La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló toda la causa por la que se cedió a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue un predio de 180 hectáreas registrado a nombre del Ejército Argentino, ubicado en la ladera oeste del cerro Otto, en San Carlos de Bariloche. La decisión del Máximo Tribunal se basa en que no se dio intervención a la provincia de Río Negro, cuya participación era necesaria para ejercer su derecho de defensa en el juicio.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, pone fin a una prolongada causa judicial. El 2 de febrero de 2022, la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, quien ya está jubilada, había aceptado un amparo presentado por la comunidad Millalonco Ranquehue y había dispuesto la entrega de 180 hectáreas del batallón de Montaña del Ejército al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para que se registraran a nombre de la comunidad mapuche.
El predio en cuestión está registrado a nombre del Ejército Argentino. La Corte decidió anular todo el proceso porque no se citó a la provincia de Río Negro, cuya participación era esencial para el ejercicio de su derecho de defensa en juicio.
Con el respaldo del kirchnerismo, la comunidad Millalonco Ranquehue demandó al Estado Nacional para que se les otorgara el título de propiedad comunitaria sobre las tierras que afirman ocupar de manera "actual, tradicional y pública", conforme a la resolución 1174/2012 del INAI, basada en un supuesto relevamiento técnico, jurídico y catastral realizado por el organismo.
En primera instancia, en Bariloche, se aceptó la acción de amparo y se ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que, en un plazo de 60 días a partir de que la resolución quedara firme, transfiriera a título gratuito al INAI el dominio de las tierras disputadas.
El Ejército Argentino apeló esa decisión, pero la Cámara Federal de General Roca rechazó el planteo al considerar que había sido presentado fuera del plazo procesal previsto, debido a una maniobra de funcionarios del Ministerio de Defensa del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, actualmente investigada por el fiscal Carlos Stornelli.
Ante esa decisión, tanto el Ejército Argentino como la fiscal general María Claudia Frezzini presentaron en 2023 recursos extraordinarios, que fueron denegados, lo que llevó a la presentación de quejas ante la Corte Suprema de Justicia.
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La Escuela Militar de Montaña Juan Domingo Perón
La actuación de los abogados estatales también originó una causa penal en la que fueron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La Cámara Federal de Casación Penal anuló estos procesamientos, una decisión que está recurrida ante la Corte.
El fallo de la Corte
En su reciente fallo, la Corte Suprema declaró la nulidad del trámite judicial sobre el traspaso de las tierras y determinó que se debía dar participación en el juicio a la provincia de Río Negro.
La Corte fundamentó su decisión en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, que establece que en la adjudicación de tierras a las comunidades indígenas, la Nación tiene competencias concurrentes con las provincias en las que se encuentran ubicadas dichas tierras.
Asimismo, la Corte destacó que las normas reglamentarias prevén explícitamente la participación de las provincias interesadas en los trámites de adjudicación de tierras. En este caso concreto, el INAI había decidido excluir a la provincia de Río Negro a petición de la comunidad mapuche, sin darle posteriormente la intervención necesaria en la causa judicial para que pudiera ejercer sus derechos.
El caso ha tenido múltiples idas y vueltas, incluyendo decisiones anteriores de la Corte que suspendieron la entrega de las tierras con la intervención del procurador Eduardo Casal. Además, el fiscal Carlos Stornelli fue uno de los impulsores de la persecución de los abogados que apelaron el caso fuera de término, lo que casi permitió la entrega de una parte del predio militar.
