La directora nacional de Ordenamiento Territorial, Paola Florio, analizó los desafíos del crecimiento urbano y el acceso a la vivienda en Uruguay. En diálogo con el programa Café y Negocios, emitido por el streaming de El Observador, la jerarca se refirió a los procesos de vaciamiento de las áreas centrales y el consiguiente desplazamiento de la población hacia la periferia metropolitana y el corredor este.
Durante la entrevista, Florio detalló que, según los datos del censo de 2023, en el país existen unas 323.000 viviendas desocupadas, mientras que el déficit habitacional se estima en unas 60.000 unidades. "No es la cantidad de viviendas que necesitamos, sino qué viviendas, cuáles, de dónde están ubicadas y en qué condiciones están también", explicó la jerarca respecto a esta asimetría.
Al evaluar la expansión de ciudades como Ciudad de la Costa, cuyo crecimiento demográfico se duplicó en los últimos 30 años, Florio destacó la necesidad de adelantarse mediante políticas de Estado y evitar el desorden territorial. En ese sentido, sostuvo que "uno tiene que empezar a hablar del costo de la no planificación, que muchas veces este no se tiene en cuenta y es en definitiva lo que genera de alguna manera muchos de los conflictos territoriales que tenemos".
Para la jerarca, la gestión eficiente de las ciudades depende de una fuerte articulación entre el sector público y el privado, especialmente para comprender los motivos detrás de la desocupación de inmuebles y desestimular la especulación inmobiliaria. Según explicó, la búsqueda de espacios verdes tras la pandemia de COVID-19 y la preocupación por la seguridad son los principales factores que impulsan a la población a trasladarse.
Finalmente, la funcionaria detalló que actualmente el 94% del suelo nacional es rural y solo un 3% es urbano o suburbano, lo que demuestra la alta concentración de la población en áreas específicas. Florio concluyó que el ordenamiento territorial no debe verse como un obstáculo para los desarrolladores, sino como una herramienta para coordinar de forma sostenible las inversiones privadas y los servicios públicos esenciales.
