, desde donde columnas de manifestantes avanzan con carteles y consignas, destacando la importancia de una educación pública y de calidad.
Los pasacalles en Plaza Houssay, con mensajes como "Salarios dignos para docentes y no docentes" y "Defendamos la educación y la salud pública", reflejaron los principales reclamos de la jornada. En primera línea, una bandera negra con la frase "Se defiende, la UBA se defiende" marca el ritmo de la marcha hacia el Congreso. Bombos, redoblantes y el sonido de bombas de estruendo acompañan a las miles de personas que se movilizan.
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En paralelo, las universidades de todo el país se sumaron a la protesta. En Comodoro Rivadavia, Chubut, miles de estudiantes y docentes marcharon desde la Universidad Nacional de la Patagonia hacia la Plaza San Martín. La rectora Lidia Blanco, una de las oradoras en ese acto, enfatizó: “Es un error entender como casta a las universidades. En los países desarrollados se invierte mucho más porque saben que el crecimiento depende de una educación sólida”.
El Congreso: el escenario principal del reclamo
Frente al Congreso, en donde se realizó el acto de cierre, las columnas de manifestantes fueron recibidas por un fuerte operativo policial que blindó el Parlamento. Agrupaciones políticas y sindicales, como la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el Polo Obrero, se han sumado a la movilización, al igual que partidos como el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y Libres del Sur.
Figuras del ámbito político también marcharon junto a los manifestantes. Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, participó junto a otros dirigentes y manifiesta en sus redes sociales: "Hoy marcho en defensa de la educación pública de la que soy parte como alumna y profesora titular desde hace 52 años".
Sergio Massa también se sumó a la marcha y comentó brevemente: "La importancia de la marcha es acompañar a los chicos que defienden su futuro". Por otro lado, el senador Martín Lousteau, al frente de una columna del radicalismo, se manifestó contra el veto presidencial: “La educación no se veta”, mientras que Facundo Manes alerta que la decisión del Gobierno “ataca el ADN de la movilidad social argentina”.
La movilización se replicó en diversas ciudades del país, como Comodoro Rivadavia, donde miles de estudiantes y docentes se congregaron. La rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia, Lidia Blanco, fue una de las oradoras del acto local. “Es un error entender como casta a las universidades. En los países desarrollados invierten dos o tres veces más que Argentina en estas áreas, porque saben que el diferencial para crecer depende de cuánto mejor se hagan las cosas allí”, afirmó.
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Asimismo, la marcha contó con el apoyo de diversas organizaciones sociales y sindicales, como la CGT, que estuvo representada por Pablo Moyano y otras agrupaciones. La participación fue dispar entre los sindicatos, con algunos que movilizaron grandes columnas, mientras que otros tuvieron una participación más testimonial.
Los 10 puntos del documento leído en el cierre del acto
“La universidad pública, base de la democracia y el desarrollo social, lucha por su supervivencia” es el título del documento de tres páginas que se leyó en el cierre del acto central de la Marcha Federal Universitaria, en la Plaza del Congreso. La lectura estuvo a cargo de Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), quien ya había ocupado ese lugar en la movilización del pasado 23 de abril.
El documento está firmado por tres organizaciones que representan a los distintos actores del sistema universitario: la FUA (por los estudiantes), el Frente Sindical de Universidades Nacionales (por los docentes y no docentes) y el Consejo Interuniversitario Nacional (por los rectores). Estos son sus 10 puntos principales:
- Crisis del financiamiento universitario: El documento advierte que la reconducción del presupuesto de 2023 para el año 2024 ha dejado al sistema universitario en una situación crítica. Las partidas para gastos de funcionamiento están desactualizadas, las paritarias se han manejado de manera unilateral y sin voluntad de acuerdo, lo que ha generado una significativa pérdida del poder adquisitivo de los salarios. A esto se suma el desfinanciamiento del sistema científico, que afecta directamente su desarrollo. Más de 100 obras de infraestructura universitaria se encuentran paralizadas, y los programas de asistencia a los estudiantes se actualizaron tarde y mal, dejando a miles en situación de vulnerabilidad.
- Rechazo a la campaña de desprestigio: El documento denuncia que el sistema universitario y científico ha sido objeto de una campaña de desprestigio impulsada por el gobierno, con el fin de justificar el ajuste y la desjerarquización del sector. A pesar de los intentos por generar espacios de diálogo y encontrar soluciones a la crisis, las autoridades no han mostrado interés en atender los problemas que enfrenta el sistema universitario. Solo tras la movilización masiva de la sociedad argentina en defensa de la educación pública, el gobierno ha comenzado a dar algunas respuestas.
- Caída de los salarios: La situación salarial en las universidades públicas ha empeorado drásticamente. El documento destaca que un gran porcentaje de docentes y no docentes perciben salarios que están por debajo de la línea de pobreza, e incluso algunos por debajo de la indigencia. Esto no solo afecta a quienes trabajan en las universidades, sino que pone en peligro la continuidad de los servicios esenciales, la administración y el desarrollo académico, comprometiendo gravemente el funcionamiento general de las instituciones.
- Desmantelamiento del sistema científico: La crisis del sistema científico-tecnológico es profunda y, según el documento, será terminal si no se toman medidas urgentes. La falta de actualización salarial para los docentes-investigadores y la reducción del financiamiento para becas y programas de apoyo están afectando de manera grave al sistema. El 60% de la investigación científica en Argentina se realiza en universidades nacionales, y la disminución de los recursos afecta tanto a los jóvenes en formación como a equipos de investigación consolidados. La paralización de las obras de infraestructura y la falta de políticas de financiamiento para la adquisición de equipamiento agravan la situación.
- Deterioro de las condiciones de vida de los estudiantes: La crisis económica impacta de manera directa en los estudiantes, especialmente en aquellos de familias trabajadoras. Cada vez es más difícil para ellos acceder y permanecer en el sistema universitario. Las becas estudiantiles son insuficientes, y el recorte de estos programas solo profundiza la deserción estudiantil. El documento subraya que los estudiantes no solo enfrentan dificultades económicas, sino también el desafío de trabajar mientras cursan sus carreras, lo que pone en peligro sus estudios y limita su proyección profesional.
- Pedido al presidente Milei: que no vete la ley de financiamiento: El documento hace un llamado urgente al presidente Javier Milei para que no vete la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada por el Congreso. Esta ley, señalan, establece un marco de previsibilidad presupuestaria para las universidades y permite recuperar el poder adquisitivo de los salarios sin comprometer significativamente las finanzas del Estado, ya que solo requiere el 0,14% del PBI para su implementación.
- Advertencia sobre el presupuesto educativo para 2025: El documento advierte que el proyecto de presupuesto para 2025, tal como está propuesto, profundizará la crisis actual. Apenas la mitad de los recursos mínimos solicitados para el funcionamiento de las universidades fueron contemplados en el proyecto, sin prever la inflación acumulada de 2024. Si no se modifica, aseguran, la situación será mucho más grave y estará en riesgo la continuidad del sistema universitario y científico.
- El rol estratégico de las universidades nacionales: Se destaca que las universidades no son parte del problema, sino parte de la solución a los desafíos estructurales del país. El documento subraya que la inversión en educación y ciencia es clave para el desarrollo de la nación. Mientras los países desarrollados invierten hasta tres veces más que Argentina en estas áreas, el Estado argentino continúa reduciendo su inversión, lo que compromete el crecimiento a largo plazo.
- Agradecimiento a la sociedad por el apoyo: Las organizaciones firmantes del documento expresan su profundo agradecimiento a la sociedad argentina por su apoyo constante a la universidad pública. Recordaron los momentos históricos en los que la sociedad se movilizó en defensa de la educación, como en 1884 con la Ley 1420, en 1918 con la Reforma Universitaria, y en 1949 con la implementación de la gratuidad universitaria, que permitió el acceso de las clases trabajadoras a la educación superior.
- El valor de la educación pública: El documento concluye con una declaración sobre la importancia de la universidad pública como un pilar de la movilidad social y la igualdad. Señala que la educación pública es la columna vertebral de la Nación y que debe ser defendida para garantizar el futuro del país. Las universidades públicas son una herramienta esencial para el desarrollo de los jóvenes y del país, y el desfinanciamiento amenaza con despojar a las nuevas generaciones de sus oportunidades de progreso.
Tensiones con el Gobierno y declaraciones oficiales
Mientras la marcha se desarrollaba, desde el oficialismo también llegaron declaraciones. La vicepresidenta Victoria Villarruel, a través de redes sociales, criticó algunos aspectos del sistema universitario, en especial a la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo. "Siempre mi apoyo a la universidad pública y de calidad, pero sin los parásitos que hacen negocios con ella", señala, en referencia al bajo número de egresados de esta institución en comparación con los fondos que recibe.
Por su parte, el Ministerio de Justicia compartió datos sobre el financiamiento de la Universidad de Madres, afirmando que entre 2020 y 2023 recibió $1.500 millones de pesos, con solo 16 graduados en ese período.
En el centro de las demandas de la marcha está la exigencia de que se garantice un financiamiento adecuado y sustentable para el sistema universitario. Sandra Torlucci, rectora de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), expresó la preocupación de las autoridades universitarias. “La Ley de Financiamiento venía a resolver la crisis de este año y el veto amenaza esa posibilidad de solución”, señaló. Además, resaltó la importancia de que el presupuesto del próximo año sea suficiente para el funcionamiento correcto de las universidades.
La marcha culminó con el himno nacional y discursos de los líderes universitarios que hicieron un llamado a continuar la defensa de la educación pública. "La universidad no es el problema, es parte de la solución", fue uno de los lemas principales de la jornada, que subrayó la importancia de invertir en el futuro del país a través de la educación.