Contexto
¿Cómo se detectó el problema?
El diagnóstico de la deuda fue realizado a través de un relevamiento realizado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, encabezada por Darío Leandro Genua. Esta auditoría identificó que un total de 672 instituciones que recibieron fondos del ex Ministerio de Ciencia mantienen pendientes rendiciones por $33.000.000.000, según la Resolución N° 10/2025 publicada en el Boletín Oficial. Entre las principales deudoras figuran universidades nacionales, como la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que debe $902.715.606, seguida por la Universidad de Buenos Aires (UBA) con $896.272.705 y la Universidad Nacional Arturo Jauretche con $683.308.996. También figuran otras instituciones de gran envergadura, como la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de General San Martín (Unsam) y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC).
¿Qué medidas se adoptaron ante esta situación?
El gobierno decidió prorrogar algunos subsidios y extender convenios vinculados a programas como el Programa Nacional de Bioprospección y Biodiversidad. En paralelo, se ajustaron los plazos de rendición de otros subsidios, como el Plan Pampa Azul y el Programa Federal Equipar Ciencia. Además, se dieron de baja convenios que habían vencido, como aquellos relacionados con el Programa Federal Construir Ciencia y el Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación (COFECyT). Las instituciones beneficiarias tienen hasta el 30 de junio de 2025 para justificar el uso de los fondos o devolver el dinero no ejecutado. Si no lo hacen, se iniciarán acciones de recupero.
¿Qué implica la resolución para las instituciones deudoras?
La Resolución N° 10/2025 establece que, a partir del 30 de junio de 2025, no se otorgarán nuevas prórrogas ni extensiones para la justificación de los fondos. Además, se reestructuran algunos programas que no cumplieron con sus objetivos. Las acciones de recupero de fondos se llevarán a cabo de manera administrativa o judicial. En el caso de instituciones que no hayan ejecutado los fondos correctamente o que no hayan rendido cuentas adecuadamente, el gobierno avanzará con medidas de control más estrictas.
¿Cómo se enmarca esta política en el contexto actual del gobierno?
Esta medida forma parte de la política de racionalización del gasto público que el gobierno de Javier Milei impulsa desde su asunción en diciembre de 2023. En particular, la resolución se enmarca dentro de un proceso de revisión y reestructuración de programas, muchos de los cuales presentaban ejecución parcial, plazos vencidos o fondos sin justificar. Guillermo Francos, titular de la Jefatura de Gabinete, fue quien instruyó a Genua para realizar esta evaluación integral. La decisión también responde a la transferencia de competencias del ex Ministerio de Ciencia a la Jefatura de Gabinete, que se formalizó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 8/2023.
¿Qué programas están siendo evaluados y eliminados?
Además de los recortes en subsidios e iniciativas de investigación científica, la Secretaría de Innovación eliminó varios programas vinculados a la economía popular. Por ejemplo, se dio de baja la Convocatoria de Proyectos de Actualización Tecnológica para la Economía Popular, que estaba destinada a cooperativas vinculadas a líderes piqueteros. La decisión de eliminar estos programas permitirá un ahorro de aproximadamente $1.200.000.000. Entre los proyectos afectados se encuentran iniciativas como la "Plataforma digital para la recreación y comunicación de las infancias de la Economía Popular", adjudicado a la Asociación Civil Amanecer de los Cartoneros, y el "Fortalecimiento de registro y comunicación de la federación de cooperativas de trabajo Evita", relacionado con la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita.
¿Qué otros subsidios y programas están siendo modificados?
Además de los programas mencionados, se canceló el Programa de Subsidios Extraordinarios, lo que se estima que ahorrará al gobierno unos $491.600.101. Este programa había sido utilizado para financiar gastos extraordinarios de proyectos de investigación, como el que beneficiaba a la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo. También se incluyó dentro de los recortes a organizaciones no estatales sin fines de lucro que operan en el ámbito científico-tecnológico, como el Centro de Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina, que recibió un subsidio en 2023 de $1.300.000.
Cómo sigue
Las instituciones que mantienen fondos pendientes deberán rendir cuentas o devolver el dinero no ejecutado antes del 30 de junio de 2025. En caso contrario, se aplicarán acciones de recupero por vía administrativa o judicial. Este proceso de control se mantendrá dentro de la política de racionalización del gasto público impulsada por la actual administración, que decidió enfocar los recursos en proyectos con una mayor eficiencia y pertinencia en el ámbito científico y tecnológico. Además, se continuará evaluando la continuidad de aquellos programas y actividades que no hayan demostrado un aporte significativo al desarrollo de la ciencia y la tecnología en Argentina.
