El presidente Javier Milei encabezará este domingo el acto central de la exposición agropecuaria en La Rural y, según fuentes de la Casa Rosada, brindará dará un discurso de tono conciliador, pero no hará anuncios concretos para el campo que esperan una devaluación y una baja de las retenciones. Para eso habrá que esperar, dicen las mismas fuentes gubernamentales.
Ante la dirigencia del agro, ratificará que el Gobierno no se correrá del rumbo que trazó su ministro de Economía, Toto Caputo, y hará una defensa del rumbo económico, además de reencontrarse con su vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien no se encuentra desde hace días tras la controversia por Francia y la Selección nacional de fútbol a la que se acusó de discriminación.
Desde el Gobierno aseguran que Milei, por ahora, no hará concesiones a los pedidos de los agroexportadores, que desde hace meses piden una nueva devaluación del peso y una baja de las retenciones para liquidar sus cosechas.
Pasados ya los meses de la cosecha gruesa, los productores no pudieron liquidar los volúmenes esperados y las expectativas puestas sobre el campo podrían verse reducidas aún más, luego de que la soja tocara ayer mínimos en cuatro años, rompiendo la barrera de los USD 400.
Se esperaba que fuera uno de los motores de la recuperación económica, luego de haber sido el año pasado la causa de gran parte de los desarreglos macroeconómicos, por una sequía sin precedentes.
El ministro de Economía, Luis Caputo, que visitó el predio de Palermo este martes para reunirse con los máximos representantes del campo, pidió en persona "paciencia" y comprensión sobre la necesidad de "priorizar el superávit fiscal" por sobre los históricos pedidos del campo sobre la presión impositiva, el acceso a los dólares y el tipo de campo oficial.
Las principales preocupaciones del sector agropecuario
La brecha entre el dólar oficial y el paralelo es la principal molestia para las entidades rurales, que están obligadas por ley a liquidar a un tipo de cambio oficial que, afirman, perdió competitividad en el último tiempo. De ceder ante estas presiones, la administración de Milei debería llevar adelante, al menos, una devaluación del 50% que agrandaría las finanzas del sector, pero pulverizaría los salarios de las mayorías.
Para el empresariado del agro, la distorsión en el tipo de cambio afecta a sus negocios y al respaldo que le dio a La Libertad Avanza cuando llegó al poder con promesas de levantar las retenciones y bajar los impuestos. "Este es el camino para que salga bien porque si todo sale mal, la que queda es que venga (Juan) Grabois y les confisque las tierras a todos", responden desde la Casa Rosada.
La Mesa de Enlace mantiene no obstante su voto de confianza en el Gobierno y si bien hay expectativa por posibles anuncios las últimas señales no son alentadoras.
Muchos dudan acerca de la existencia de medidas rimbombantes y temen que el mensaje -más allá de algún incentivo- se mantenga bajo los lineamientos de la fe y la esperanza.
Para la Mesa de Enlace, el encuentro con Caputo fue fructífero y los dirigentes rurales destacaron el reiterado compromiso que existe desde el Gobierno para trabajar en medidas que favorezcan al sector agropecuario una vez que se puedan resolver los problemas más acuciantes de la economía para toda la sociedad, como lo son la inflación y el cepo cambiario.
"No vamos a devaluar en este contexto y las retenciones se quitarán cuando den las cuentas. Eso puede ser ahora, en un año, el próximo, o el próximo del próximo", remarcó. En su discurso, el jefe de Estado hablará de esos temas y se estima que también pedirá "paciencia" ante los reiterados reclamos del sector.
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Las reformas que programa el gobierno de Milei para el segundo semestre
Hacia adelante, el Gobierno acumula un listado de grandes anuncios, pero aún no avanzó con la reglamentación de la Ley Bases. Anticipa un amplio paquete de proyectos de ley y dice que concretará la reforma del Estado, pero los procesos administrativos demandan tiempo; en la Casa Rosada aseguran que la prioridad es el RIGI.
Javier Milei afirma que tiene en carpeta “3200 reformas más”. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, le presentó un corpus de iniciativas tan voluminoso que se debió hacer un primer filtro de cuatro columnas. Y que solo una cuarta parte quedó volcada en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 y en la Ley Bases, mientras que el resto sigue pendiente.
En las últimas semanas, sin embargo, se comenzó a abrir una brecha entre la cantidad de anuncios pretenciosos que viene haciendo el Gobierno y la ejecución real de esos proyectos. Distintos funcionarios y el propio Presidente vienen declamando una agenda muy ambiciosa de temas económicos, electorales, judiciales y administrativos para el segundo semestre.
Pero, en la práctica y pese a que transcurrió casi un mes, el Poder Ejecutivo aún no reglamentó ninguno de los capítulos de la esperada Ley Bases (sí lo hizo con el paquete fiscal) para que la norma pueda ponerse en práctica. Hay, incluso, partes del DNU 70/2023 que todavía están pendientes de reglamentación.
Tras la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, el Gobierno comenzó a dar a conocer una batería de proyectos legislativos que el Ejecutivo planea enviar al Congreso. La lista es larga e incluye: una reforma electoral (con un paquete de, al menos, cuatro proyectos separados); la “ley hojarascas” de Sturzenegger (que incluye la derogación de un compendio de leyes presuntamente obsoletas); el proyecto para permitir el juicio en ausencia contra los prófugos en la causa AMIA anunciado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
También programa el paquete de leyes en materia de seguridad impulsadas por Patricia Bullrich (la “Ley Antimafia”, que busca aumentar penas y habilitar intervenciones más duras para desmantelar organizaciones delictivas; la “Ley de Reiterancia”, para garantizar la cárcel de los reincidentes; la llamada “Ley de Orden Público” y la modificación a la ley de Seguridad Interior); el proyecto para bajar la edad de imputabilidad (que aún aguarda la firma de Milei) y la llamada “Ley anticasta” que anunció el Presidente a principios de marzo y que aún no tiene forma concreta.
A todo ello hay que sumarle el tratamiento de los pliegos de los candidatos del Gobierno a la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, que se espera para finales de agosto. No se descarta que, como parte de las negociaciones para asegurarse los votos, el Poder Ejecutivo habilite la discusión para la ampliación del máximo tribunal a siete miembros. Todas ideas que el oficialismo pretende impulsar con una posición de debilidad numérica en ambas Cámaras.
