En la causa judicial sobre los lotes contaminados de fentaniloque causaron la muerte de 52 personas y afectaron a otras 90, el Gobierno Nacional se presentó como querellante. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, aceptó la solicitud del Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, para intervenir en la investigación, debido a la implicancia sanitaria del caso y la necesidad de proteger la salud pública.
El Ministerio fundamentó su intervención en el interés del Estado de colaborar activamente en el esclarecimiento de los hechos. A través de su representación legal, solicitó ser parte querellante, lo que le permitirá aportar recursos técnicos, científicos y humanos en el proceso judicial, además de poner a disposición la documentación relevante relacionada con los lotes de fentanilo contaminados.
La intervención del Ministerio de Salud
La presentación del Ministerio de Salud ante el juzgado de La Plata fue formalizada el 1 de julio. Según la cartera sanitaria, su participación busca asegurar el esclarecimiento de los hechos y colaborar en la identificación de responsabilidades, dado el impacto que este caso tuvo sobre la salud pública. La solicitud para intervenir en la causa también está dirigida a reforzar las medidas de control y garantizar que las autoridades competentes puedan acceder a toda la información necesaria para investigar el origen de la contaminación.
Por su parte, la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) ya había emitido alertas sanitarias sobre los lotes de fentanilo implicados, debido a deficiencias en las prácticas de manufactura. Los lotes afectados provenían de los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo, que están siendo investigados por la justicia. La sustancia fue distribuida a varios hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Neuquén y Santa Fe, afectando principalmente a pacientes internados en unidades de terapia intensiva que recibieron el medicamento como parte del tratamiento para el dolor.
Investigación judicial y las causas de muerte
La investigación se centra en los dos lotes específicos de fentanilo presuntamente alterados durante su proceso de fabricación. En total, 90 personas recibieron fentanilo de estos lotes contaminados, y se registraron 52 muertes asociadas a la administración del medicamento. Los pacientes, que habían sido ingresados por distintas razones clínicas, desarrollaron infecciones graves poco después de recibir el tratamiento, lo que derivó en su fallecimiento.
Los peritos del Cuerpo Médico Forense están haciendo un análisis exhaustivo de las historias clínicas de los pacientes fallecidos para determinar si existe una relación directa entre la aplicación del fentanilo contaminado y la causa de muerte. A pesar de que no se detectaron nuevos casos tras la alerta sanitaria, se mantiene la preocupación sobre una posible cifra negra de afectados, ya que los diagnósticos fueron realizados de manera retrospectiva.
Los lotes de fentanilo, que fueron retirados del mercado tras las primeras alertas sanitarias, habían sido distribuidos a 19 centros médicos en varias provincias, donde los pacientes fueron sometidos a tratamiento con este potente opioide. Los hospitales, incluidos el Hospital Italiano de La Plata y otros centros de la región, fueron los primeros en reportar problemas relacionados con la contaminación.
El contexto empresarial de los laboratorios involucrados
La situación de las empresas implicadas en el caso es crítica. Tanto HLB Pharma como Laboratorios Ramallo fueron inhabilitados por la ANMAT para producir medicamentos debido a las irregularidades en sus prácticas de manufactura. Las empresas cesaron su producción y enfrentan dificultades financieras, como despidos de empleados y retrasos en el pago de salarios. Esta situación generó tensiones dentro de los laboratorios, con empleados denunciando presuntas irregularidades en la gestión de los productos y la documentación relacionada con los lotes contaminados.
En este contexto, surgió una denuncia sobre un presunto acto de vandalismo en la sede de HLB Pharma Group S.A. en San Isidro, ocurrido poco después de que se iniciara la investigación judicial. Según la denuncia, empleados de seguridad informaron sobre un supuesto robo y daños en las instalaciones. Sin embargo, la denuncia no prosperó, ya que no fue impulsada por los responsables de la empresa. Testigos anónimos aseguran que, antes de los allanamientos a los laboratorios, camiones de la empresa agropecuaria 3Arroyos retiraron documentos y productos de las instalaciones.
Las autoridades judiciales siguen trabajando en la investigación para esclarecer estos hechos, incluyendo la revisión de los documentos batch récord, que detallan todo el proceso de fabricación de los lotes contaminados. Estos registros son fundamentales para determinar las causas de la contaminación y si hubo fallas en el control de calidad durante la producción.
La respuesta institucional
El Ministerio de Salud sigue colaborando con la justicia para esclarecer las responsabilidades en este caso y garantizar que se tomen las medidas necesarias para proteger a la población. Mario Lugones, ministro de Salud, destacó la importancia de la intervención estatal en casos como este, señalando que "el Estado tiene el deber de actuar cuando se trata de proteger la salud pública y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes".
A medida que avanza la investigación, se espera que se logren identificar a los responsables de la distribución de los lotes contaminados y se tomen las acciones necesarias para evitar futuros incidentes. Las autoridades continúan trabajando para asegurar que los procedimientos en la fabricación de medicamentos sean más rigurosos y que se fortalezcan los mecanismos de control sanitario para proteger a los pacientes.
