Stuardo Ralón, presidente de la CIDH: "Las misiones médicas cubanas muestran elementos de trata de personas"
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Stuardo Ralón, dio detalles a El Observador USA sobre el informe que muestra el lado B de las misiones médicas cubanas. Fuertes hallazgos y recomendaciones a los Estados receptores, su opinión sobre la crisis en Cuba y los presos políticos en Venezuela.
El guatemalteco Stuardo Ralón Orellana es un histórico dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En funciones desde 2020, es la figura con mayor antigüedad dentro de la conducción de la CIDH. Pero Ralón Orellana acaba de pegar un salto: asumió en marzo como presidente de la Comisión. La CIDH forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es su brazo defensor de los derechos humanos.
Este experimentado jurista mezcla rigor técnico con un especial interés por la defensa del Estado de Derecho. Ese foco aparece en cada una de sus opiniones sobre el panorama en América Latina.
Desde el Museo Americano de la Diáspora Cubana, ubicado en Miami, a pocos minutos del downtown, Stuardo Ralón Orellana conversó con El Observador USA y dio detalles sobre el último informe de la CIDH sobre las misiones médicas cubanas. Expuso el lado B del histórico mecanismo del régimen cubano, a partir del testimonio de 71 profesionales de la salud que lo integran. Las misiones generan divisas para la isla, pero al costo de violaciones a los derechos humanos.
¿Cuáles son las principales conclusiones del informe de la CIDH sobre las misiones médicas cubanas?
Es un informe temático que el pleno de la Comisión decidió trabajar y publicar. Tiene un esfuerzo metodológico en seis capítulos -unas 200 páginas- y recoge 71 testimonios directos sobre los derechos laborales del personal sanitario enviado en misiones médicas desde Cuba. Validamos denuncias previas: las misiones médicas constituyen una fuente importante de divisas para el Estado cubano, gestionadas por una empresa estatal comercializadora de servicios médicos. Por ejemplo, en 2022 los ingresos reportados por estas misiones fueron de 4.482 millones de dólares. Pero ese dinero no necesariamente llega a los médicos: los testimonios describen prácticas que vulneran derechos laborales y de movilidad humana.
¿Qué prácticas concretas describen los testimonios?
Hay retención de pasaportes, sujeción a reglas de subordinación que impiden regresar libremente a Cuba o quedarse en el país receptor, amenazas de prisión por abandono de la misión y prohibiciones de reingreso por hasta ocho años. Los profesionales son aislados, se les impide interactuar libremente y, además de su labor médica, se les exige realizar tareas ajenas -incluso de carácter político- orientadas a difundir el discurso del Partido Comunista. Todos esos elementos combinados son, según el informe, conectores de trabajo forzoso y muestran indicios que podrían encajar con la figura de trata de personas en determinadas circunstancias.
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¿El informe califica jurídicamente esos hechos como trata de personas?
El informe describe "elementos conectores" de trata de personas y de trabajo forzado. La Comisión señala esos elementos con base en los testimonios y la documentación recabada, pero la determinación de responsabilidades jurídicas concretas correspondería a procedimientos caso por caso ante las instancias competentes. Nosotros mostramos los indicios y la evidencia para que se adopten medidas y, si procede, se hagan las acciones legales correspondientes.
¿Estas prácticas están amparadas en normativa oficial?
Sí. No son hechos aislados ni meras narrativas. En uno de los capítulos analizamos la normativa que el propio régimen utiliza como fundamento para retener pasaportes, congelar cuentas, imponer prohibiciones de regreso o medidas disciplinarias. Es decir: el programa está diseñado normativamente para funcionar así, no es un accidente.
Qué pasa con los países receptores
¿Cuál es la responsabilidad de los Estados receptores de los médicos cubanos?
Los Estados receptores no pueden deslindarse de su obligación de garantizar el respeto de los derechos humanos en su territorio. Deben establecer canales de denuncia, mecanismos de inspección y verificar condiciones laborales mínimas -económicas y de trato digno- en cualquier relación laboral. No sirve alegar 'no sabía'. Cuando se celebran convenios internacionales por bienes y servicios, es usual incluir cláusulas de derechos laborales o ambientales; lo mismo debe aplicarse a personas, especialmente personal médico que cumple funciones esenciales.
Médicos cubanos llegan a Italia. AP
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¿En qué países se centraron los testimonios? ¿Hay un ranking de receptores?
No hay un ranking formal en el informe, pero los testimonios mencionan misiones en Venezuela, varios países de Centroamérica y México, entre otros. Los detalles y las fuentes están recogidos tal cual en el informe para que puedan verificarse.
¿El informe puede derivar en acciones judiciales internacionales?
Podría. El informe puede sustentar peticiones y casos en el sistema interamericano. No es necesario que la causa se origine dentro de la isla: los estándares interamericanos sobre derechos laborales y movilidad humana protegen a la persona dondequiera que esté. Si una persona carece de recursos o canales de denuncia en el país receptor, podría presentarse una petición ante el sistema.
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¿Cómo trabajó la CIDH para recabar testimonios en un contexto de riesgos para las fuentes?
Aquí quiero reconocer la enorme valentía de muchas personas y organizaciones. Llevo seis años como relator para Cuba; la Comisión ha desarrollado una Red Cuba, una interacción periódica con organizaciones de la sociedad civil que generó un puente de confianza. Se garantizaron protocolos de protección y verificación: cruzamos información y fundamentamos nuestras afirmaciones con documentación normativa y testimonios verificados.
Este tema cuestiona además una narrativa estatal sobre la “solidaridad médica”. ¿Qué implica eso?
Es significativo porque desmonta la narrativa oficial que presenta esos programas como un gesto humanitario aislado. Nosotros demostramos, con datos y testimonios, que hay una transacción económica sustantiva y que existe una cadena de cobro y gestión -con nombres de empresas- y que ese ingreso puede estar sujeto a retenciones o congelamientos. En suma: lo que se proclama públicamente no coincide con lo que viven quienes participan en esas misiones.
Crisis humanitaria en Cuba
Ampliando el foco a Cuba, ¿cómo evalúa la crisis humanitaria que existe en la isla y qué responsabilidades señala?
En nuestro informe anual volvemos a ubicar a Cuba en el capítulo 4B, que refleja la ausencia de elementos esenciales de democracia. El propio modelo ha llevado al fracaso económico con un pico de agravamiento en el desabastecimiento, por decisiones que se dan en el ámbito internacional. Pero, si bien las describimos, la comisión en ningún momento indica que eso sea a causa del otro, sino aquí hay una violación de derechos humanos, que es responsabilidad del Estado cubano, que lejos de respetarlos los viola sistemáticamente.
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Apagones en Cuba: "El propio modelo ha llevado al fracaso económico con un pico de agravamiento en el desabastecimiento", dice Staurdo Ralón.
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¿Hay posibilidades reales de una transición democrática?
Hay muchas voces señalando que es insostenible. Los cambios que se están dando en la región hacen pensar que ojalá, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, veamos una transición democrática. En los seis años en que he sido relator, hemos tratado de dar voz a todas las organizaciones, de unirnos a esa voz para que este tema no se normalice, no se invisibilice, sino que se siga insistiendo. Solo el conjunto de esos órganos internacionales puede dar lugar a que se abra la posibilidad de transición democrática.
Las perspectivas para Venezuela
Sobre Venezuela, pidieron una visita en terreno. ¿Qué buscan verificar y cómo caracterizan la inusual situación de gobierno bajo la presidencial de Delcy Rodríguez?
Hemos hecho un llamado a respetar los derechos humanos y hemos pedido hacer una visita en terreno. Si bien esa posibilidad se veía muy lejana hace un año, ahora puede haber condiciones para que la comisión vaya a verificar. En nuestro reglamento llamamos visita in loco al mecanismo para la protección integral de los derechos humanos. Pero si no se pudiese, porque nos tendría que invitar el Estado, al menos buscamos enfocarnos en los presos políticos y presos de conciencia como algo específico y puntual, para que de algunas excarcelaciones pasemos a una libertad plena.
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AFP
¿Qué consecuencias tiene que haya presos políticos aún en Venezuela?
Todas esas voces que normalmente terminan en prisión son los verdaderos liderazgos que deberían llevar una transición democrática. Se necesita que esas personas valientes que exigieron libertad y democracia, y tienen una idea clara de la transición, formen parte del espacio cívico. Y hoy están en condiciones de detención deplorables. Entonces, tiene mucho que ver el tema de eliminar los presos políticos para que pueda generarse nuevamente un espacio cívico para llevar a un proceso de elecciones libres.
¿Ese pedido de visita a Venezuela ya se hizo al gobierno de Delcy Rodríguez y están aguardando respuesta?
Así es. Lo hicimos públicamente y en el foro de la OEA, y lo estaremos reiterando en comunicados de prensa.
Sobre México, hubo un cruce entre la ONU y la presidenta Claudia Sheinbaum sobre desapariciones. ¿Cuál es la posición de la CIDH?
La CIDH tiene su propia lectura y procedimientos. Nuestra relatora para México está elaborando un informe sobre desapariciones que seguirá el procedimiento correspondiente. No vamos a entrar en valoraciones sobre intercambios específicos entre la ONU y el gobierno; tenemos nuestro propio trabajo técnico y metodológico.
