La extracción de Nicolás Maduro de Venezuela genera un sentimiento de esperanza y al mismo tiempo revela el costado de la derrota de las instituciones.
Nicolás Maduro fue detenido en Venezuela.
La intervención militar de Estados Unidos para llevarse a Nicolás Maduro de Venezuela fue, al mismo tiempo, una escena de esperanza y de derrota.
Esperanza, porque un régimen que pareció inamovible durante 26 años tuvo que enfrentar lo impensable: la extracción súbita de su líder ungido por Chávez, y su juzgamiento en el exterior. La reacción de la diáspora venezolana lo dice todo. El júbilo, las lágrimas, expresan el agotamiento de un pueblo que llevaba demasiado tiempo esperando ser visto. En redes sociales, miles de venezolanos repitieron con hartazgo un mensaje dirigido a quienes repudiaron la operación por ilegal: “Ahora se acuerdan de Venezuela. Ahora se acuerdan del derecho internacional. Estuvimos 26 años esperando que nos tuvieran presentes”.
Pero esa misma frase revela el costado de la derrota. Si para quebrar al régimen hubo que llegar a este punto, entonces también quedó expuesto un diagnóstico desolador: fracasaron las instituciones internacionales y las relaciones bilaterales como herramientas para poner límites, construir costos y abrir un camino hacia la democracia. Esto no vuelve legal una operación unilateral. Pero sí muestra que terminó ocupando el lugar que otros actores decidieron no ocupar.
Durante décadas hubo instrumentos disponibles: la OEA y el sistema interamericano de DDHH, que cuentan con la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana. También hubo gobiernos democráticos con peso comercial y político en Venezuela, capaces de condicionar, persuadir, presionar y negociar. Sin embargo, todo eso fue neutralizado, tanto por el régimen como por sus vecinos.
El chavismo aprendió a jugar ese tablero: instrumentalizó mecanismos institucionales hasta vaciarlos de contenido. La región se habituó a la degradación: resoluciones sin consecuencias, informes sin efectos, indignación ritual sin costos. Hasta logró imponer una comisionada presidente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hizo del sistema un desierto infranqueable para los venezolanos víctimas del autoritarismo.
La ruptura final de cualquier ilusión institucional llegó con el fraude electoral de 2024. En el Consejo Permanente de la OEA se votó una resolución que exigía la publicación inmediata de actas y pedía verificación independiente. Brasil, junto a México y Colombia, se abstuvo y el texto cayó por un voto. Ese episodio condensó la mecánica de la impotencia: cuando más necesaria era una señal colectiva, la región optó por la ambigüedad.
Lo que siguió era previsible: violaciones masivas de derechos humanos, la voluntad popular devaluada, la democracia convertida en escenografía autoritaria. En ese cuadro aparece la paradoja: el uso de la fuerza, ilegal, funciona como “recurso final” y como confirmación del vacío. Lo que se ve no es solo la potencia en acto de Estados Unidos. Lo que se ve es el espacio que dejaron la indiferencia, el oportunismo y el cálculo cuando el sistema regional eligió no actuar.
Aquí conviene recordar una diferencia elemental. El derecho interno se reafirma por la aplicación del mecanismo de la sanción a través de la coerción legal. El derecho internacional, en cambio, depende de actualizaciones permanentes: existe solo en la medida en que se lo construye, en tanto a los actos se les aplican, cada vez, consecuencias. Para que el derecho internacional exista, hay que hacer política: formar coaliciones y construir mayorías en ámbitos multilaterales, usar incentivos reputacionales y comerciales también en las relaciones bilaterales, y estar dispuesto a pagar costos. Si nadie paga costos, el derecho internacional no se rompe: se transforma en coartada.
Brasil, México y Colombia -bajo administraciones llamadas progresistas, la excepción fue Chile- tuvieron una oportunidad singular. Podían influir sobre un gobierno ideológicamente afín y empujarlo hacia condiciones mínimas de apertura. Pero eligieron otra cosa: permitieron que el conflicto se reencuadrara como una disputa estéril de izquierda/derecha, de “Estados Unidos versus América Latina”. Ese encuadre fue funcional al régimen: le devolvió el terreno de la épica antiimperialista y le permitió negar el problema real -autoritarismo y violaciones- bajo el disfraz de una pulseada geopolítica. Y todo esto convivió con un problema todavía más corrosivo: la presencia de intereses económicos capaces de deformar la independencia de juicio. Cuando la protección de los vínculos comerciales no tiene límite, la tibieza deja de ser prudencia y empieza a parecer complicidad.
De cara al futuro, hay dos tareas que la región no puede seguir postergando.
La primera es diseñar mecanismos de diálogo y despolarización que sirvan para abrir una salida que le vuelva a dar sentido a los organismos multilaterales. Despolarizar no significa equidistancia moral. Significa evitar que Venezuela sea capturada, otra vez, por dos relatos funcionales al autoritarismo: el relato de la guerra fría doméstica (“Latinoamérica contra el imperialismo”) y el de la soberanía como pretexto para la impunidad. Un diálogo útil debió haber sido condicional, verificable y con escalera de consecuencias, por ejemplo: actas electorales públicas, auditoría técnica, calendario claro, observación creíble, liberación de presos políticos, habilitaciones electorales, garantías mínimas de competencia. Sin verificación y sin costos, el “diálogo” no es diálogo: es oxígeno. Y para despolarizar, además, hacía falta una coalición plural, no ideológica, capaz de decir algo simple: esto no es izquierda contra derecha, es una transición a la democracia desde el autoritarismo. Esta es siempre una tarea llena de matices, contradicciones y remordimientos. Los países de la región tienen la oportunidad de alentar una transición democrática que aprenda honestamente de estas frustraciones.
La segunda tarea es introducir ventanas de integridad en el proceso internacional. Esto no se resuelve con moralina sino con información y debate: transparencia activa sobre vínculos económicos sensibles con el régimen; gestión de conflictos de interés; registro de intermediaciones y diplomacia paralela; separación entre diplomacia y negocio. La posibilidad de institucionalizar esto en los ámbitos multilaterales es remota. Pero el fomento del debate público informado, en la práctica, podría cumplir estas funciones de apertura. A nivel local y regional, la sociedad civil activa y los medios de comunicación libres y con acceso a la información podrían construir un diálogo público que haga pagar costos reputacionales a quienes no gestionen sus conflictos de interés. Si la región negocia Venezuela pensando en contratos y licencias, entonces los derechos humanos siempre pierden: son el costo negociable. La integridad es el requisito técnico para que el diálogo no se transforme en captura.
La lección de Venezuela no es que la fuerza funciona. La lección es más incómoda: cuando la región renuncia a hacer política -cuando no paga costos, cuando se deja arrastrar por relatos identitarios y cuando permite que los intereses deformen sus decisiones- el derecho internacional fracasa por falta de voluntad de realizarlo. La transición en Venezuela ni siquiera comenzó, Latinoamérica está a tiempo de contribuir a nuevas alegrías, más duraderas, para el pueblo venezolano.