Más allá de la discusión acerca de cuál debe ser el medio a través del cual se perciben las prestaciones sociales y de la conveniencia de que sus titulares puedan optar entre entidades bancarias y billeteras digitales, existe una cuestión que requiere una respuesta urgente. Las condiciones en las que los beneficiarios acceden al crédito distan de ser equitativas. Quienes perciben prestaciones periódicas de ANSES cuentan con un flujo de ingresos regular, periódico y verificable, una característica que debería reflejarse en mejores condiciones de acceso al crédito y no en un mayor costo financiero.
El proyecto que presentamos en estos días parte de esa realidad y encomienda al Banco Central la adopción de las medidas necesarias para que esa previsibilidad sea considerada al evaluar la capacidad de pago y el riesgo crediticio, junto con criterios destinados a prevenir el sobreendeudamiento.
Las billeteras virtuales ampliaron la inclusión financiera de millones de argentinos y, a partir de los cambios implementados por el Gobierno de Javier Milei en 2024, adquirieron además un peso creciente como canal de pago de prestaciones sociales.
La posibilidad jurídica existía desde 2019, cuando una resolución de ANSES habilitó el pago de prestaciones de la seguridad social mediante cuentas virtuales. Sin embargo, fue recién en 2024 cuando la nueva gestión volvió operativa esa posibilidad para un conjunto amplio de prestaciones y permitió que millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo y otros programas pudieran elegir directamente una billetera virtual como medio de cobro.
El resultado fue inmediato. En poco más de un año, las billeteras virtuales pasaron de ocupar un lugar marginal en el pago de prestaciones sociales a convertirse en uno de sus principales canales. En octubre de 2025, el Ranking de Agentes Pagadores de ANSES registró casi 13 millones de pagos correspondientes a prestaciones activas. Mercado Libre canalizó 1.832.949, un volumen que la ubicó detrás del Banco Nación y por encima de entidades tradicionales como el Banco Provincia y el Banco Macro.
Un estudio elaborado por Cecilia de Mendoza y Marcos M. Orteu, de la Universidad Torcuato Di Tella, estimó que cerca de 1,8 millones de beneficiarios habían elegido Mercado Pago para recibir prestaciones sociales. Esa cifra representaba alrededor del 14% del universo analizado.
La propia empresa informó durante 2025 que más de 1,1 millones de personas cobraban prestaciones de ANSES a través de su plataforma, que más de 860.000 habían invertido parte de esos fondos y que ocho de cada diez declaraban que era la primera vez que obtenían rendimientos por su dinero.
ANSES y Mercado Pago
Partiendo de estos datos y considerando los montos de las prestaciones vigentes al mes de julio de este año, puede deducirse que durante ese período ANSES habría incorporado al ecosistema de Mercado Pago $281.000 millones por la AUH, $108.000 millones por la Prestación Alimentar y $15.000 millones por el Programa Mil Días. Bajo estos supuestos, el Estado Nacional habría depositado durante ese mes en cuentas de esta billetera alrededor de $404.000 millones, equivalentes a unos U$S 270 millones tomando un tipo de cambio de $1.500 por dólar. Anualizado, este flujo representaría aproximadamente $4,8 billones, o unos U$S 3.200 millones. En otros términos, de mantenerse constantes estos valores, las transferencias estatales vinculadas exclusivamente con estas prestaciones representarían un flujo anual hacia cuentas de Mercado Pago superior a los U$S 3.000 millones. La propia empresa reconoce, además, que el 98% de los fondos que ingresan a su ecosistema permanece dentro de él.
¿Qué hace la empresa con esos fondos que permanecen en su ecosistema, como si fueran depósitos bancarios? Los presta. ¿A quiénes? En muchísimos casos, a los propios titulares de esas prestaciones, que muchas veces deben endeudarse para cubrir el incremento de los costos fijos del hogar y el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos sociales. ¿Y en qué condiciones? En las peores: con tasas que pueden alcanzar el 700% de Costo Financiero Total Anual. Es decir, recibe fondos por los que paga una tasa cercana al 20% anual y luego otorga créditos a tasas siderales a quienes le proveen ese fondeo.
En estos días se discute cuál debe ser el estatus del Banco Central. Se debate su grado de independencia y cuáles deben ser sus objetivos. Sin embargo, en esa discusión suelen quedar relegados problemas concretos que afectan a millones de argentinos, como el acceso al crédito en condiciones justas para quienes perciben prestaciones sociales.
El sistema actual resulta profundamente inequitativo. Se han verificado brechas superiores a los 500 puntos porcentuales entre las tasas que pagan personas ubicadas en extremos opuestos de la pirámide de ingresos. Los principales perjudicados son justamente quienes cobran prestaciones contributivas y no contributivas de la seguridad social o programas de transferencia de ingresos como la AUH, la Prestación Alimentar o el Programa Mil Días.
Alto riesgo
Estas personas cuentan con un flujo de ingresos regular, periódico y verificable. La entidad donde cobran sabe que ese ingreso existe y que volverá a acreditarse mes a mes. Esa previsibilidad debería tener un valor objetivo al momento de evaluar el riesgo crediticio. Sin embargo, quienes trabajan en la informalidad o carecen de historial bancario continúan siendo considerados clientes de alto riesgo, aun cuando perciban todos los meses una prestación garantizada por el Estado.
El resultado es paradójico: quienes tienen menor capacidad económica terminan pagando más caro el acceso al crédito pese a contar con un ingreso estable. Esa injusticia es la que busca corregir el proyecto que presentamos en el Congreso.
La iniciativa no fija una tasa de interés desde el Congreso. Encomienda al Banco Central establecer las medidas regulatorias, operativas y prudenciales necesarias para promover mejores condiciones de acceso al crédito. Entre otras cuestiones, proponemos que la regularidad, periodicidad y previsibilidad de las prestaciones sean consideradas positivamente al evaluar la capacidad de pago y el riesgo crediticio; que el otorgamiento de préstamos respete criterios de proporcionalidad entre cuotas e ingresos; que se establezcan límites para prevenir el sobreendeudamiento; que la condición socioeconómica, la informalidad laboral o el carácter asistencial de los ingresos no funcionen por sí solos como factores de penalización y que existan reglas claras para evitar refinanciaciones abusivas y proteger a los usuarios.
La discusión alcanza también a la forma en que hoy se decide buena parte del crédito digital. Cada vez más préstamos son aprobados, rechazados o tarifados mediante algoritmos que permiten procesar enormes volúmenes de información. Esa tecnología puede ampliar el acceso al crédito, pero también reproducir desigualdades cuando pondera negativamente variables asociadas a la informalidad o al nivel socioeconómico, asignando tasas mucho más altas a personas que, al mismo tiempo, cuentan con un ingreso mensual regular y perfectamente conocido.
Las fintech hicieron algo que el sistema financiero tradicional no había conseguido con la misma velocidad: acercaron servicios financieros a millones de personas, simplificaron pagos y redujeron barreras de entrada. Pero sería un error creer que las fuertes inequidades que puede generar esa transformación deban ser aceptadas sin regulación.
Las empresas privadas funcionan dentro de las reglas existentes, desarrollan productos, compiten y buscan rentabilidad. Es su naturaleza. La responsabilidad de establecer límites cuando esos productos alcanzan a titulares de prestaciones sociales corresponde al Estado.
Necesitamos más inclusión financiera. Pero no alcanza con que una persona pueda abrir una cuenta, invertir un pequeño saldo o pedir un préstamo desde el celular. Para que sea realmente inclusiva también debe garantizar acceso al crédito en condiciones transparentes, razonables y compatibles con la capacidad de pago.
Las billeteras hicieron su parte. Ahora les corresponde al Gobierno, al Banco Central y al Congreso hacer la suya. Si fue el propio Estado el que promovió estos canales para el pago de prestaciones sociales, también debe garantizar que quienes cobran por ellos no terminen financiando un negocio basado en tasas desproporcionadas y endeudamiento permanente.
Porque, en definitiva, la culpa no es del chancho sino del que le da de comer. El Estado permitió que los beneficiarios pudieran elegir el medio de cobro, pero también tiene la obligación de protegerlos frente a posibles abusos. En el marco de una profunda crisis del consumo y de creciente endeudamiento de las familias, el Gobierno, a través del Banco Central, tiene la responsabilidad de fijar reglas que impidan que millones de argentinos paguen tasas usurarias simplemente para llegar a fin de mes.
