Mariano Borinsky: "La sociedad argentina necesita un nuevo Código Penal"

Tuvo un trabajo muy importante en la comisión redactora del proyecto de Código y quería saber cuál ha sido su balance...

Un balance muy positivo. Una comisión integrada por diez jueces, juezas, abogados, abogadas. Trabajamos a lo largo de un año. La comisión le pasó el peine fino a mil leyes especiales que hubo en los últimos 100 años en la Argentina, más las convenciones internacionales, más la nueva criminalidad. Todo eso fue incorporado en el nuevo Código Penal, que pasó de 320 a 912 artículos, condensado todo en un solo libro. El balance fue positivo porque el trabajo se terminó, se elevó al Ministerio de Justicia, que era quien nos había convocado, que trabajó con el Ministerio de Seguridad. Lo elevaron a Legal y Técnica, a Presidencia de la Nación y el Presidente de la Nación lo acaba de enviar al Congreso de la Nación para su tratamiento y consideración.

Imagino que el trabajo de la Comisión fue uno y después, bueno, al haber ampliado la convocatoria a Justicia y a Seguridad, el producto fue distinto. ¿Quedaron conformes con la versión final de la iniciativa?

Sí, absolutamente. El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad, como organismos políticos del Gobierno, le han hecho sus incorporaciones. No fueron tantas las modificaciones. Te podría decir que proporcionalmente fueron menores en función del cúmulo total. Les dieron orden en algunos aspectos puntuales, mejoraron tal vez la técnica legislativa, pero no hubo un cambio de sustancia trascendental. Por eso me parece que el producto final termina siendo muy bueno porque termina combinando lo que la comisión técnica más el órgano político de gobierno. El saldo es favorable.

¿Cuáles son los principales conceptos o los principales cambios que se introducen en esta iniciativa?

En primer término debería decirte la nueva criminalidad. Delitos que hace 100 años no existían, no estaban previstos en la legislación penal, tales como el cibercrimen, los delitos de lesa humanidad —que si bien estaban en convenciones internacionales no estaban tipificados específicamente en el Código Penal—, el delito de genocidio, los delitos sexuales, la pornovenganza —esa violación a la intimidad con extorsión—, modalidades que tienen que ver con los delitos contra la propiedad, viuda negra, estafa piramidal, motovehículo como medio para cometer delitos contra la propiedad, entraderas y salideras bancarias, decomiso desde el comienzo mismo del proceso penal en los delitos contra la administración pública… Delitos económicos como los delitos cambiarios o delitos que ponen en jaque la estabilidad económica, monetaria y fiscal de un país. Son todos delitos nuevos que se incorporan en el Código Penal. Te puedo decir que ese es un aspecto central, novedoso, del proyecto Nuevo Código Penal.

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¿Cuál considera que es el valor agregado que tiene este proyecto, más allá de la incorporación de estos delitos nuevos?

Además de la incorporación de delitos nuevos, aparecen miradas que en la legislación de 1991 no existían. La perspectiva de género; la consideración particular cuando la víctima es mayor de edad; las miradas vinculadas a los delitos contra la administración pública o al narcotráfico, que son delitos gravísimos. En la Argentina hubo dos atentados y no había una tipificación específica. También se suma la mirada relacionada con la discriminación y el odio, que se incorporan como nuevos delitos. O la que atiende a la libertad de expresión de los periodistas, cuando el derecho a la información debe estar por encima de todo, especialmente tratándose de asuntos de interés público. Estas miradas no existían en 1991. Entonces, te complemento: nueva criminalidad y nuevas miradas.

El Gobierno presentó este proyecto desde un enfoque de tolerancia cero. ¿Considera que es demasiado punitivo?

Se incorporan nuevos delitos con penas fuertes e importantes. Desde ese lugar, vos podrías decir: sí, se incorporan los delitos de lesa humanidad; se incorpora el financiamiento de quien pretende cometer un atentado -delitos con pena de cumplimiento efectivo-; se incorpora la organización del narcotráfico con sicariato que mata gente, también con pena de cumplimiento efectivo. Entonces, puedo decirte que se incorporan nuevos delitos con pena de cumplimiento efectivo. Podrías llamarlo mayor punitivismo, pero en realidad responde a la nueva criminalidad.

Después, en otros ámbitos -como la seguridad o la inseguridad- lo que se busca es el cumplimiento efectivo de la ley penal. Es decir, en estos casos particulares no se permiten salidas anticipadas: debe cumplirse íntegramente la pena. Eso tampoco implica mayor punitivismo; se está determinando que, por la gravedad de estas conductas, haya un cumplimiento efectivo de la ley penal. Pero también se valoran las soluciones alternativas de conflictos, porque el objetivo del nuevo proceso penal es apuntar a la paz social. Y así lo valoró puntualmente el sumo pontífice, el Papa Francisco, cuando tuve el encuentro con él el año pasado. Él le dio la bendición a este Código Penal y destacó precisamente que contempla todos los aspectos, no sólo la aplicación de la ley penal, sino también ese otro objetivo del proceso penal, que es buscar la paz social.

Hubo, si se quiere, un poco de malestar cuando se dio a conocer que el proyecto ya estaba terminado, en torno a cuál había sido la participación de la comisión redactora y cuál había sido el trabajo del Ministerio de Justicia. ¿Eso se pudo hablar? ¿Lo percibió?

Hubo un diálogo permanente. A mí ya me había pasado, porque integré otra comisión durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri. Esta es la segunda comisión en la que participo. No me gusta hablar en primera persona, porque más allá de que me haya tocado ser Presidente en la anterior o Vicepresidente en la actual, formo parte de un equipo, no sólo por los integrantes sino también por los asesores. En ambos casos, el trabajo de la comisión es un trabajo técnico-jurídico. Luego viene un trabajo de naturaleza política. Y ese trabajo político, que proviene de los ministerios, también lo viví en la gestión anterior. Allí ocurría lo mismo: la parte política hacía sus agregados, porque es el Gobierno quien convoca a la comisión y quien, en definitiva, decide qué incorporar.

Así que pudo haber intercambios sobre esos agregados: opiniones, planteos de “nos parece que esto debe incluirse” o “a nosotros no nos parece”. Pero me parece lógico y natural. El Gobierno convoca a una comisión técnica, la comisión técnica hace su dictamen y el Gobierno considera que hay aspectos que quiere sumar o modificar. Es razonable que se generen intercambios, porque no siempre todos vamos a estar de acuerdo: tal vez la parte política ve un aspecto que la parte técnico-jurídica no observa del mismo modo, y eso puede derivar incluso en discusiones jurídicas entre los ministerios y la comisión. Pero lo vivo como algo natural y propio de un marco democrático. Me pasó en ambas experiencias: integré la Comisión 18 y la 19, y en las dos ocurrieron situaciones de características similares.

Mencionó la experiencia anterior, finalmente no se pudo concretar la aprobación de ese Código. ¿Este correrá la misma suerte o considerá que tiene por ahí como un apoyo más global, más generalizado, que puede terminar como con una sanción del Congreso?

Le tengo fe al nuevo Código pero no una cuestión de voluntarismo o de creencias. Pienso que la sociedad argentina necesita un nuevo Código Penal. Creo que el ala política tomó nota: hoy esa ala política es el Congreso de la Nación. El Presidente ya lo aprobó y lo envió; es decir, el Poder Ejecutivo Nacional ya cumplió su papel. Ahora es el turno de la política. Es la necesidad de la sociedad. Hay un concepto clave, que es la necesidad de la inserción de la Argentina en el mundo. Eso se vio claramente el año pasado, cuando organismos internacionales como el GAFI o la OCDE pusieron la mirada sobre el país.

Y no es lo mismo estar en la A o en la B -llámese lista gris-, porque ahí te bajan el pulgar con el crédito internacional, con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Si queremos insertarnos en el primer mundo, tenemos que tener códigos de primer mundo. Primera cuestión. Segunda cuestión: la seguridad o la inseguridad. No hay mayor punitivismo, pero sí una aplicación efectiva de la ley penal en casos graves. Y también el seguimiento socio-judicial post-conducta para los agresores sexuales, que muchas veces regresan al mismo lugar donde cometieron el delito sin tener en cuenta la mirada de la víctima. Ese es otro cambio de paradigma. Tomamos nota de ese aspecto: la sociedad tomó nota. Hubo muchos hechos que demostraron la necesidad de mayor previsibilidad. Para generar confianza y para que mejore un país, se necesita justamente eso: confianza. Y la confianza también se genera con normas que deberán aplicar los jueces en los casos concretos. Esa confianza es la que a mí me genera una motivación especial para decir: esto es muy necesario.

¿El trabajo de ustedes ya terminó o la idea es ir planteando la necesidad de aprobar este código en todo el país?

Esto último que bien estás destacando me parece trascendente. Hace dos semanas estuvimos en Posadas y ya estamos en conversaciones para ir a Córdoba. Este es un Código Penal federal y nacional. Ahora viene la parte de marketing y comunicación; por eso estamos dando todas estas charlas, aquí, en universidades, en las provincias. Cada provincia tiene su particularidad. Y también estamos a disposición para cuando nos convoque el Congreso de la Nación, para hacer las exposiciones, responder todas las preguntas y, seguramente, acompañar los cambios que se vayan a introducir. Pero, como se trata de un código necesario -y eso no significa que no pueda tener ajustes-, me parece totalmente útil y pertinente no sólo presentarlo en todo el país, sino también que el Congreso nos convoque para dar todas las explicaciones. Son 912 artículos. Es mucha tela. El Código Penal es la ley de las leyes. Bueno: cambiamos, sacamos, incorporamos… ¿por qué hicimos esto? Y las discusiones, muchas veces, fueron discusiones de horas por cada artículo. Discutimos este artículo, discutimos aquel… Todas esas discusiones, enhorabuena, abarcaron temas como el aborto, la tenencia de estupefacientes para consumo personal… Son muchos los temas que trata el Código, y estaremos a disposición para cualquier pregunta que nos quieran hacer.

Hay una preocupación cuando se habla de cumplimiento efectivo de las penas y es si el sistema carcelario argentino está preparado para tener más presos. ¿Evaluaron el tema?

Te hago un comentario sobre lo que estás diciendo respecto de que el sistema va a tener más presos. Yo no sé si necesariamente eso va a ser así, por distintas circunstancias. Hoy tenés entre 130.000 y 140.000 personas privadas de su libertad en el ámbito nacional, y la mitad está con prisión preventiva, es decir, sin una condena. Eso va a cambiar muchísimo, porque el nuevo Código Procesal, complementario al Código Penal, acorta los plazos procesales y establece pautas de investigación y de juicio mucho más breves, con audiencias orales. Esa es una de las grandes virtudes del nuevo sistema acusatorio. Con lo cual, vas a achicar enormemente esa brecha de personas privadas de su libertad sin condena firme. Eso va a cambiar muchísimo.

Segundo punto: también va a cambiar el perfil de las personas que puedan estar privadas de su libertad, porque se incorpora un conjunto de nuevos delitos que pueden determinar prisión. Pero, al mismo tiempo, el sistema prevé soluciones alternativas a la cárcel, con ese objetivo del que tanto hablamos cuando tuvimos aquella charla privada con el Papa Francisco: lograr la paz social. Y esas soluciones alternativas significan que no todo va a pasar por el derecho penal. El derecho penal va a buscar una salida alternativa al conflicto mediante un acuerdo con el titular de la acción penal -el fiscal-, que además va a ganar un espacio relevante. Aquí gana el fiscal, que defiende los intereses de la sociedad; gana la víctima, que deja de ser un convidado de piedra para ser escuchada plenamente y con posibilidad de formular propuestas. En definitiva, esto no significa necesariamente que vaya a haber más personas privadas de su libertad.

Otro tema que ganó mucho espacio en los medios son las falsas denuncias, que es algo que se incorpora en este proyecto. ¿La idea es que sirva de disuasión para que no se efectúen?

Es muy interesante el punto que planteás, porque hay que ser muy cuidadoso con el concepto de falsa denuncia. La falsa denuncia es un delito doloso; es decir, hay que demostrar que la persona hizo la denuncia a sabiendas de su falsedad. La prueba clave es esa: que haya habido intención, que haya sido pergeñada o maquinada. No estamos hablando de alguien que hizo una denuncia y después no pudo probarla. Ahí no estamos ante una falsa denuncia. ¿Y por qué digo esto? Porque el objetivo no es desalentar a quienes necesiten denunciar delitos difíciles, duros, complejos, como los vinculados a abusos sexuales, entre otros. El objetivo de la figura de la falsa denuncia es fijar un estándar. Ese estándar es: hiciste una denuncia sabiendo que era falsa para causar un perjuicio en un ámbito familiar o en cualquier otro. Bueno, eso tiene una consecuencia jurídica. Pero bajo ningún punto de vista se busca impedir que las personas denuncien cuando deben hacerlo ni que las víctimas sean oídas. En ese punto, te insisto: el objetivo no es desalentar, sino poner un límite a esa industria de la falsa denuncia.

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También mencionó el decomiso y es un tema muy complejo. ¿Cómo está planteado en la iniciativa?

El tema del decomiso está vinculado directamente con el artículo 4º de la Constitución. Todo lo que ingresa al Estado Nacional -en términos de tributos, por darte un ejemplo- es para cumplir con las funciones básicas del Estado: seguridad, salud, educación y justicia. Por eso es tan importante el instituto del decomiso. Hoy, el decomiso, según cómo están armados los códigos penales y civiles, se determina al final del proceso, por cuestiones como la prejudicialidad penal, entre otras. Pero el decomiso tiene una naturaleza indemnizatoria, civil. Bueno, acá se invierte ese concepto: el decomiso puede ubicarse al comienzo del proceso penal, cuando todavía tenés de dónde tomar.

Es como esa escena de Jerry Maguire en la que Cuba Gooding Jr. le repetía a Tom Cruise: “Show me the money”. Es decir: mostrame el dinero. Ese dinero es el que tiene que volver al Estado. ¿Y de dónde surge esto? Del principio constitucional del derecho de propiedad del artículo 17, que es el que suele cuestionarse frente a este tipo de medidas. Ahora bien: no existe un derecho constitucional de propiedad sobre bienes ilícitamente obtenidos. Por eso, esos bienes no quedan protegidos por el derecho constitucional de propiedad. El argumento de “no me podés decomisar porque tengo derecho de propiedad” no aplica cuando se trata de bienes de origen ilícito. Existe una vía autónoma e independiente para avanzar con el decomiso. Esto sucede en los países del primer mundo; sucede en Estados Unidos. Y después, claro, habrá una “letra chica” de excepción para los casos en que una persona eventualmente resulte absuelta en un proceso penal y pueda solicitar la devolución. Sí, por supuesto. Pero esos casos serán los menos, no los más. Y en la gran mayoría, el Estado Nacional va a recuperar mucho.

También es muy importante es el avance tecnológico y cómo eso implica nuevos delitos y ciberdelitos y demás. Sé que es un tema que trabajaron muchísimo. ¿Cómo quedó plasmado?

Gracias por la pregunta, porque esto quedó específicamente en un nuevo título de la parte especial: el de los delitos informáticos. Y ahí está todo. Los atentados cometidos a través de medios informáticos, el daño informático, el fraude informático, el acceso ilegítimo, el porno venganza -temas que incluso han sido abordados en series de Netflix-, las estafas piramidales, los delitos cometidos mediante inteligencia artificial. Todas esas novedades tecnológicas se incorporan de manera específica en el nuevo Código Penal.

Saliendo del Código Penal en sí mismo, el Gobierno ha planteado la necesidad de modificar la edad de imputabilidad. ¿Lo estuvieron discutiendo?

Eso forma parte de otro código, que es el Código Penal Juvenil, que tiene casi 90 artículos. El tema de la baja de la imputabilidad, que se lleva toda la atención, es apenas un artículo: el que baja la edad de 16 a 15 años. Y esa baja va en línea con la madurez que han adoptado los chicos en otros ámbitos -no penales-, como la posibilidad de manejar un auto o de votar. Esa madurez no es solo un fenómeno argentino, sino continental: en toda la región se ha avanzado en la misma dirección. Y de la mano de esos nuevos derechos que adoptan los chicos, aparece también, obviamente, la capacidad para delinquir.

Si pueden hacer esto, también pueden hacer esto otro. Pero no quiero quedarme solo en el tema de la edad, porque este Código Penal Juvenil -que tiene casi 90 artículos y viene a reemplazar el código de la dictadura que hoy sigue vigente en la Argentina- establece nuevas políticas de Estado. Define qué hacemos con los chicos, qué tipo de educación se les ofrece, cómo el Estado se hace cargo de esas situaciones. Qué políticas asistenciales, psicológicas, deportivas, de contención familiar se implementan. Cómo el Estado va a asumir su responsabilidad a través de políticas públicas. Qué se hará con los chicos que cometieron delitos. Y de eso habla el Código Penal Juvenil. De esos casi 90 artículos, uno solo refiere a la baja de edad. Por eso me parece importante destacar que esta modificación -que no es el Código Penal, sino un código paralelo- no se limita a la edad; también incorpora políticas de Estado que, para mí, son igual o incluso más importantes que el tema de la imputabilidad.

Aprovecho que lo mencionó durante la charla, el sistema acusatorio ya se implementó en el 65 % del país, ¿va a seguir avanzando? ¿Va a llegar finalmente a Comodoro Py?

El Código Procesal Federal Acusatorio es una necesidad por distintas razones. Porque agiliza el sistema, porque escucha a la víctima, porque evita la burocratización de un servicio de justicia que la sociedad hoy percibe como difícil e inaccesible. Porque equilibra la distribución del poder entre jueces y fiscales, empoderando a estos últimos, que son quienes representan los intereses de la sociedad. Es decir, tiene múltiples virtudes. Ya está aprobado y ya funciona en otras partes del mundo y también en varias provincias de la Argentina. Como bien destacás, se aplica en el 65% del país. Pero es cierto que para que funcione en los tramos que faltan -Buenos Aires, La Plata, San Martín, Córdoba, que son jurisdicciones clave- se necesita presupuesto. Se necesita mejorar las dotaciones de personal del Ministerio Público Fiscal, incorporar tecnología, compatibilizar todos los sistemas, invertir en infraestructura. Muchas fiscalías, incluso en este edificio, están en espacios prestados por el Poder Judicial. Y como bien sabés, de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución, el Ministerio Público es un órgano autónomo e independiente.

Entonces, el Ministerio necesita cubrir vacantes, algo que depende del poder político. Hoy tiene casi un 40% de vacantes. ¿Cómo van a estar empoderados los fiscales si prácticamente trabajan a mitad de su capacidad? Un fiscal termina cumpliendo tareas dobles; se le duplica la carga laboral y este nuevo sistema, por sí mismo, también le agrega más trabajo. Por eso es indispensable cubrir vacantes, sumar personal, ofrecer capacitación, brindar asistencia de las fuerzas de seguridad -capacitadas al máximo nivel- que serán auxiliares del Ministerio Público, mejorar infraestructura, invertir en tecnología. Yo creo que el Código es necesario. Pero también es necesario cumplir con todos estos parámetros para que las cosas se hagan y se hagan bien. ¿Vos me preguntás si considero que esta postergación será la última? A ver, yo no formo parte del ala política. Lo que entiendo es que la postergación respondió a que no se cumplían todos estos requisitos indispensables que venimos mencionando. Imagino que habrá un plan de acción por parte de las autoridades políticas: presupuesto, infraestructura, tecnología, personal, cobertura de vacantes. Sin ese plan de acción, es imposible llegar a buen puerto en la fecha prevista.

Vacantes. También lo tiene que tratar el Congreso. ¿Cómo evalúa cómo se ha avanzado en la propuesta, en los concursos y demás? ¿Considera que se va a ir resolviendo?

Debería, debería, porque -como estamos destacando- hay un 40% de vacantes en el Ministerio Público Fiscal y un 30% en el Poder Judicial. Las máximas autoridades, la Corte Suprema y la Procuración General de la Nación, también tienen vacantes. Es decir, hay muchísimas vacantes en la justicia federal y nacional, y su cobertura es fundamental para poder trabajar a ocupación plena. Necesitamos los códigos, los instrumentos, los cimientos. Pero después necesitamos que alguien los aplique. Y si no tenemos jueces, es imposible. Hoy esto depende del poder político. Sabemos que entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación hay casi 300 pliegos pendientes. Es fundamental que se cubran; no depende del Poder Judicial, depende de los otros poderes del Estado. El Consejo de la Magistratura, entiendo, está llevando adelante su tarea y está cumpliendo con las ternas. El problema es que, a nivel país, estamos en un cuello de botella en ese pase entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Es indispensable que se cumpla con la cobertura de vacantes.

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¿Esta alta cantidad de vacantes perjudica cómo la justicia es percibida por la sociedad?

Imaginate que vos, como periodista, tenés que cubrir tu tarea diaria en el medio para el cual trabajás, y después te dicen que además tenés que trabajar para el medio vecino. Y un día te agregan que también tenés que trabajar para un tercer medio. Llega un momento en el que vos, como periodista -que sos excelente-, vas a empezar a mermar en tu eficiencia. Vas a ser menos eficiente porque vas a tener que trabajar más horas; te vas a cansar, a fatigar. Aun teniendo las cosas claras, cuando uno multiplica su trabajo, hay un punto en el que ya no puede hacerlo de la misma manera y termina perdiendo eficiencia. Este trabajo implica muchísima concentración. Tenés que escuchar a todas las partes, estar en las audiencias. Después, tenés que pensar mucho para tomar las decisiones adecuadas. Tenés que leer, trabajar y reflexionar. ¿Cómo hacés si tenés que multiplicar por dos o por tres tu tarea? En ese punto es donde te digo que la cobertura de vacantes es fundamental. Si no, para mí baja la eficiencia, y eso lo percibe automáticamente la sociedad. La sociedad es la usuaria del sistema de administración de justicia. Es la sociedad la que te pide eficiencia; te pide eficacia, es decir, que lo hagas bien y en el menor tiempo posible. Yo creo que esos valores se deterioran cuando no hay suficiente cobertura de cargos, y la sociedad lo percibe de manera inmediata.

Es una persona muy comprometida con su comunidad. Eso le ha generado algunas amenazas particulares ¿Cómo lo llevá?

Gracias por la pregunta. Sí, es cierto. Y hace poco, como bien destacaron en el medio, fui designado Comisionado para la Diplomacia Judicial. Tengo actividad permanente en el templo, en el club los fines de semana, mi mujer, mis chicos. Yo lo llevo bien desde el lugar de mi función de magistrado. El día que juré, hace ya casi 14 años, me imaginé -y después lo fui verificando- que había un montón de consecuencias adversas propias de esta función.

Lo que a veces es un poco más difícil es la familia. Por ejemplo, en una de las últimas amenazas que tuve, yo no suelo mirar TikTok o Instagram. La vio mi hija de 16 años. Y me dijo: “Mirá, papá, lo que están diciendo de vos… que por haber dictado tal fallo te van a colgar en la plaza pública”. Mi hija estaba espantada. Ella me lo contó y, a partir de eso, lo vi y fui a hacer la denuncia. Por suerte, en ese caso hubo hace muy poco una audiencia de conciliación porque apareció la persona que había hecho la amenaza. Me pidió disculpas, ofreció hacer una tarea comunitaria, asistir a cursos, hacer una donación, y se lo acepté.

Pero bueno, a veces no se da esta situación. Y, como en el caso de mi hija, lo que más impacta es cuando atraviesa a la familia. Uno, como juez, está un poco más curtido después de tantos años y sabe que, a veces, vienen chubascos producto de la tarea que uno lleva adelante. Pero cuando toca a los hijos, es distinto.

¿Y qué implica esta designación?

Es una alegría, es un orgullo; lo siento en el alma y me parece algo genial, porque implica una interacción permanente con distintas personalidades vinculadas a la justicia y alrededor de temas que son realmente importantes. Tan importantes como que la designación la hizo el Congreso Judío Latinoamericano en el marco del Congreso Judío Mundial, y además fue una elección entre 80 países que me propusieron. Así que, la verdad, esta asignación es un gran honor.

En la cena de la Asociación de Magistrados, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, dijo que él está seguro que cuando pasen varios años se va a valorar mucho el trabajo que se hizo en la actualidad, con todo lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Que va a pasar lo que en este momento por ahí está pasando con el juicio de las juntas, que 40 años después uno toma como verdadera dimensión de lo que implicó. ¿Está de acuerdo?

Sí, tomé nota de esa mención. En mi caso particular, en estos 14 años firmé unas 23.000 sentencias y, cuando era fiscal, habré intervenido en alrededor de 5.000 juicios. Muchos de esos casos tienen que ver con delitos contra la administración pública y narcotráfico, entre otros. La verdad es que, por prudencia y por humildad, no voy a analizar si mis sentencias quedarán en la historia o no. Es mi trabajo, es mi función. Me parece bien el comentario que hizo, pero desde mi lugar no me gusta autoproclamar que mis fallos van a dejar un legado. No lo sé, sinceramente. No me atrevería a decirlo. Si lo dice el presidente de la Corte, está muy bien, y lo dice en referencia a todo el Poder Judicial. Me parece correcto su comentario, pero en mi caso particular prefiero no analizar mis propias sentencias. Hacer un comentario así sería casi como tirarme flores: “mirá qué buenas que son mis sentencias”. No sé… eso que lo opinen los demás.

Sin ir al caso puntual, uno puede decir que puso un granito de arena…

No tengo ninguna duda de que muchas de esas sentencias que mencioné están vinculadas con hechos de corrupción o de narcotráfico, entre otros. Y sí, incluso me han valido de todo: acosos, denuncias. Me ha pasado de todo. Así que sí: que le puse el pecho, le puse el pecho. Eso no tengo ninguna duda.

¿En algún momento se arrepiente cuando pasan estas cosas, esta cuestión de amenazas o demás, de este camino que emprendió hace tantos años?

No, me encanta. Mi trabajo de juez me encanta. Trato de hacerlo de la mejor forma posible. Nunca bajo los brazos: me capacito, me formo, no me quedo en el lugar en el que estoy. Estoy en una actualización y evolución constante, justamente para estar a la altura de todos los casos y, muchas veces, de la importancia que esos casos tienen. Me apasiona mucho; me encanta ser juez.

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¿Y por qué tantos libros? Uno de los comentarios suele ser: “Borinsky presenta otro libro”. Imagino que ya hay uno en carpeta.

Sí. El año que viene, en marzo, se va a presentar el nuevo libro, que se llama Las nuevas leyes del poder, que tiene que ver con justicia y con medios. Porque en mi función jurisdiccional advierto distintas facetas. Una es la administración de justicia, que son los casos. Pero me parece que un complemento excelente es la faceta académica: la publicación y la investigación. La parte académica -también doy clases- me permite actualizarme permanentemente y tener un ida y vuelta hablando de derecho penal, que es lo que a mí me gusta. Y la investigación es una forma distinta de dejar plasmadas ideas que a veces en un caso no podés expresar, porque estás acotado por lo que plantean las partes. Hay cuestiones que no tienen tanto que ver con la solución concreta de un caso, sino con la búsqueda de conocimiento, que te lleva a una investigación con otro alcance. Ahí es donde decimos: investiguemos, plasmemos lo trabajado, hagamos una conclusión final con un libro, con una publicación, y además trabajemos con equipos que generan discusiones académicas muy valiosas. Por eso me parece que la función de juez, la tarea académica y la investigación-publicación son complementos ideales. También tiene que ver con la difusión y con la conexión con la sociedad. Hay que comunicar y difundir lo que uno hace, y hay que conectarse con la sociedad; la publicación es una buena forma de generar ese vínculo.

Recientemente, recibió un Premio Quorum. ¿Por qué fue distinguido en la categoría innovación en la gestión judicial?

Se trata de un reconocimiento que recibió la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal, que presido. La Sala Cuarta certificó normas ISO 9001. No es algo habitual para tribunales. Si yo te digo ISO 9001, a vos te suena a empresa, a corporación: ¿qué tiene que ver eso con el Poder Judicial? Bueno, a mí me gustó el desafío; me gustan los desafíos. Y ahí consideramos que la Sala IV, además de cumplir los tiempos -porque los tiempos los cumplen todos… o algunos no tanto- debía proponerse tiempos más breves. Queríamos incorporar mecanismos empresariales de fijación de metas, fijación de objetivos y cumplimiento. Detectar problemas y plasmarlos por escrito. Todo ese circuito propio de las normas ISO 9000 lo fuimos adaptando y mejorando con distintas técnicas y con tecnología. Ese proceso fue el que generó que nos otorgaran este premio a la innovación judicial.

¿Qué significa ser juez en la Argentina?

Algo dificilísimo. Lo converso mucho con mis amigos de toda la vida: ninguno es juez, todos se dedican a otras cosas, y me dicen “estás loco”. Me dicen: “vos sos juez; sería mucho más fácil comprar, vender… si me va bien, me va bien; si me va mal, me va mal; gano un negocio, pierdo otro. Pero lo tuyo no: vos estás loco, te metés en esto”. Así que tomo conciencia permanentemente. Me lo dice mi esposa todos los días -estamos casados hace 27 años- y también me lo dicen mis hijos. Es una tarea dificilísima. Creo que, si uno pone en una balanza el nivel de estrés, incluso mitigándolo con terapia -que para mí es fundamental-, ser juez pica en punta. Ser juez es una carga muy fuerte que uno tiene que canalizar jurídicamente en cada caso, porque cargás con las angustias y los conflictos ajenos. Es una tarea muy difícil, y más en Argentina, en un país latinoamericano donde la justicia ha sido muy criticada por no haber actuado bien en ciertos momentos.

Entonces eso te agrega una cuota extra: la sensación de que no te podés equivocar. Además, el juez no se puede equivocar. Podés dictar 23.000 sentencias: si en la número 23.001 te equivocaste, alpiste. No te podés equivocar en un caso. Vos, como periodista, podés decir: “me salió mal esta nota, la ajusto la próxima”. Acá no: bajaste el martillo… tarde. Entonces vivís con esa sensación permanente de tener los ojos muy abiertos. Es una tarea muy difícil. Pero la satisfacción es enorme. Poder contribuir a la justicia de tu país a través de las sentencias y del trabajo y la dedicación que le ponés es una recompensa inmensa. Te diría que significa un trabajo dificilísimo, permanente, full life. Estás todo el día, no hay vacaciones -aunque exista la feria-, siempre estás pensando qué solución dar. Y, al mismo tiempo, lo vivo con mucha gratitud por el enorme desafío y el honor que implica ser juez en la Argentina.

¿Estamos seleccionando bien a nuestros futuros jueces?

Creo que el Consejo de la Magistratura está haciendo un buen trabajo, porque a través de los exámenes -lo veo con mis secretarios, muchos de los cuales se presentan- realizan una verdadera tarea de selección y de puesta a punto. Después define la parte política. Pero creo que, al final del camino, es bueno que haya exámenes, propuestas y evaluaciones. En ese sentido, me parece que estamos haciendo bien las cosas. Tenemos una brecha enorme de vacantes y quiero ver que esos 300 pliegos salgan. Pero, de lo que conozco, de quienes hemos sido nombrados en el marco de este nuevo proceso constitucional, puedo decir que el producto final -la persona que termina siendo designada- en la generalidad de los casos resulta algo positivo.

Por último, ¿qué les diría a nuestros legisladores para convencerlos de que hay que aprobar un nuevo Código Penal?

El Código Penal refleja los intereses fundamentales de la sociedad argentina. Si queremos estar insertos en el primer mundo, si queremos previsibilidad y confianza en nuestra sociedad, es fundamental que, después de 100 años de vigencia, aprueben este nuevo Código Penal. Porque marca el termómetro y los valores de la Argentina actual. Y no lo digo yo, que trabajé en el Código Penal: lo pide la sociedad argentina.