“En esto la competencia conlleva muchos beneficios para los usuarios. La competencia trae mejores precios, mejor oferta de servicios, etcétera, pero más aún en este caso el poder acceder a depósitos del sector público permitiría aumentar el crédito en moneda nacional”, dijo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.
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Limitaciones para ampliar el crédito
Mainzer vinculó este planteo con el nivel de crédito en Uruguay y explicó que los bancos privados actualmente utilizan los depósitos en pesos para otorgar préstamos, pero consideran que existen limitaciones para ampliar el crédito en moneda nacional.
“Los bancos privados hoy prestamos todos los depósitos que recibimos en pesos. Hablamos de que hay un problema de crédito; el crédito aumentó muchísimo y mucho más rápido de lo que ha crecido la economía, pero el crédito en Uruguay sigue siendo bajo. Hoy en día es el 34% del PBI; por más que el crédito en Uruguay haya crecido, y mucho en los últimos cinco años –un 60 %–, sigue siendo bajo. Los bancos privados no tenemos capacidad para aumentar el crédito en pesos”, expresó según la versión taquigráfica de la Comisión a la que accedió El Observador.
La directora ejecutiva explicó que, ante las limitaciones para ampliar los préstamos en pesos, los bancos privados deben recurrir a su patrimonio y emitir certificados de depósito para obtener más recursos.
“¿Por qué? Porque por cada peso de depósito se realizan los encajes obligatorios y todo lo demás se presta. Como no alcanza, los bancos privados ponen su patrimonio para prestar más y emiten certificados de depósito para poder tener acceso a más pesos. Entonces, el poder acceder a estos pesos permitiría aumentar el crédito en moneda nacional”, sostuvo.
Además, Mainzer planteó que algunas de estas disposiciones podrían entrar en contradicción con acuerdos bilaterales de Uruguay con países donde los bancos privados tienen sus casas matrices, así como con compromisos asumidos en el marco del Mercosur.
Según indicó, el planteo ya fue trasladado al Ministerio de Economía y Finanzas.
Por otra parte, recordó que el Banco de Seguros del Estado cuenta con una excepción legal que le permite invertir en bancos privados para administrar sus inversiones.
“El Banco de Seguros del Estado, dado que tiene que manejar muy bien sus inversiones, es el único que explícitamente por ley puede invertir en bancos privados, justamente, para poder hacer un mejor manejo. Nosotros ya tenemos una experiencia muy exitosa en la que por necesidad de mercado se lo permitieron”, afirmó.
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Un cambio que quedó por el camino
El planteo de habilitar a los organismos públicos a depositar sus fondos en bancos privados había sido incluido por el anterior gobierno en el proyecto de Rendición de Cuentas de 2020, presentado en 2021.
El artículo 281 proponía modificar la normativa vigente para establecer que los depósitos de fondos de las instituciones públicas pudieran realizarse, sin excepción, en bancos autorizados a funcionar en Uruguay.
La redacción vigente establecía, en cambio, que los recursos debían depositarse en bancos del Estado, aunque permitía al Poder Ejecutivo autorizar excepciones en instituciones financieras no estatales cuando existieran razones debidamente fundadas.
La propuesta planteaba así un cambio respecto a la normativa vigente, al ampliar a la banca privada el acceso a los depósitos de las instituciones públicas.
El objetivo de aquella modificación, según las autoridades de gobierno de ese entonces, era fomentar una mayor competencia en un segmento del mercado que tenía restricciones para el ingreso de algunos agentes. La propuesta buscaba que las instituciones públicas pudieran elegir libremente dónde depositar sus fondos y negociar mejores condiciones.
La iniciativa del Poder Ejecutivo cosechó por entonces críticas de legisladores del Frente Amplio, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. También fue cuestionada por la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU).
Finalmente, tras la comparecencia de las autoridades económicas ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, los partidos de la coalición acordaron por unanimidad retirar el artículo, dejando sin efecto la modificación regulatoria propuesta años atrás.
“Es una buena cosa”
El senador del Partido Nacional Sergio Botana consideró razonable el planteo de la gremial de bancos respecto a las diferencias existentes con el Banco República.
Botana señaló en Comisión que el BROU compite con los bancos privados y que no considera negativo que exista esa competencia. También destacó que las instituciones privadas están reguladas por el Banco Central y cuentan con controles que se han incrementado, especialmente desde la crisis de 2002.
Desde el punto de vista de la administración de los organismos públicos, sostuvo que acceder a servicios en un marco de competencia puede ser beneficioso y favorecer la economía de esas instituciones.
“Es una buena cosa; le va a hacer bien a la economía de los organismos del sector público tener esa oportunidad. Es más, seguramente el beneficio de esa competencia termine siendo mayor que la pérdida que pueda tener el Estado en el Banco República o en la transferencia que el Banco República pueda hacer. De hecho, el Banco República tiene el monopolio en alguno de estos aspectos, ya que hay lugares –un montón de localidades del país– en los que tiene el mercado cautivo porque es el único banco presente.”
“Me parece bueno trasladárselo al Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco Central, de modo de que, por lo menos, evalúen su incorporación”, expresó el legislador.
El segundo planteo de la ABPU estuvo relacionado con la prelación de los créditos sobre salarios y pasividades.
Mainzer recordó que la ley 17.829 establece un orden de prioridad para las retenciones: primero se encuentran las pensiones alimenticias, luego las garantías de alquiler, la cuota sindical y, posteriormente, los créditos del Banco República. Los créditos otorgados por los bancos privados aparecen en el último lugar.
Según explicó, este orden hace que en la práctica la herramienta sea poco efectiva para la banca privada. Por ejemplo, si una persona toma primero un crédito en un banco privado y luego adquiere un crédito en el BROU y una garantía de alquiler, los descuentos correspondientes al BROU y al alquiler pueden ocupar el margen disponible del salario y dejar sin posibilidad de cobro al banco privado.
Mainzer también señaló que Uruguay presenta una particularidad en este sentido, ya que el crédito al consumo tiene prioridad sobre el crédito hipotecario.
Como alternativa, planteó eliminar el actual orden de prelación y establecer que los créditos tengan prioridad según el orden en que fueron tomados, aunque consideró que el crédito hipotecario debería mantener una posición prioritaria.
