El juez federal Sebastián Casanello citó al ex presidente Alberto Fernández para ampliar su declaración indagatoria este viernes 4 de julio a las 10 en la causa por presuntos hechos de corrupción relacionados con contratos de seguros. La convocatoria se concretó después de que Fernández se presentara espontáneamente ante el juzgado manifestando su intención de ampliar su declaración en el marco de una investigación que involucra más de 3.000 millones de pesos en comisiones.
La medida se adoptó tras el reclamo de la Cámara Federal porteña, que ordenó al magistrado definir con "premura" la situación procesal de todos los imputados en el caso. El tribunal también declaró la nulidad de la inhibición general de bienes que pesaba sobre el expresidente y los demás acusados, entre ellos el broker Héctor Martínez Sosa, su esposa y exsecretaria privada María Cantero, y el extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano.
Los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun de la Sala II del Tribunal de Apelaciones anularon la medida cautelar con su voto mayoritario, mientras que Roberto Boico se manifestó en disidencia. La resolución exige que se emita "con la mayor premura al alcance un pronunciamiento sobre la situación procesal de los indagados".
Esquema millonario bajo investigación judicial
La causa se centra en un presunto esquema criminal que habría operado entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023 para direccionar irregularmente contratos de seguros estatales hacia Nación Seguros. Según la investigación, 40 personas fueron indagadas por haber participado en la "recaudación y distribución de fondos públicos" a través de 45 contratos que involucraron a 25 intermediarios de seguros.
El expediente sostiene que los brokers habrían operado "con la connivencia de Alberto Fernández" en la intermediación entre entes estatales y la aseguradora, generando un sistema que permitió desviar fondos públicos hacia particulares. La justicia identificó un "direccionamiento indebido" que favoreció a empresas y productores afines a Martínez Sosa, quienes percibieron más del 87% del monto total abonado por Nación Seguros en concepto de comisiones.
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Casanello, quien asumió la investigación tras quedar vacante el juzgado federal 11 por el fallecimiento de Claudio Bonadío, continúa realizando medidas de prueba complementarias. Estas incluyen un análisis de comunicaciones del teléfono de Alberto Fernández y posibles conversaciones con los principales imputados bajo la búsqueda de palabras clave.
Vínculos personales en el centro del escándalo
El juez Julián Ercolini, quien instruyó inicialmente la causa, determinó que a Martínez Sosa "lo uniría una íntima y añeja amistad con Fernández", además de su relación con la secretaria presidencial Cantero. La investigación reveló "numerosos obsequios y préstamos" de la pareja hacia el entonces presidente, incluyendo dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes.
Según el expediente, Héctor Horacio Martínez Sosa aparece vinculado a intermediarios que recibieron 2.297.820.134,36 pesos, equivalentes al 68,3% del universo de comisiones de la maniobra y al 59,6% de todas las comisiones liquidadas por Nación Seguros a intermediarios por pólizas emitidas a entes estatales entre el 10 de diciembre de 2019 y el 9 de diciembre de 2023.
La causa también investiga aportes económicos para la campaña presidencial de Alberto Fernández provenientes de Castello Mercuri S.A., mientras que se analiza cómo Torres García y Martínez Sosa, junto a Castello, habrían ejercido influencia sobre Alberto Pagliano en los negocios de la aseguradora. El magistrado señaló que Fernández y Pagliano compartirían "experticia en materia de seguros" por haberse desempeñado previamente en ese rubro.
La Cámara Federal cuestionó que "a casi un año de revocada la anterior inhibición general", Casanello hubiera impuesto nuevamente una medida cautelar idéntica sin fundamentos adecuados sobre los motivos de urgencia. Los camaristas señalaron que en febrero último concluyeron las declaraciones indagatorias y aún "no fueron resueltas sus situaciones procesales".
Fernández había sido indagado el 27 de noviembre pasado, oportunidad en la que entregó un escrito pero se negó a responder preguntas del juez Ercolini y del fiscal Carlos Rivolo. El expresidente está imputado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y por llevar adelante negociaciones incompatibles con la función pública. Ahora deberá explicar los alcances de su pedido de ampliación de indagatoria en una audiencia que podría definir su situación procesal en los próximos días.
