Alberto Fernández estuvo presente este viernes a los tribunales de Comodoro Py para ampliar su declaración indagatoria en la causa Seguros, su última oportunidad para evitar el procesamiento antes de que el juez federal Sebastián Casanello defina la situación procesal de los 38 imputados. El ex mandatario se presentó al mediodía en el despacho del magistrado, acompañado por el fiscal federal Carlos Rivolo, y desplegó una estrategia defensiva integral que incluyó la solicitud de nuevos testigos y la explicación detallada de su vínculo comercial con el broker Héctor Martínez Sosa.
Como lo informó Revista Quorum, la audiencia se desarrolló con los accesos completamente cerrados al público, mientras el juzgado trabaja en una extensa resolución que determinará si procesa o sobresee a todos los investigados. La decisión de ampliar la indagatoria no es casual: hace semanas circulan rumores sobre la cercanía de los procesamientos, y la demora en la definición había agitado las expectativas de las defensas.
Las claves de la defensa presidencial
Durante su declaración, Fernández negó categóricamente las acusaciones y defendió que tanto la firma del decreto como la creación de la política pública fueron "absolutamente transparentes". "Jamás creí que el dictado del Decreto 823/2021 perjudicaría al Estado y jamás busqué beneficiar a las personas o empresas imputadas como broker", sostuvo el ex presidente, según consignó su abogada Mariana Barbitta.
El ex mandatario explicó que la normativa no fue suscrita "de un día hacia otro" sino que requirió un trabajo previo de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. "El Decreto prohibió la intervención de intermediarios", remarcó, y agregó que su objetivo era terminar con el negocio de los brokers en el Estado.
Uno de los puntos más delicados fue cuando abordó su relación comercial con Martínez Sosa, quien aparece como figura central en el esquema investigado. Entre 2010 y 2019, Fernández le facturó a la empresa del broker un total de 4.257.000 pesos, siendo 2019 el año de mayor facturación con 1.422.000 pesos. La última factura está fechada el 6 de diciembre de 2019, apenas cuatro días antes de su asunción presidencial.
"He sido su asesor ante consultas jurídicas, económicas y políticas, tal como he hecho con otros clientes durante el período en el que ejercí la profesión de consultoría jurídica", argumentó Fernández en un escrito de once carillas. El ex presidente explicó que las facturas correspondían a "un informe de la coyuntura política y económica" que elaboraba para varios clientes, no solo para Martínez Sosa.
Nuevos testigos y la jugada final
El ex presidente solicitó ampliar la producción de pruebas en su defensa, incluyendo la declaración como testigos de figuras clave de su gestión: Vilma Ibarra (ex secretaria Legal y Técnica), Miguel Pesce (ex titular del Banco Central), Martín Guzmán (ex ministro de Economía), Santiago Cafiero (ex canciller) y Adriana Guida (ex titular de la Superintendencia de Seguros).
Esta estrategia busca demostrar que las decisiones tomadas durante su mandato fueron parte de una política pública consensuada y no de un esquema personal de beneficios. Fernández sostuvo que si hubo irregularidades, él no estaba al tanto. "Desconozco si hubo funcionarios/as que, abusando de la confianza y la delegación de funciones, cometieron irregularidades o generaron beneficios para sí o terceros", declaró.
La investigación apunta a que el ex presidente habría montado, durante toda su presidencia, un "esquema de recaudación y distribución de fondos públicos" mediante el direccionamiento irregular de la contratación de seguros hacia Nación Seguros SA. Según la acusación, la maniobra habría girado en torno a incorporar intermediarios brokers entre los entes estatales y la empresa aseguradora oficial.
El perjuicio al Estado Nacional se calcula en 3.364.522.944 pesos, que representa más del 87% de los 3.857.616.638 pesos liquidados por la aseguradora oficial a todos los intermediarios por las pólizas emitidas entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.
El mismo día de la declaración, la Cámara Federal porteña anuló la inhibición general de bienes que pesaba sobre los 51 investigados (38 personas y 13 empresas), argumentando que ya habían transcurrido cinco meses desde el cierre de indagatorias sin resolución. En un fallo dividido, los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah coincidieron en que las medidas cautelares no se justificaban ante la falta de definición sobre la situación procesal.
Casanello, quien quedó a cargo del caso en febrero cuando cambió la subrogancia del juzgado federal 11 que estaba a cargo de Julián Ercolini, deberá decidir en los próximos días si procesa a Fernández y al resto de los imputados, o bien dicta falta de mérito o sobreseimiento. La Cámara Federal le pidió que resuelva la situación "con premura", presionando por una decisión rápida.
Esta es la primera vez que Casanello escucha al ex presidente en la causa, ya que la indagatoria original fue tomada por Ercolini en noviembre de 2024. La declaración de este viernes podría ser determinante para el futuro judicial del ex mandatario, quien ya enfrenta otras causas penales. Si logra convencer al juez de que las políticas implementadas durante su mandato fueron legítimas y transparentes, podría evitar el procesamiento. En caso contrario, se sumaría una nueva causa penal a las que ya enfrenta.
