La Justicia en San Pedro inició una investigación sobre una posible estafa piramidal vinculada a una plataforma de intercambio de criptomonedas, Rainbow Exchange, que captó a miles de vecinos de la localidad. La plataforma, que opera a nivel internacional, suspendió recientemente los pagos y retiros en el país, lo que causó preocupación entre sus usuarios y activó las alarmas sobre la legalidad de sus operaciones.
En medio de la creciente "fiebre trader" que cambió la dinámica económica en San Pedro, la fiscal General de San Nicolás, Sandra Bicetti, instruyó a la fiscal local, María del Valle Viviani, para que cite a declarar al abogado Adolfo Suárez Erdaire. Suárez Erdaire, en declaraciones recientes, afirmó que un grupo significativo de inversores sanpedrinos habría sido víctima de la plataforma a través de su aplicación de compraventa de criptomonedas.
El comunicado de Rainbow Exchange y la respuesta de los usuarios
En un comunicado difundido a sus inversores, Rainbow Exchange anunció la suspensión temporal de los retiros de dinero por un período de "14 días hábiles". El texto señala que la decisión fue tomada a raíz de una intervención de las autoridades argentinas, motivada por "informes engañosos de los medios locales". Aseguraron que las operaciones habituales, como el comercio de divisas y la suscripción a ICOs, no se verán afectadas durante este período.
El mensaje, enviado el martes a los inversores, busca tranquilizar a los usuarios: “Cooperaremos plenamente con los departamentos pertinentes en la investigación [...] Una vez completada la investigación, informaremos a todos sobre los futuros planes operativos de Rainbow Exchange en Argentina". No obstante, la plataforma también dejó abierta la posibilidad de cesar sus operaciones en el país: “Si finalmente no podemos continuar operando localmente, desarrollaremos un plan de retiro ordenado para garantizar que todos los usuarios locales puedan salir exitosamente del mercado”.
A pesar de las promesas, la incertidumbre en torno a la situación financiera de los inversores sigue aumentando. “Tengo un cliente que metió US$10.000 y otro US$300.000, y la preocupación es si lo van a poder rescatar o no", comentó Suárez Erdaire en una entrevista con el canal TN, reflejando la inquietud generalizada entre los usuarios de la plataforma.
Qué fue lo que pasó en San Pedro
En los últimos meses, la localidad de San Pedro se vio envuelta en una presunta estafa piramidal relacionada con una plataforma de inversión en criptomonedas. La plataforma, conocida como Rainbow Exchange o Knight Consortium, atrajo a más de 20.000 vecinos con la promesa de generar grandes ganancias en poco tiempo. Lo que al principio parecía una oportunidad para mejorar la economía personal, se transformó en un esquema fraudulento que dejó a miles de personas en una situación de incertidumbre económica.
Detrás de la fachada de una plataforma de trading, RainbowEX no solo engañó a los usuarios con promesas de ganancias rápidas, sino que también vulneró gravemente su privacidad. La investigación reveló que la aplicación accedía a datos personales de los inversores, los cuales habrían sido vendidos en el mercado negro. Este fraude no solo expuso a las víctimas a pérdidas económicas, sino que también comprometió su seguridad al comercializar información sensible sin su consentimiento.
“La China”, como popularmente llaman los sampedrinos a la plataforma, ya era conocida desde hacía meses, pero su notoriedad explotó recientemente luego de que el programador Maximiliano Firtman publicara en la red social X que se trataba de una estafa piramidal. “Les hacen creer que ganan 1% o 2% diario con criptomonedas que ni existen. Todo es una simulación, pero la gente cree que está haciendo grandes negocios”, advirtió, dejando al descubierto el funcionamiento del esquema y la manera en que miles de personas cayeron en la trampa.
El avance de la investigación judicial
En paralelo al anuncio de la plataforma, fuentes judiciales confirmaron que Suárez Erdaire será llamado a declarar, ya que hasta el momento no se recibieron denuncias formales por parte de los supuestos damnificados. Sin embargo, el abogado afirmó en medios que representa a un grupo de más de 50 personas que habrían sido estafadas a través de Rainbow Exchange. A pesar de esto, desde la Fiscalía de San Pedro se toman con cautela sus declaraciones, ya que el letrado tiene antecedentes de no ratificar sus dichos ante la justicia.
En este contexto, la fiscalía también solicitó la colaboración del equipo especializado en ciberdelito para investigar si las operaciones de Rainbow Exchange se ajustan a la legislación argentina. “Este caso se podría encuadrar en una violación del artículo 310 del Código Penal, que penaliza la intermediación financiera sin el correcto registro dentro de la Comisión Nacional de Valores (CNV)", informaron fuentes judiciales.
El artículo 310 del Código Penal argentino establece penas de uno a cuatro años de prisión para quienes realicen actividades de intermediación financiera sin contar con la autorización pertinente. También contempla multas de dos a ocho veces el valor de las operaciones realizadas y sanciones adicionales para quienes capten ahorros del público sin la debida autorización.
En este sentido, desde la fiscalía reconocieron que están sorprendidos por la magnitud del caso y la cantidad de personas involucradas. No existe una investigación de características similares en todo el departamento judicial de San Nicolás, que incluye localidades como Arrecifes, Baradero y Capitán Sarmiento, entre otras.
La incertidumbre legal y el futuro de los inversores
Si bien la fiscalía aún está en la fase inicial de la investigación, el impacto de este caso podría ser significativo para la economía local. “El Estado va a tener que responder económicamente porque esto se transformó en la segunda economía de San Pedro", afirmó Suárez Erdaire, señalando la falta de intervención oportuna de la CNV en la supervisión de estas plataformas. Además, el abogado advirtió que la página de Rainbow Exchange continúa operando y que es "evidente que es trucha".
En medio de este clima de desconfianza, un reconocido estudio de abogados con sede en Buenos Aires y Estados Unidos adelantó que planea presentar una denuncia formal ante el fuero federal por el delito de estafa. En un mensaje enviado a La Nación, el estudio indicó que están "siguiendo el tema" y que posiblemente involucren a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) para asegurar una investigación exhaustiva.