Lo que importa
- La Universidad de Buenos Aires (UBA) se opone a las auditorías anunciadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), argumentando que violan la autonomía universitaria garantizada por la Constitución Nacional.
- El rectorado de la UBA anunció que iniciará acciones legales para defender su independencia, considerando la medida como una “intervención ilegal” del Poder Ejecutivo.
- El Gobierno, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, defendió las auditorías y enfatizó la necesidad de transparentar el uso de los fondos públicos.
- La polémica surge en un contexto de tensiones entre el Gobierno y las universidades nacionales, tras el veto presidencial al financiamiento universitario.
- Las autoridades universitarias aseguran que la UBA ya está sometida a controles internos y auditorías externas por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN), sin intervención del Poder Ejecutivo.
Contexto
¿Por qué la UBA rechaza las auditorías de la SIGEN?
La Universidad de Buenos Aires considera que la intervención de la SIGEN, un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, viola la autonomía universitaria protegida por la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 19. Este artículo establece que las universidades nacionales deben ser autónomas y autárquicas, sujetas solo a la regulación del Congreso, y no del Poder Ejecutivo. El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, afirmó que la auditoría representa una “intervención inconstitucional e ilegal”, ya que la Ley de Administración Financiera delimita la competencia de la SIGEN exclusivamente a las jurisdicciones del Poder Ejecutivo y sus organismos descentralizados.
¿Qué medidas tomará la UBA ante la decisión del Gobierno?
El Consejo Superior de la UBA ha decidido iniciar acciones judiciales para defender su autonomía. La universidad instruyó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que presente una demanda en los tribunales, argumentando que cualquier intervención del Poder Ejecutivo en sus actividades administrativas y financieras es inapropiada. El rector Gelpi expresó que acatarán “de manera irrestricta la resolución judicial”, subrayando que solo el Poder Judicial tiene la potestad de interpretar la Constitución y las leyes en casos de conflicto.
¿Qué respuesta dio el Gobierno ante la negativa de la UBA?
El Gobierno, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, criticó la reacción de la UBA y justificó la auditoría como un mecanismo necesario para garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos. Adorni comentó en sus redes sociales: “La gente merece saber en qué se gasta el dinero de sus impuestos: algunos parecen no entenderlo”. Por su parte, el presidente Javier Milei cuestionó la resistencia de la UBA a la auditoría, sugiriendo que la negativa indica irregularidades en la administración de la universidad.
¿Qué controles ya existen sobre la UBA?
La UBA asegura que ya cuenta con mecanismos de control que garantizan la transparencia de sus finanzas. Según la universidad, la Auditoría General de la Nación (AGN) se encarga de las auditorías externas, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Educación Superior, sin intervención de la SIGEN. En un comunicado titulado “SÍ a las auditorías, NO a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas”, la UBA destacó que cualquier control adicional debe respetar la autonomía consagrada en la Constitución Nacional.
¿Cuál es el contexto de esta disputa entre la UBA y el Gobierno?
El conflicto se produce en un momento de alta tensión entre el Gobierno y el sistema universitario. Recientemente, el presidente Javier Milei vetó una ley de financiamiento universitario, lo que generó protestas y medidas de fuerza en distintas universidades del país. En este clima, la decisión de auditar los gastos de la UBA ha sido interpretada por las autoridades universitarias como un intento de controlar la autonomía académica. Según la universidad, detrás de la medida existe un “ataque ideológico” que busca desacreditar el concepto de universidad pública, libre y gratuita.
Cómo sigue
El próximo lunes 28 de octubre, la SIGEN tiene previsto iniciar las auditorías en la Universidad de Buenos Aires, a pesar de la oposición de sus autoridades. Mientras tanto, la UBA seguirá adelante con las acciones judiciales para bloquear la intervención, argumentando que solo la Justicia tiene la capacidad de determinar la constitucionalidad de la medida. El desenlace de este conflicto dependerá de la resolución que emitan los tribunales en las próximas semanas.
La decisión del Gobierno de auditar a las universidades podría generar más tensiones en el ámbito educativo y abrir un debate sobre el control de los fondos públicos y la autonomía universitaria. Las medidas que adopten otras universidades nacionales ante posibles auditorías de la SIGEN serán claves para entender si este conflicto se extiende a otras instituciones o si se circunscribe únicamente a la UBA. Por ahora, la controversia pone de relieve la frágil relación entre el Gobierno y el sector educativo, en un momento de incertidumbre política y económica en Argentina.
