Una banda del conurbano volvió a recurrir al método del secuestro extorsivo el mes pasado, cuando raptaron a un comerciante en La Matanza y mantuvieron una larga negociación con su familia hasta que se pagó el rescate. En los últimos días, este grupo criminal fue desmantelado, según informó el Ministerio Público Fiscal.
Entre 2002 y 2018, los secuestros fueron uno de los delitos que generaron más preocupación. Sin embargo, esta modalidad de crimen sufrió una drástica caída, pasando de 294 casos reportados en 2015 a solo 26 denuncias en todo el país el año pasado.
Seis hombres y dos mujeres fueron detenidos como presuntos responsables del secuestro de un ciudadano boliviano, quien estuvo cautivo durante cinco días hasta ser liberado tras el pago de un rescate de $4.800.000. La banda inicialmente había exigido una cifra mucho mayor: US$300.000.
Los secuestradores presentaron características que los vinculan, al menos en su modus operandi, con las bandas que operaban en la década anterior. Simulaban operativos policiales para capturar a la víctima, quien luego era trasladada a varios escondites mientras se realizaban las negociaciones para su liberación. La logística empleada por este grupo delictivo fue más sofisticada que la utilizada en los secuestros recientes, que en su mayoría se resuelven como secuestros exprés, con víctimas elegidas al azar, según las estadísticas de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada.
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de Morón, actualmente subrogado por el juez federal Juan Manuel Culotta, ordenó el procesamiento con prisión preventiva para los detenidos.
El origen del derrotero
El hecho comenzó el 20 de febrero, cuando el propietario de un negocio de venta y reparación de máquinas para costura y su pareja llegaron a su casa en Gregorio de Laferrere, en el partido de La Matanza, y fueron interceptados por varios delincuentes armados con rifles, que llevaban camperas con el logo de fuerzas policiales.
Los secuestradores incluso se hicieron pasar por miembros de “una brigada” policial durante las conversaciones con la familia de la víctima, con el fin de disuadirla de hacer la denuncia.
El pago del rescate se concretó el 22 de febrero por la tarde en la misma localidad, pero la víctima no fue liberada inmediatamente. Dos días después, el comerciante fue abandonado en Ciudad Evita, también en La Matanza.
A través del análisis de las comunicaciones entre los secuestradores, las imágenes obtenidas de cámaras de seguridad y diversas tareas de investigación en el terreno, se logró identificar a todos los responsables. Con esta información, la fiscal Mariela Labozzetta y el fiscal Santiago Marquevich solicitaron los allanamientos y detenciones, petición que fue autorizada por el juez federal Culotta.
“También se identificó el posible lugar de cautiverio: una casilla de madera en un domicilio de Monte Grande, en el sur del conurbano bonaerense. La víctima había descrito que, en la entrada, había un contrapiso de cemento portland y un suelo escarpado de contrapiso bruto”, detalló el Ministerio Público Fiscal.
Los procedimientos culminaron con la detención de todos los implicados, así como el secuestro de los vehículos involucrados, armas de fuego de alto calibre, municiones, indumentaria policial, dinero en efectivo y teléfonos móviles.
