Lo que importa
- El 3 de noviembre de 1995, una serie de explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero causaron la muerte de siete personas y dejaron a más de 300 heridos, además de cuantiosos daños en la ciudad.
- La Justicia determinó que el hecho fue un atentado destinado a ocultar el contrabando de armas hacia Ecuador y Croacia. Pese a las condenas, muchas de las víctimas consideran que la reparación judicial no fue suficiente.
- Esta semana, la Legislatura de Córdoba instituyó el 3 de noviembre como “Día de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero”.
- Desde el siniestro, los ciudadanos de Río Tercero continúan reclamando justicia, y muchos aún padecen secuelas físicas y emocionales derivadas de la explosión.
- Alrededor de 10.000 personas demandaron al Estado argentino en busca de una reparación económica por los daños morales y psicológicos sufridos tras la tragedia.
Contexto
¿Qué ocurrió el 3 de noviembre de 1995 en Río Tercero?
La Fábrica Militar de Río Tercero explotó alrededor de las 8:55 de la mañana, liberando una oleada de aproximadamente 20.000 proyectiles que convirtieron a la ciudad en un escenario de devastación. Las explosiones afectaron principalmente a los barrios vecinos a la planta, reduciendo viviendas y vehículos a escombros y esparciendo esquirlas y municiones en la zona urbana. Como resultado, siete personas fallecieron, más de 300 sufrieron heridas, y miles de personas debieron ser evacuadas o decidieron autoevacuarse por temor a más detonaciones.
¿Cuál fue la reacción inicial de las autoridades?
El entonces presidente Carlos Menem acudió a la ciudad tras la explosión, calificando el incidente como un "accidente" en una conferencia de prensa. Ante la pregunta de si había sido un atentado, Menem insistió: "Es un accidente, y no un atentado. Ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra".
¿Qué determinó la justicia?
En diciembre de 2014, el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba condenó a cuatro personas por "estrago doloso seguido de muerte", y se confirmó que la explosión había sido intencional, con el fin de ocultar el contrabando de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995. Entre los condenados estuvieron altos funcionarios de Fabricaciones Militares y el director de la fábrica de Río Tercero, quienes recibieron penas de entre 10 y 13 años de prisión. Menem, quien también fue juzgado, fue sentenciado a siete años de prisión, aunque nunca cumplió la condena por sus fueros como senador.
¿Cómo impactó este hecho en la comunidad de Río Tercero?
El atentado dejó una marca profunda en la comunidad. Cerca del 10% de los habitantes decidieron dejar la ciudad por miedo a nuevos incidentes. Hoy en día, muchos aún sufren secuelas de salud, tanto físicas como psicológicas, derivadas de la explosión. Cada aniversario renueva el dolor y la indignación por la falta de justicia plena.
¿Qué simboliza la reciente ley aprobada en Córdoba?
La Legislatura de Córdoba instituyó el 3 de noviembre como el “Día de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero”. Para la legisladora Brenda Austin, esta ley representa "un acto de reparación" y honra a los activistas que han defendido la memoria y la búsqueda de justicia en la ciudad. El reconocimiento estatal es visto como un paso importante, aunque no suficiente, en la reparación del dolor colectivo.
¿Qué tipo de reparaciones se buscaron para los afectados?
Además de la búsqueda de justicia penal, unos 10.000 afectados por las explosiones demandaron al Estado argentino por los daños psicológicos y morales sufridos. Para estos fines, el Estado creó un fondo de 80 millones de dólares destinado a indemnizaciones, con un límite de hasta 50.000 dólares por persona.
Cómo sigue
Las demandas de los ciudadanos de Río Tercero seguirán orientadas a una mayor visibilidad y justicia plena, buscando que se honre a las víctimas y se reconozcan las consecuencias del atentado sobre la vida en la ciudad.
La ley de conmemoración en Córdoba es un hito en el reconocimiento del atentado, pero las víctimas continúan luchando por una reparación integral que incluya justicia efectiva y respaldo estatal.
Se espera que, con el tiempo, la reparación económica alcance a más afectados y que se mantenga viva la memoria de un hecho que marcó para siempre a Río Tercero y a sus habitantes.
