La denominada "industria del juicio" laboral alcanzó dimensiones extraordinarias en Argentina, con un costo anual que superó los $2,1 billones entre junio de 2024 y mayo de 2025, según reveló la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). Esta cifra equivale a 6.891.653 salarios mínimos y representa un crecimiento sostenido de $5.917 millones por día, $246 millones por hora o $4 millones por minuto.
El informe de la UART proyecta que 2025 será un año récord con más de 130.000 nuevas demandas, lo que consolidaría una tendencia creciente desconectada de las variables económicas y de seguridad laboral. Mara Bettiol, presidenta de la UART, calificó la situación como "absurda" y advirtió que "no hay sistema ni empresas capaces de sostener esta friolera de judicialidad que erosiona competitividad, productividad y empleo".
La provincia de Buenos Aires concentra el 40% de las causas con 50.861 juicios en los últimos 12 meses, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 19% (23.050 casos) y Santa Fe con el 14% (17.203 demandas). Mendoza y Córdoba también registraron cifras elevadas, superando los 9.500 casos cada una, mientras que el total país se ubicó en 126.700 causas notificadas en el período.
Crecimiento desproporcionado respecto del empleo
El fenómeno presenta características paradójicas que evidencian una desconexión entre la litigiosidad y las variables económicas. Los datos de la UART indican que la cantidad de juicios aumentó 10,2% en los últimos dos años, mientras que el total de asalariados registrados prácticamente no tuvo cambios y el nivel de actividad subió apenas 2,9%.
Esta situación se produce en un contexto donde el Sistema de Riesgos del Trabajo logró resultados concretos durante sus 29 años de funcionamiento. Según la UART, se verificó una reducción del 81% en la mortalidad laboral, evitando 19.000 muertes, y una baja del 55% en la siniestralidad, con 4,7 millones de accidentes evitados. También se registró una disminución del 39% en la gravedad de los siniestros.
La comparación internacional refuerza la excepcionalidad del caso argentino: la litigiosidad laboral en el país es 15 veces más grande que en España y 21 veces más alta que en Chile. Este escenario configura lo que la UART define como otro capítulo del "costo argentino" que afecta la competitividad empresarial.
Factores estructurales y soluciones propuestas
El análisis de la UART identifica factores estructurales que alimentan esta dinámica. El 88% de los juicios ingresados corresponde a casos sin incapacidad, es decir, personas que sufrieron un accidente laboral pero se recuperaron completamente. En el sector describen el "típico caso de un esguince, curado y recuperado, al que el perito le establece una incapacidad médica y una psicológica".
Otro aspecto crítico es que el 60% de las demandas ingresadas son fuera del plazo de caducidad establecido por ley, lo que implica que el período entre el inicio de las acciones legales y el dictamen de una comisión evaluadora es más prolongado que el que debería ser.
La UART apunta especialmente a las "pericias médicas judiciales infladas" que superan en 12,5 puntos el Baremo oficial y a las tasas de interés judiciales "desproporcionadas". Según el informe, estas condiciones convierten "cada juicio en una oportunidad financiera sin igual, no en un reclamo legítimo".
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Tanto el Gobierno como el sector privado señalan como problema central la práctica por la cual peritos y abogados cobran un porcentaje sobre el monto final del pleito. Es decir, cuanto mayor es la demanda, más ganancias obtienen estos profesionales.
Las empresas reclaman la implementación efectiva de la ley 27.348, aprobada en 2017, que contempla la creación de Cuerpos Médicos Forenses (CMF) para garantizar criterios periciales objetivos y uniformes. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) sostiene que "la creación del Cuerpo de Peritos contribuiría a contrarrestar los posibles factores que incentivan la judicialidad vigente".
Según los datos de la SRT, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Pampa y Santa Cruz son las únicas provincias que todavía no adhirieron a esta normativa de carácter nacional. El documento destaca que provincias con peritos dependientes del poder judicial, como Salta y Río Negro, muestran índices de litigiosidad "notablemente inferiores" a los de provincias vecinas con condiciones socioeconómicas similares.
Un representante del sector asegurador afirmó que "si se aplicara" la ley 27.348, "los juicios laborales serían la excepción y casi todo se resolvería en instancia administrativa". La modificación más relevante que plantea esta normativa es que los peritos deberían percibir ingresos fijos por su tarea, y no en proporción al tamaño de la resolución del juicio.
Al stock de 290.000 juicios a diciembre de 2024, se suma el flujo estimado de 130.000 juicios para 2025, configurando un escenario que la UART describe como una "judicialización sin control". El sistema, que cubre a 10 millones de trabajadores y un millón de empleadores, enfrenta así el desafío más complejo desde su creación hace tres décadas.
