“Veto total”, anunció el presidente de la Nación, Javier Milei, apenas unas horas después de que el Congreso sancionará la ley de financiamiento para las universidades nacionales. Cerca de la medianoche del domingo se conocieron los detalles del presupuesto que marcan un nuevo recorte en educación, ciencia y tecnología. Ante ese escenario la comunidad educativa comenzó a diseñar su plan de lucha.
Según pudo saber El Observador la Federación Universitaria Argentina (FUA), los rectores y los docentes podría definir la semana próxima un paro total de actividades para el jueves 26 de septiembre y la convocatoria a una movilización el 2 de octubre.
El anuncio del veto presidencial a la ley emanada del Congreso ya había puesto en alerta a los universitarios. Pero el presupuesto fue el detonante para poner en marcha el plan de lucha.
La decisión del Gobierno de poner en negro sobre blanco el recorte a la educación superior avivó un conflicto que estalló a los pocos meses de la asunción de Javier Milei y que nunca alcanzó una solución definitiva.
Los números del presupuesto que asustan a las universidades
Según la ley de leyes las universidades recibirán casi la mitad de lo que pretenden. Es decir, el Gobierno destinaría $3.8 billones a las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exige $7.2 billones.
La tensión sobre el financiamiento educativo tampoco declina en el Congreso de la Nación. El principal afectado es el bloque radical, pero los bloques que responden a los distintos gobernadores también miran el presupuesto con asombro.
El veto y el debate en el Congreso
La discusión que tienen el radicalismo sobre el tema está expuesta. Y, por lo que se pude ver, tendrá una resolución similar a la reforma de la fórmula previsional: un bloque que no se rompe, pero vota fracturada.
El tema de los gobernadores es más complejo. No se juega sólo el financiamiento de las universidades. El tema se mete de lleno en la política local. En muchas de las provincias las universidades nacionales no sólo tienen un gran peso presupuestario, sino que también ostentan una gran dimensión política. En términos concretos, ningún gobernador quiere estar enemistado con los rectores en año electoral.
Por eso más allá de que el conflicto tenga su foco mediático en Buenos Aires con lo que pueda suceder dentro del Congreso o con las movilizaciones, es un partido que se juega a nivel federal.
“No hay nada cerrado. Hay algunas cosas que seguramente se van a modificar. Vamos a trabajar como trabajamos en la ley bases”, asegura uno de los hombres fuertes del espacio dialoguistas de la Cámara baja. Sin embargo, al mismo tiempo reconoce que “el oficialismo tiene que tener su herramienta para enfrentar el año próximo, pero también se tiene que dejar ayudar”.
