El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, intervino el municipio de Juan Bautista Alberdi y desplazó al intendente Luis "Pato" Campos tras la difusión de un audio comprometedor en el que el jefe comunal mantiene una conversación con el empresario Roque "Chipi" Giménez sobre presuntos vínculos con el narcotráfico y un robo millonario. La medida, adoptada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, se fundamentó en el artículo 139 de la Constitución provincial y designó como interventor a Guillermo Norry, quien asumió el control del municipio por un plazo máximo de 180 días.
La crisis institucional se precipitó tras la filtración del audio viral en el que se escucha a Giménez decirle a Campos: "Acá el intendente soy yo, a la Policía la manejo yo, a la droga la manejo yo y todo manejo yo. Las muertes, todo lo manejo yo. Necesitás un Al Capone pa'gobernar, no necesitas un Lassie. Por eso no te respetan, Rey. Te pasan por encima". En la misma conversación, el empresario le reclama al intendente: "¿Quién me va a devolver los 16 millones de pesos que me llevaron?", en referencia a un robo sufrido en el obrador del mercado municipal.
El mandatario provincial explicó que la intervención responde a "la sumatoria de hechos" que incluyen denuncias judiciales tanto en la justicia provincial como federal. "Lamentablemente en esta ciudad se han empezado a producir las sumatorias de hechos, algunos con denuncias judiciales, tanto en la justicia provincial como en la federal. Hechos ligados a delitos, a conflictos personales dentro del funcionamiento y de las autoridades. Fundamentalmente, y el que más nos preocupa, se han venido denunciando delitos que tienen que ver con el narcotráfico y la comercialización de sustancias tóxicas", declaró Jaldo.
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Allanamientos simultáneos y evidencias secuestradas
En la madrugada del lunes, una comitiva integrada por los ministros Darío Monteros (Interior), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Eugenio Aguero Gamboa (Seguridad), el fiscal adjunto Raul Ferrazzano, el jefe de Policía, comisario Joaquín Girvau, y el propio Norry arribó a Alberdi para ejecutar la intervención. Paralelamente, por orden judicial, efectivos de la Policía y de Gendarmería allanaron los domicilios del exintendente Campos y de su secretario de Hacienda, José Roldán, además de tomar posesión de los edificios de la Intendencia y del Concejo Deliberante.
Durante el domingo se realizaron allanamientos simultáneos en dos domicilios vinculados a Giménez: su vivienda particular y el ex mercado municipal, que figura como su domicilio legal. En el domicilio del barrio 111, donde reside un familiar del empresario, los agentes secuestraron teléfonos celulares, documentación y el DVR del sistema de videovigilancia. En el ex mercado municipal no se hallaron elementos relevantes para la causa.
Roque Giménez, de 39 años, es conocido en la ciudad por su rol como contratista de obras públicas a través de su empresa Giménez Group. La firma construyó una sala velatoria municipal destinada a vecinos de bajos recursos, por la que cobró al menos 15 millones de pesos. También estuvo a cargo de la recuperación del mercado municipal, aunque los trabajos se suspendieron por falta de pagos provinciales, y posteriormente habría sido contratado para refaccionar el Centro Cultural de la ciudad.
La investigación judicial se originó tras la denuncia presentada por el jefe policial Girveau luego de la difusión del audio. El conflicto entre Giménez y Campos surgió tras el robo sufrido en el obrador del mercado municipal, hecho que fue denunciado ante las autoridades y que constituye el trasfondo de la conversación grabada.
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Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán
La defensa del exintendente y el contexto del narcotráfico
Campos reconoció públicamente que su voz aparece en el audio, aunque negó cualquier implicación en actividades relacionadas con el narcotráfico. "De la grabación no recuerdo muchos detalles", declaró el exintendente a El Tucumano, quien situó la conversación hace aproximadamente un año y aseguró que el diálogo giraba en torno al robo sufrido por un tercero. Además, cuestionó la legalidad de la grabación, argumentando que "grabar a alguien sin su consentimiento es ilegal".
El exjefe comunal manifestó su disposición a colaborar con las autoridades: "Voy a dejar que la Justicia avance en la investigación. Soy el principal interesado en que esto se resuelva. Esto es un dime y direte. Hay un detenido en la causa de apellido Campos, yo soy de apellido Campos, pero no tengo nada que ver. Quiero limpiar mi apellido y me pongo a disposición de la justicia". Antes de la intervención, Campos había ratificado su permanencia en el cargo: "No voy a tomar licencia. Estoy más firme que nunca. Se lo dije al Gobernador: no voy a renunciar. El pueblo de Alberdi está conmigo".
La situación se agravó por la reciente incautación de un pan de cocaína en Alberdi, hecho que, según Jaldo, evidencia la presencia de intereses afectados por los operativos policiales. "No es casualidad que un día antes hemos secuestrado un pan de cocaína en Alberdi. Están molestos, están intranquilos. Tenemos operativos permanentes en Alberdi con las unidades especiales de la Policía de Tucumán. Vamos a ir a fondo, no solo en Alberdi, sino en todos los lugares que lo venimos haciendo", sentenció el mandatario.
El gobernador enfatizó el compromiso de su gestión con la lucha antidroga: "Si un objetivo nos hemos propuesto al comienzo de nuestra gestión es la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo. Todos aquellos que comercializan sustancias tóxicas, que comercializan muerte, nosotros, con la Policía de Tucumán, con las leyes que nos da el Poder Legislativo, los capturamos y los ponemos a disposición de la justicia".
Guillermo Norry, dirigente sindical con experiencia en la función pública que se desempeñaba en el Instituto de Previsión y Seguridad Social, asumió como interventor con la misión de restablecer el orden administrativo. En su primer acto, dejó sin efecto el organigrama del Ejecutivo municipal como paso inicial para garantizar el funcionamiento legal del municipio. El ministro Monteros subrayó que el interventor "pondrá en orden las finanzas, la gestión y los servicios", asegurando la continuidad de los empleados municipales.
El decreto gubernamental convocó a elecciones municipales para el 26 de octubre, coincidiendo con los comicios legislativos nacionales, debido a que Campos no había cumplido dos años de mandato. Los ciudadanos de Juan Bautista Alberdi elegirán nuevo intendente y concejales, mientras la intervención requiere la aprobación de la Legislatura para convertir la decisión del Poder Ejecutivo en ley.
