Hoy, la Justicia argentina vive uno de esos momentos de tensión que parecen definir el futuro político del país. El dictamen del procurador Eduardo Casal, que acaba de firmar y que pesa como una losa sobre Cristina Fernández de Kirchner, no es un dato menor: propone duplicar la condena, de seis a doce años, bajo la acusación de asociación ilícita, señalándola como parte de una organización criminal. Es un término fuerte, y en la jerga legal no fácil de probar. Pero en este caso, el Ministerio Público Fiscal está convencido, y el procurador lo refrenda. La pelota ahora está en la cancha de la Corte Suprema.
La Corte tiene en sus manos tres caminos: abrir el recurso de queja y analizar a fondo la causa, rechazarlo sin más trámite o devolver la causa para una nueva revisión. Ninguno de estos caminos es sencillo ni está exento de polémicas. Se habla de plazos sin fecha, de un tribunal que puede alargar el debate hasta después de las elecciones o hasta cuando quiera, y de la figura del doble conforme que complica aún más las posibilidades de freno.
Lo cierto es que Cristina Fernández de Kirchner, con este dictamen firme, enfrenta una situación judicial mucho más grave que ayer. La amenaza real de una condena definitiva, con una pena privativa de libertad, está sobre la mesa. Pero lo que se está por decidir no es sólo el recurso del fiscal: acá lo que está en juego son los recursos de las defensas -incluida la de CFK-, que si son rechazados eso también puede definir la situación de la ex presidente. En resumen: un fiscal que acaba de pedir que dupliquen la pena y la condenen por asociación ilícita, mientras que la Corte ya se encuentra en condiciones de resolver tanto el recurso del fiscal como el recurso de su defensa contra la condena por defraudación.
Incluso si la Corte rechazara el recurso del fiscal, frustrando la posibilidad de agravar su condena, hasta tanto no resuelva el recurso de la defensa, no puede haber sentencia firme ni aplicación de la pena de inhabilitación que afectaría el juego electoral. Si deciden no intervenir y dejar firme la sentencia así cómo está, sin asociación ilícita, también Cristina Kirchner tendría que cumplir una pena privativa de la libertad.
Mientras tanto, la Justicia no deja de girar, también, en torno a otras investigaciones que apuntan a la figura de Javier Milei. El escándalo de Libra y las extrañas visitas a la residencia presidencial suman una sombra de sospecha en la gestión que promete cambios radicales.
Este momento pone en evidencia algo fundamental: la Justicia argentina está en una encrucijada política y judicial de altísima tensión. No solo está en juego el destino de dos figuras emblemáticas, sino también la confianza ciudadana en el sistema judicial, la transparencia y el equilibrio entre los poderes.
¿Qué hará la Corte? ¿Optará por una resolución rápida que despeje la incertidumbre o dejará que la causa se prolongue, alimentando la polémica y el desgaste? ¿Podrá la política mantenerse al margen de esta pulseada judicial o seguirá inyectando más combustible al fuego?
Por ahora, la única certeza es que estamos ante una semana clave, una en la que los silencios, las decisiones y los tiempos judiciales marcarán un rumbo que difícilmente pase desapercibido. Y que, como siempre, la sociedad seguirá atenta, entre la esperanza y la frustración, esperando que la justicia no se convierta en otro espacio de grieta, sino en la garantía de que la ley es para todos, sin excepciones ni privilegios.
