Diego Alejandro Almazán, un profesor de kickboxing de 37 años oriundo de Comodoro Rivadavia, permanecerá en prisión preventiva por al menos 30 días, acusado de haber abusado sexualmente de una menor de edad. El caso, que ha generado un profundo impacto en la comunidad, fue confirmado por el juez Alejandro Soñis durante una audiencia celebrada tras la detención del imputado.
El hecho ocurrió el domingo 25 de agosto en el barrio Quirno Costa, cuando la menor, después de haber sido golpeada por su madre, caminaba sola por la calle, visiblemente afectada. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Chubut (MPF), Almazán se acercó a la menor en su vehículo y le ofreció llevarla a la comisaría para denunciar la situación de violencia que había vivido. Sin embargo, lejos de cumplir con su promesa, el hombre la condujo a una zona apartada conocida como "La Caballeriza", donde se produjo el abuso sexual.
La víctima, a pesar de las graves circunstancias, logró escapar y caminó hasta el kilómetro 3, donde fue asistida por personal policial. Posteriormente, fue trasladada a un hospital local, donde se le realizaron los exámenes médicos pertinentes, los cuales confirmaron la existencia de lesiones.
La rápida actuación de la policía permitió identificar y detener a Almazán poco después, en el barrio Pietrobelli. En la audiencia realizada el lunes siguiente al incidente, el fiscal Adrián Cabral presentó los cargos de abuso sexual con acceso carnal contra Almazán. Cabral argumentó que existen "elementos de convicción para tener al imputado como probable autor del hecho", señalando la gravedad del delito y el estado de vulnerabilidad de la víctima como factores clave para solicitar la prisión preventiva.
Por su parte, el defensor público Gustavo Oyarzún, quien representa a Almazán, no cuestionó la legalidad de la detención ni la apertura de la investigación, aunque se opuso a la medida de prisión preventiva. Oyarzún argumentó que su cliente tiene un fuerte arraigo en la ciudad, lo que reduciría el riesgo de fuga, y presentó una versión de los hechos que contradecía la acusación de la Fiscalía. "El solo hecho de que sea grave no puede justificar la medida más severa", expresó Oyarzún, solicitando la libertad de su defendido o, en su defecto, el arresto domiciliario.
A pesar de los argumentos de la defensa, el juez Soñis resolvió avalar la solicitud de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva por 30 días. En su decisión, Soñis coincidió con la Fiscalía en cuanto a la gravedad del hecho y la necesidad de asegurar la presencia del imputado durante el proceso judicial, destacando la existencia de un riesgo de fuga.
Conmoción en la ciudad
El caso también generó una reacción inmediata por parte de la comunidad. La escuela de kickboxing Warriors, donde Almazán trabajaba como instructor, emitió un comunicado a través de sus redes sociales expresando su repudio hacia los hechos y anunciando que el acusado ya no formará parte de la institución. "Ante los aberrantes hechos de público conocimiento, donde se le atribuye a Diego Alejandro Almazán ser el autor de actos de violencia y abuso que atentan contra los derechos de una persona menor de edad, desde la escuela Warriors expresamos nuestro absoluto repudio por esta situación, y comunicamos que Almazán ya no forma ni formará parte de nuestra institución", señalaron.
El impacto de este caso ha sido significativo en Comodoro Rivadavia, donde la comunidad ha seguido de cerca los avances de la investigación. Mientras tanto, la menor recibe atención psicológica para enfrentar el trauma sufrido. La funcionaria de fiscalía Leila Ritta, que también participó en la audiencia, subrayó que el abuso fue cometido aprovechando la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima, lo que refuerza la gravedad de la acusación.
El proceso judicial continuará durante las próximas semanas, mientras se desarrollan las investigaciones pertinentes para esclarecer todos los detalles del caso y determinar la responsabilidad del imputado. El MPF ha adelantado que seguirá recabando pruebas para sostener la acusación y garantizar que se haga justicia en un caso que ha conmocionado a la comunidad y ha puesto de relieve la necesidad de medidas más estrictas para proteger a las personas menores de edad en situaciones de vulnerabilidad.
