Los puesteros y trabajadores que dependen de La Salada protagonizaron este martes una nueva jornada de protestas y movilizaciones para exigir la reapertura del complejo comercial, cerrado desde el 22 de mayo. El cierre fue dispuesto por la Justicia federal tras la detención de Jorge Castillo, conocido como el “Rey de La Salada”, acusado de liderar una maniobra de lavado de dinero y evasión impositiva en uno de los centros comerciales informales más grandes de América Latina.
Los manifestantes se concentraron desde la mañana en la municipalidad de Lomas de Zamora, donde mantuvieron una asamblea para definir las próximas acciones. Luego, una delegación integrada por representantes de las tres cooperativas que administran los principales predios de la feria —Ocean, Punta Mogotes y Urkupiña—, además de referentes de carreros, remiseros y vendedores de comida, ingresó a la sede municipal para solicitar apoyo político.
Wilson, integrante de la comisión que lidera la protesta, informó que fueron recibidos por el intendente Federico Otermín y otros funcionarios locales. “El jueves nos recibirá la fiscal Cecilia Incardona junto con autoridades del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, para que determinen la inmediata apertura de la feria”, confirmó.
Un comerciante, que prefirió no dar su nombre, defendió la formalidad de los puestos en TN: “Para ser comerciante, tenemos que ser monotributistas y pagar impuestos. Hace 10 o 15 años atrás podíamos hablar de informalidad, pero hoy no”. Sobre la detención de Castillo, aseguró: “Los comerciantes estamos ajenos a este tema, investiguen, pero no perjudiquen a la gente que trabaja”.
Isabel, otra feriante presente en la manifestación, hizo un llamado al presidente de la Nación, Javier Milei: “Necesitamos que llegue a los oídos de nuestro Presidente, que nos diga algo, porque todos acá tenemos cuatro o cinco hijos que han votado por Milei. Acá somos gente de trabajo. Que nos dé una respuesta porque estamos dudando de lo que dijo, que apoyaba a la gente de trabajo. No nos sentimos representados en este momento y sé que le va a afectar en los votos”.
Durante la protesta, se produjo un corte intermitente del tránsito en la avenida Hipólito Yrigoyen, a la altura de la calle Sáenz, lo que generó demoras en el tránsito local. No obstante, los feriantes aseguraron que por ahora no planean cortar la autopista, aunque no descartaron hacerlo en los próximos días si no obtienen una respuesta favorable.
Impacto social y la búsqueda de alternativas desde el Gobierno
El cierre de La Salada no solo afecta a los puesteros sino a miles de familias vinculadas directa e indirectamente con la feria. La Justicia federal investiga una red de lavado de dinero millonaria que implicó facturas apócrifas, empresas fantasmas y sociedades offshore, según consta en la causa judicial que derivó en la clausura del predio y la detención de Castillo y sus socios.
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó la clausura de los predios y la detención del “Rey” de la feria, mientras que la fiscal Cecilia Incardona debe definir los próximos pasos judiciales.
Según datos de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), La Salada emplea alrededor de 30.000 personas en unos 8.000 puestos de venta. Más allá de esos números, la feria sostiene una economía informal que alcanza a decenas de miles de personas, incluyendo confeccionistas, carreros, vendedores de comida, remiseros y comerciantes mayoristas y minoristas de todo el país.
La Secretaría de Comercio de los Estados Unidos había advertido que uno de los obstáculos para avanzar en acuerdos comerciales con Argentina era la persistencia de la venta de mercadería falsificada, un problema directamente asociado a La Salada.
Ante esta compleja realidad, desde el Ministerio de Seguridad nacional y la Provincia de Buenos Aires se coordina una mesa de trabajo para buscar una salida que contemple la emergencia social. Una de las alternativas evaluadas es la posibilidad de que los feriantes reubiquen sus puestos en otras zonas del municipio o en localidades cercanas, evitando así la entrega de subsidios y garantizando fuentes de ingresos para quienes dependen de esa actividad.
La situación adquiere mayor complejidad en un contexto de movilizaciones sociales previstas para los próximos días, como la marcha de jubilados frente al Congreso, que podría verse acompañada por los reclamos de los feriantes, aumentando las tensiones sociales y obligando a un fuerte operativo de seguridad.
La feria informal más grande de América Latina entre cifras y reclamos
La Salada nació en la década del 90 en el partido bonaerense de Lomas de Zamora y se convirtió en un polo comercial de indumentaria y productos a bajo costo que abastece a comerciantes de todo el país. El complejo está dividido en tres grandes ferias: Urkupiña, Punta Mogote y Ocean, que funcionan como enormes galpones con miles de puestos.
El cierre de esos predios generó un colapso en toda la cadena económica que gira en torno a la feria. “Mi queso se pudrió. Las empanadas, las carnes, todo. Tenía heladeras llenas de mercadería y a esta altura debe estar todo podrido”, relató una feriante, que tenía un puesto gastronómico dentro del predio.
Alejandro, confeccionista boliviano, explicó que “La Salada es más que una feria, es una red económica que alimenta a miles de familias. Hoy esa red está rota”. Esteban Sánchez, carrero desde hace más de una década, señaló: “Cobramos 5 o 10 mil pesos por viaje, depende la distancia, pero con el predio cerrado no hay nada para hacer. Nadie gana un mango”. Relató que antes hacía entre 10 y 15 viajes diarios, y ahora, con suerte, uno o dos.
Según la causa judicial, entre 2021 y 2025 Punta Mogote generó ingresos por 26.827 millones de pesos. En los allanamientos se secuestraron 430 millones de pesos en efectivo, más de 2,5 millones de dólares y otras monedas, y maquinaria para contar billetes. La maniobra de lavado se realizaba a través de facturas falsas, empresas fantasma y sociedades offshore.
La clausura judicial de La Salada no alcanzó a frenar la actividad en el cinturón periférico donde funcionan vendedores informales en condiciones irregulares y sin controles, lo que contribuye a la confusión sobre el alcance del fenómeno.
La detención de Castillo y el cierre del complejo evidencian una doble realidad: mientras avanza la investigación por delitos económicos, miles de familias reclaman por su subsistencia, atrapadas en un conflicto que aún no encuentra salida definitiva.
