El 20 de septiembre de 1984, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), encabezada por Ernesto Sabato, entregó su informe final al presidente Raúl Alfonsín. Este documento histórico, conocido posteriormente como Nunca más, se erige como el testimonio definitivo sobre las desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones perpetradas por el terrorismo de estado durante la dictadura militar argentina entre 1976 y 1983. Afuera, en la Plaza de Mayo, una multitud de más de 70.000 personas se congregó para acompañar este momento clave en la historia de la democracia recuperada.
El informe se compuso de más de 50.000 páginas, recopilando pruebas, testimonios y denuncias, y constituyó el pilar fundamental para los juicios contra los responsables de las atrocidades cometidas durante el Proceso de Reorganización Nacional. El documento no solo logró evidenciar de manera incuestionable la magnitud de los crímenes, sino que también estableció una base moral y jurídica para el futuro de las investigaciones y los juicios en materia de derechos humanos en Argentina. Hoy, a 40 años de su publicación, el Nunca más sigue siendo un referente ineludible para la sociedad argentina, y su relevancia se mantiene en el centro del debate político y social.
La CONADEP: un hito histórico
La creación de la CONADEP fue una respuesta inmediata del gobierno de Alfonsín ante la necesidad de esclarecer los crímenes cometidos por la dictadura militar. En ese entonces, el país recién recuperaba la democracia y existía una enorme presión social para investigar las desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos. Alfonsín creó la comisión apenas cinco días después de asumir la presidencia, el 15 de diciembre de 1983, mediante el decreto 187/83. Su objetivo era claro: investigar y documentar los crímenes cometidos por el Estado, al mismo tiempo que se preparaba el terreno para el juicio contra los líderes militares.
Sin embargo, la formación de la CONADEP no contó con un consenso inicial de todos los sectores políticos y sociales. Desde el inicio, sectores de la oposición, especialmente el peronismo, y algunos organismos de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo, manifestaron su oposición o escepticismo. El peronismo, que había sido derrotado por primera vez en las urnas en 1983, arrastraba sin resolución los conflictos e internas que habían desatado la violencia política años antes del golpe militar de 1976: tanto los máximos responsables de la organización armada Montoneros como los represores de la paraestatal Triple A terminarían igualmente siendo juzgados y condenados con la recuperación democrática. De hecho, en la misma campaña, la denuncia de un pacto militar-sindical por parte de Alfonsín (pacto que convalidaría la autoamnistía dictada por el gobierno militar antes de dejar el poder), ayudó a posicionar al dirigente radical como una opción más creíble de pacificación democrática ante la sociedad. La ausencia del peronismo en la Comisión, que dejó tres lugares vacantes en la representación legislativa, no resultó por lo tanto una sorpresa.
También resultó controvertida la ausencia del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien declinó la invitación para encabezar la comisión. Su postura, sumada a las mencionadas críticas de organizaciones como las Madres de Plaza de Mayo que reclamaban juicios más extensos y no sólo a las cúpulas militares, aumentó las tensiones en torno a la legitimidad de la CONADEP.
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Los integrantes de la CONADEP. Presidida por Ernesto Sabato, fue integrada por miembros prestigiosos de la sociedad argentina
Pero más allá de estos cuestionamientos iniciales, la comisión se organizó con diez figuras de gran prestigio en la sociedad, provenientes de ámbitos diversos, como la ciencia, la cultura, la religión y el periodismo. Entre ellos se encontraban el escritor Ernesto Sabato, el médico René Favaloro, la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, el rabino Marshall Meyer, el obispo católico Jaime de Nevares y el ingeniero Hilario Fernández Long. Esta diversidad fue clave para la credibilidad y la aceptación pública del trabajo que estaba por venir.
Los primeros desafíos y la recopilación de pruebas
El trabajo de la CONADEP fue titánico. En un país recién salido de una dictadura, con el miedo aún latente en la sociedad y con muchos actores políticos, judiciales y militares que no estaban interesados en que la verdad saliera a la luz, la Comisión enfrentó numerosos obstáculos. Las amenazas no eran sólo verbales; muchos de sus integrantes recibieron intimidaciones directas, y el clima político de la época era volátil. A pesar de ello, la comisión avanzó en su misión de recopilar denuncias y pruebas.
Uno de los momentos más delicados ocurrió cuando, en julio de 1984, la CONADEP emitió un documental por televisión que incluía los testimonios de sobrevivientes de los centros clandestinos de detención. El programa, titulado Nunca más, tuvo un impacto profundo en la opinión pública, pero también desató fuertes reacciones en el ámbito militar. El general Jorge Arguindegui, jefe del Ejército en ese momento, fue desplazado de su cargo tras no haber impedido la emisión del documental.
Pese a estas tensiones, la transmisión fue un hito. Ernesto Sábato, presidente de la CONADEP, amenazó con renunciar si el documental era censurado, lo que llevó a Alfonsín a autorizar su emisión. El impacto de la transmisión fue inmediato: la sociedad argentina quedó confrontada con la crudeza de los testimonios, mientras los militares intentaban minimizar las revelaciones.
Graciela Fernández Meijide, una de las principales figuras de la Comisión y responsable de la secretaría de Recepción de Denuncias, recordó en varias entrevistas la dureza del trabajo que debieron realizar. Según Meijide, al principio el volumen de denuncias y testimonios fue abrumador, con cientos de personas haciendo fila diariamente para aportar información sobre sus seres queridos desaparecidos. En ese momento, la CONADEP recibió más de 8.960 denuncias documentadas de desapariciones y logró identificar más de 340 centros clandestinos de detención.
La elaboración del informe y su impacto judicial
El trabajo de recopilación de pruebas realizado por la CONADEP fue monumental, pero uno de los retos más importantes surgió al momento de dar forma al informe final. Ernesto Sabato, como presidente de la comisión, encargó la redacción del texto a Gerardo Taratuto, jurista y dramaturgo, quien debía transformar una vasta cantidad de testimonios y evidencias en un documento que pudiera ser entendido tanto por el público general como por las autoridades judiciales. "Sábato fue claro en sus directivas", contó Taratuto en varias oportunidades. "Quería un informe que cualquier persona pudiese leer y comprender, hasta un ama de casa, pero que también fuera contundente para que, si un militar lo leía, sintiera vergüenza".
El Nunca más se publicó oficialmente el 20 de septiembre de 1984 y su lanzamiento fue acompañado por una enorme movilización popular. No obstante, una de las mayores críticas que recibió el informe en su momento fue la omisión de una lista pública de represores señalados por los testigos. Esta lista, que sí fue entregada a Raúl Alfonsín, no fue incluida en el documento publicado debido a las tensiones y presiones de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, poco tiempo después, la revista El periodista se encargó de difundir esos nombres en una publicación especial, lo que desató un nuevo capítulo de controversias.
El impacto del Nunca más en el plano judicial fue inmediato. El informe se convirtió en la base probatoria sobre la cual se construyó la acusación en el Juicio a las Juntas Militares, el cual se llevó a cabo en 1985. Durante el juicio, el fiscal Julio César Strassera, conocido por su emotivo alegato final en el que pronunció la célebre frase "Nunca más", se basó en gran medida en los testimonios y pruebas recopiladas por la CONADEP. Si bien la fiscalía agregó nuevas evidencias durante el proceso, fue el trabajo de la comisión el que proporcionó la estructura principal para llevar a cabo el juicio. Este juicio se convirtió en uno de los primeros en la historia mundial donde una dictadura fue juzgada por crímenes cometidos contra su propio pueblo.
En total, nueve militares fueron condenados en el Juicio a las Juntas, incluidos Jorge Rafael Videla, ex presidente de facto, y Emilio Eduardo Massera, ex jefe de la Armada. Estas sentencias representaron un hito en la historia judicial argentina, y el informe de la CONADEP fue crucial para sostener las acusaciones. Sin embargo, no todos los responsables de las violaciones a los derechos humanos fueron juzgados en este proceso.
Reinterpretaciones y controversias
El Nunca más no solo tuvo un impacto inmediato en el ámbito judicial, sino que también se convirtió en un símbolo de la memoria colectiva y en un documento que ha sido revisado y resignificado a lo largo de los años. En su prólogo original, Sabato sostuvo que la violencia en Argentina había provenido tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha. Esta afirmación, fácilmente cotejable con los hechos documentados en la historia reciente y que no implicaba en modo alguno una relativización o equiparación de los crímenes de la violencia estatal con los de las organizaciones guerrilleras, fue caracterizada como la "teoría de los demonios" y fue objeto de críticas muy fuertes y de un cierto revisionismo con el cambio de siglo.
En 2006, el gobierno de Néstor Kirchner decidió agregar un nuevo prólogo al Nunca más, cuestionando esta interpretación y subrayando que no se debía equiparar la violencia de los grupos armados con el terrorismo de estado. Esta intervención fue recibida con críticas por algunos de los ex miembros de la CONADEP, quienes consideraban que el prólogo original de Sabato había sido malinterpretado. Graciela Fernández Meijide, por ejemplo, señaló que el texto original no buscaba justificar la represión, sino ofrecer una visión contextualizada de los años previos al golpe de 1976. A su vez, otros destacaron que, a pesar de las críticas, el Nunca más fue un documento indispensable para el avance de los derechos humanos en Argentina.
Por otro lado, también surgieron intentos de desmentir o relativizar el informe. En los años '90, el represor Miguel Etchecolatz publicó un libro titulado La otra campana del Nunca más, en el que intentaba refutar las conclusiones del informe de la CONADEP y ofrecer una versión negacionista de los hechos. Este tipo de intervenciones, aunque minoritarias, reflejaban la persistencia de ciertos sectores que buscan justificar o minimizar los crímenes de la dictadura.
Sin embargo, a pesar de estas controversias y reinterpretaciones, el Nunca más ha logrado consolidarse como un documento clave para la historia argentina. La misma frase "Nunca más" no solo se transformó en un lema que sintetiza el rechazo a las violaciones de los derechos humanos, sino también en una consigna que marcó la identidad política y social del país en las décadas posteriores al fin de la dictadura.
