A trece años de la desaparición de María Cash, un análisis detallado del caso llevó a los investigadores a regresar al inicio de la investigación: el último contacto confirmado de la diseñadora de Villa Crespo.
Ocurrió el 8 de julio de 2011, en el tramo entre las rutas 9/34 y 16, a lo largo del trayecto que va desde la rotonda de Torzalito hasta la zona de Joaquín V. González. En ese lugar se encontraba el camionero Héctor Romero, quien hoy está acusado del homicidio de Cash, y que levantó a la joven, que tenía 29 años en ese momento, mientras se dirigía a realizar una entrega de mercadería.
Luego de que se acusara al camionero, la pesquisa se enfocó en localizar el cadáver de María. El miércoles reciente, se iniciaron las operaciones de búsqueda, y los investigadores se posicionaron en la intersección de las rutas 9 y 16, específicamente en las localidades de El Galpón y Boquerón, con el objetivo de encontrar el cuerpo de la joven.
La operación de búsqueda se extendió por aproximadamente 40 kilómetros a lo largo de la ruta que Romero solía utilizar para llevar la mercancía al supermercado "Miguelito". En este marco, el fiscal del caso, Eduardo Villalba, comentó: “Nos volvimos con un dato importante para poder regresar”. Además, añadió que se trata de “un dato en concreto que ahora deberemos estudiar y analizar”.
Villalba indicó que un testigo, que no había estado involucrado anteriormente en el caso, proporcionó una declaración “muy confiable” que se alinea con las pruebas encontradas por los perros entrenados para la búsqueda.
En relación a esto, el representante del Ministerio Público anunció, sin entrar en detalles, que “es el testimonio de un hallazgo que realizó una persona del lugar, que no tiene ninguna contaminación de nada”. Agregó que esta información será añadida al expediente y se pedirá a la jueza “que nos autorice un nuevo rastrillaje, que ya lo haríamos con la gente nuestra del CIF”.
A medida que avanzan los operativos de búsqueda esta semana, Villalba está comprometido en revisar testimonios e hipótesis. Además, se anticipa que en los próximos días se llevará a cabo una inspección en la que el camionero tendrá que detallar a los investigadores cómo y en qué lugar específico de la gruta de la Difunta Correa dejó a María Cash, tal como relata su versión, antes de que ella desapareciera.
“Hay razones para ser optimista. Creemos que Romero podría romper el pacto de silencio que ha mantenido hasta ahora”, dijo Villalba.
En relación a este asunto, se anticipa que la jueza Mariela Giménez dé el visto bueno para un nuevo operativo de búsqueda y se convocará nuevamente a varios testigos para que brinden su declaración. Entre ellos se encuentran Andrés Reyes y Jesús Brito, quienes trabajan en una estación de servicio y afirmaron haber visto a la joven en el año 2011.
Reyes relató haber observado a una mujer que parecía desorientada en la ruta 34, cerca de la rotonda de Torzalito, que estaba pidiendo ayuda a los camioneros. Al acercarse, ella le aseguró que "estaba bien". Por otro lado, Brito mencionó haber visto a Cash haciendo señas para detener un auto en la carretera, portando un saquito y una mochila.
En respuesta a las especulaciones que circularon recientemente, incluyendo la aparición de un cráneo que posteriormente fue descartado como humano, el fiscal comunicó que estuvo en contacto con la familia de María Cash. “Le dije que si encontraban restos, en segundos les iba a avisar para no crear falsas expectativas”, afirmó.
Las búsquedas se realizaron en áreas boscosas densas y con abundante vegetación, lo cual, junto a las malas condiciones climáticas, complicó considerablemente las labores. Además, la geografía accidentada dificultó el acceso de los investigadores a ciertas zonas.
Además de considerar el testimonio, las operaciones de búsqueda se llevaron a cabo utilizando la información de geolocalización de las torres de telefonía móvil asociadas al celular del camionero que tuvo el último contacto con María. En estas labores de rastrillaje colaboraron Bomberos Voluntarios y de la Provincia, la Policía de Salta, la Policía Federal, Gendarmería Nacional, el Servicio Penitenciario, expertos del CIF, fuerzas del Ejército, autoridades municipales y integrantes del Sistema Federal de Búsqueda de Personas (Sifebu).