La Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), gremial con 37 años en el país, en conjunto con la intergremial de cámaras inmobiliarias, ha promovido un proyecto de ley para que se regula la actividad de los operadores inmobiliarios, buscando darle mayor transparencia, formalidad y seguridad jurídica al sector.
Brindar transparencia, dar igualdad de oportunidades a todos los participantes del mercado.
Evitar la competencia desleal y que sean todos iguales ante la ley, proteger los derechos de los trabajadores, evitar el lavado de activos.
Fomenta la formalidad ante BPS y DGI, incrementa la recaudación de la DGI, incrementa los aportes sociales de los trabajadores, aumenta la transparencia del mercado, formaliza la actividad ante la SENACLAFT, entre otros beneficios para el sector y el país. No hay espacio para el trabajo informal. Si es operador inmobiliario, es formal, si es informal, no puede ser operador inmobiliario.
Garantizar por ley la libertad del cliente de comprar y vender como quiera, sin que tenga que participar un operador inmobiliario. Si participa un operador inmobiliario, la ley obliga a que sea formal, registrado y capacitado debidamente.
Que cualquiera que cumpla con los registros formales, y la capacitación requerida, pueda ejercer como operador inmobiliario. La ley contempla a todos. A todos los que trabajan formalmente. No hay razón para oponerse. Salvo que, a alguno de los actores del mercado, la formalidad le incomode. Se busca incluir y no excluir a nadie.
¿Está la ley en contra de franquicias o cualquier nueva forma de ejercer la profesión inmobiliaria?
Definitivamente y absolutamente no. La ley incluye a todas las formas de trabajo posibles, dependencia, independencia, servicios unipersonales, franquicias, etc. Todos están comprendidos. Todos pueden ser operadores inmobiliarios. Es una ley sencilla pero muy importante y es clave para el sector.
Las franquicias y sus tercerizados, están incluidas en este proyecto de ley, siempre que trabajen dentro del marco normativo del país, y con agentes con demostrados antecedentes, capacitados y con razón jurídica abierta e inscripta.
La ley es Igual que para todos. Ni mejor ni peor que para nadie. Dentro de la ley todo. Fuera de la ley nada.
Para ser asesor financiero en Uruguay, hay que tener licencia ante el BCU, para ser chofer de UBER hay que tener licencia de conducir profesional y estar registrado ante la intendencia correspondiente, para ser rematador público, hay que tener registro habilitante. Y para ser operador inmobiliario, es imprescindible estar capacitado y registrado ante las autoridades nacionales.
La ley busca contemplar esencialmente esto. No restringe. Formaliza.
¿La ley limita el acceso a nuevos operadores inmobiliarios en el futuro?
Definitivamente no. El registro de operadores esta siempre abierto.
¿Tener una ley es un respaldo a la SENACLAFT y a la prevención del lavado de activos?
Definitivamente SI. El operador inmobiliario es un sujeto obligado ante la ley de prevención de lavado de activos y prevención del terrorismo, y obliga a todos los operadores a trabajar formalmente, es un respaldo a la SENACLAFT, y su trabajo.
El proyecto de ley del operador inmobiliario está previsto tratarse por la Cámara de Diputados el martes 7 de mayo, y se erige como una herramienta fundamental para el sector inmobiliario.
Consultados al respecto, la presidenta de la CIU, Beatriz Carámbula, dijo que “la esencia de esta propuesta legislativa radica en varios objetivos”. Entre los que enumeró que “busca establecer un registro de operadores inmobiliarios formales que garantice el desarrollo y formalidad del sector.
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La iniciativa, que cumplió varios pasos en el Parlamento, siendo presentada por el sector inmobiliario, estudiada por la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados, allí fue aprobada por unanimidad y será tratada por el plenario del Parlamento, el que ya ha expresado su voluntad de aprobarla. Desde la CIU han destacado que este proyecto cuenta con un amplio y diverso respaldo institucional, entre otros, de la confederación de cámaras Empresariales, además de los operadores nucleados en la CIU, con todas sus cámaras asociadas del interior, los de la Asociación de Agentes inmobiliarios del Uruguay, el Colegio de administradores de propiedad horizontal y la Cámara Inmobiliaria Punta del Este Maldonado , legisladores de todas las fuerzas políticas, así como instituciones como la SENACLAFT, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y el Ministerio de Vivienda, entre otros.
Por su parte, Carámbula señaló que una normativa de este tipo pone a Uruguay en el primer mundo y recordó que “a nivel internacional la regulación del sector inmobiliario es común en muchos países, lo que demuestra la necesidad de Uruguay de adecuarse a estándares globales”. Además, subrayó que “esta ley no solo respeta los antecedentes y la actividad actual de los operadores inmobiliarios, sino que también garantiza un acceso abierto a la profesión en el futuro, siempre que se cumplan los requisitos de formalidad y capacitación”.
La promulgación de esta ley no solo fomenta la competencia leal y la formalidad, sino que también fortalece la lucha contra el lavado de activos al hacer que los operadores inmobiliarios sean sujetos obligados ante la ley de prevención de lavado de activos y prevención del terrorismo.
Para la titular de la CIU “el proyecto de Ley del Operador Inmobiliario representa un paso crucial hacia un sector inmobiliario más transparente, competitivo y seguro” y “su instrumentación no solo beneficiará a los trabajadores y clientes del mercado inmobiliario uruguayo, sino que también consolidará el compromiso del país con estándares internacionales de regulación y transparencia”.
