El Directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) dispuso la disolución y liquidación en sede administrativa de GBU (Grupo Bursátil Uruguayo) Sociedad de Bolsa S.A., una firma que ya tenía sus actividades suspendidas por el organismo regulador.
La medida marca el cierre de un proceso que comenzó en enero de 2025, cuando el BCU ordenó la intervención preventiva de la empresa, suspendió sus operaciones, sustituyó a sus autoridades e inmovilizó tanto sus activos propios como los de sus clientes. Más adelante, en marzo de ese mismo año, el regulador le retiró la autorización para funcionar tras constatar diversos incumplimientos normativos.
La decisión de disolver la entidad responde a una crítica situación de insolvencia patrimonial. Según las investigaciones de la Superintendencia de Servicios Financieros, las maniobras que originaron el agujero financiero ocurrieron en 2019, pero recién se detectaron tras la cancelación de sus actividades. Esto ocurrió porque la firma falsificó estados de cuenta de clientes —en particular de la empresa Gorriti S.A.— y cambió su sistema operativo para borrar el rastro de las operaciones pasadas.
Al lograr recuperar y poner en marcha el sistema informático original, las autoridades pudieron reconstruir los movimientos reales. Allí se confirmó la sustracción de U$S 21.150.000 a Gorriti S.A., lo que generó un descalce financiero por el mismo monto. Como los fondos propios y el patrimonio de GBU no alcanzan para saldar esa deuda, el BCU advirtió que la devolución de los valores a los afectados estará sujeta a las disponibilidades existentes.
Finalmente, el Banco Central encomendó notificar formalmente esta resolución a la liquidadora designada, a la propia sociedad de bolsa y a sus accionistas, Álvaro Correa y María Lestido.