Hasta el momento, este parece ser el denominador común en todas las investigaciones penales en curso.
De Italia a Rosario
Y puede pasarles como a la pareja de italianos que de buenas a primeras esta semana se encontró con prohibición de salida del país para la bebé.
A esto se suma una serie de allanamientos que el juez que lleva el caso, el federal de Lomas de Zamora Federico Villena, ordenó el pasado viernes 1 de noviembre en la ciudad de Rosario, de donde es oriunda la madre gestante, para secuestrar historias clínicas en consultorios donde se realizó controles.
La mujer contó a personal especializado que le habían ofrecido diez millones de pesos, que el contacto fue por un grupo en redes sociales.
También precisó que ella y otras conocidas ya habían donado óvulos con anterioridad para hacerse de algo de dinero.
En su caso, vive en una zona pobre de Rosario y mantiene sola a una hija.
En una primera versión que dio de los hechos, refirió que conocía a los italianos y que accedió al pedido por solidaridad. Los investigadores sospechan que así adoctrinan a las captadas los intermediarios para que se expresen en público.
El juez Villena cuenta por el momento con un pedido de investigación del fiscal de turno Sergio Mola y la denuncia de Migraciones. Intervino porque tiene jurisdicción en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde se retuvo a la pareja de italianos, a la mujer rosarina y a la beba cuando se aprestaban a tomar un vuelo rumbo a Francia.
Pero el epicentro de todo lo ocurrido fue, también, la ciudad de Buenos Aires. A la joven se la captó en Rosario, donde se concretó la oferta pero para el procedimiento y alumbramiento se la trasladó e instaló en un departamento de la ciudad de Buenos Aires.
De hecho, se allanó la clínica privada donde dio a luz en CABA y un departamento de renta temporaria donde se alojaron los italianos y donde se informó en el Registro Civil que era el domicilio de la recién nacida, inscripta a nombre de uno de ellos y de la gestante rosarina.
Alerta desde Alemania
El 25 de enero último se sorteó en la Cámara Federal porteña una denuncia de la Cancillería argentina. Se basó en un alerta llegado desde el Consultado de Bonn, Alemania.
Allí se recepcionó una denuncia vinculada a una ciudadana de ese país de 58 años que llegó a un hospital en el Estado de Sarre, con una beba de tres meses -de nacionalidad argentina- para pedir ayuda médica.
La beba estaba muy mal de salud, su “madre” no parecía en condiciones de cuidarla cuando llegó a la guardia del sanatorio. Se llamó a la policía y en la actualidad la pequeña está al cuidado de una familia sustituta en ese país.
Fue la punta del ovillo de una megacausa que avanza en la fiscalía federal de Alejandra Mángano y en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.
La luz roja que se prendió derivó en allanamientos a escribanías, estudios de abogados y clínicas de fertilización asistida. Muchas de estas últimas alaban en sus páginas web las virtudes de la subrogación de vientre, ofrecen el servicio y remarcan que no está prohibido. También exhortan a consultar con abogados especializados.
Captación y pago
Lo que está prohibido es la captación de madres gestantes, la intermediación y el pago, que es lo que investigan en la Justicia.
En la mayoría de los casos, no se probó que las mujeres que dieron a luz tuvieran algún vínculo previo con quienes luego se llevaron a los bebés al extranjero que permitiera pensar que los procedimientos médicos de Técnicas de Reproducción Humana Asistida se hicieran por afinidad, amistad, solidaridad y “sin intermediación de personas que obtienen un beneficio económico de estas prácticas”, remarcan los investigadores consultados.
Pero más sospechoso aún: en ningún caso se dio intervención a la justicia civil y se recurrió a escribanos o abogados para que dejaran constancia de manifestaciones que hablaban de la intención de prestar el vientre sin nada material a cambio.
El “paquete”
Lo que se sabe hasta ahora en la pesquisa es que se trataría de organizaciones transnacionales dedicadas a buscar de manera específica mujeres en situación de necesidad económica para “ explotación del cuerpo” con la subrogación de vientres y la “ posterior comercialización de los y las niños/as que nacen a partir de ese método”, según dictaminó la fiscal Mángano.
Por eso el delito se encuadra en la trata de personas, de índole federal.
Hasta ahora todo apunta a un “paquete” llave en mano que se ofrecía a extranjeros llamado por ejemplo en un caso “Programa Argentina”: el servicio tenía un costo aproximado de 50.000 dólares e incluía selección de la madre gestante, “adquisición de los embriones a implantar” y todo lo necesario hasta el parto
Las mujeres gestantes -la otra cara del negocio- recibían unos 10.000 dólares.
Córdoba
En esta provincia está radicada la más avanzada de las investigaciones, debido a que ya se hicieron pedidos de declaración indagatoria a los involucrados a 14 casos de subrogación de vientre sospechosos.
Hay 9 acusados entre responsables de clínicas, abogados y médicos, de acuerdo a la investigación del fiscal
Todos argumentan que ejercían actividades que al no estar reguladas por ley, no están prohibidas. Pero la fiscalía advierte que se trataba de “un negocio criminal dedicado a la captación de mujeres, muchas de ellas vulnerables y en condiciones de pobreza, con la finalidad de ser sometidas a una explotación equiparable a la reducción a la servidumbre mediante la práctica de gestación por sustitución”
Lo ocurrido ponía en riesgo su salud y se demostró que en muchos casos apenas nacido el bebé se las libraba a su suerte.
De hecho y a diferencia de los otros casos, la investigación se abrió cuando una de las mujeres presentó graves complicaciones de salud luego de un parto y pidió ayuda.
Contexto
En algunos países como Ucrania -uno de los principales mercados de subrogación hasta que entró en guerra- todo esto es legal y hay agencias que se dedican al tema desde hace décadas. No es esa la situación en Argentina.
De hecho la Corte Suprema de Justicia acaba de dictar una sentencia en la que rechazó un pedido para que una beba nacida por subrogación en 2015 deje de figurar como hija de la mujer que la dio a luz en su partida de nacimiento y DNI.
Cómo sigue
Si se comprueba la hipótesis que guía todas las investigaciones, eventuales responsables quedarían imputados por el artículo 145 bis del Código Penal que reprime con cuatro a ocho años de prisión a quien “ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación” y “aunque mediare el consentimiento de la víctima”
También está penada la compra venta de seres humanos y “todo contrato de compra venta de personas es un crimen del que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice”.
A estas hipótesis se agregaría, a su vez, la comisión de delitos contra la fe pública por hacer insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas, en relación a los “supuestos acuerdos entre la persona gestante y los comitentes presentados por los escribanos públicos ante el Registro Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, explica la fiscalía.
