Para la ministra, la experiencia acumulada permite evaluar estos sistemas, mejorar los procesos y avanzar sobre la evidencia.
Pero innovar no significa flexibilizar los estándares. “En la vivienda pública la calidad no es discrecional”, sostuvo. Todas las soluciones deben cumplir con estándares de habitabilidad, seguridad y durabilidad, independientemente del material con el que se construyan.
Los sistemas constructivos no tradicionales, incluidos los sistemas en madera, deben contar además con el aval técnico del Ministerio para poder utilizarse en los programas públicos, señaló.
En esa línea, Paseyro señaló que en 2025 se volvió a integrar la Comisión Honoraria de la Madera y que actualmente se trabaja junto al Ministerio de Transporte y Obras Públicas en una memoria constructiva general para la construcción en madera nacional. El objetivo es contar con criterios técnicos comunes que permitan garantizar la calidad y, al mismo tiempo, generar mejores condiciones para ampliar su utilización.
La innovación también fue vinculada por la ministra con una oportunidad productiva para el país. Uruguay tiene más de un millón de hectáreas de bosque plantado, de las cuales el 30% se destina a madera sólida, y una cadena forestal desarrollada.
Incorporar más madera a la construcción, planteó, permite agregar valor a la producción dentro del país, desarrollar nuevas capacidades, generar empleo y reducir tiempos de obra.
Pero la innovación, según Paseyro, no se limita a los materiales. También implica mejorar la calidad de los proyectos y pensar las soluciones habitacionales a partir de las formas de habitar actuales.
Cuando el Estado licita viviendas, sostuvo, la eficiencia en el uso de los recursos públicos no puede medirse únicamente por el costo por vivienda o por la cantidad de unidades construidas. También debe considerar la calidad arquitectónica, la habitabilidad, la funcionalidad de los espacios y su capacidad de responder a las familias a lo largo del tiempo.
“Al Ministerio le corresponde ejercer la rectoría, definir estándares y establecer las condiciones para garantizar esa calidad”, afirmó. Al mismo tiempo, planteó la necesidad de contar con el sector privado para aportar capacidad técnica, conocimiento y capacidad de innovación.
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La vivienda pública como inversión
Otro de los planteos de Paseyro fue la necesidad de mirar la vivienda social más allá del gasto que implica para el Estado.
“La vivienda tiene efectos que van mucho más allá de la propia vivienda”, sostuvo.
Como ejemplo mencionó los 26 edificios de vivienda pública proyectados para 2030, con una inversión aproximada de US$ 115 millones. Antes de que una familia reciba las llaves, explicó, cada uno de esos proyectos habrá movilizado una licitación, empresas constructoras, proveedores de materiales, transporte, servicios profesionales y trabajadores de distintas áreas.
“La inversión en vivienda no termina en la vivienda, moviliza empleo y una extensa cadena de actividad económica”, afirmó.
Paseyro extendió esa mirada al cooperativismo de vivienda, una herramienta que Uruguay sostiene desde hace décadas y que, según señaló, moviliza recursos, trabajo y producción en todo el país.
Desde que asumió el actual gobierno y hasta junio de este año se terminaron más de 3.000 viviendas cooperativas y hay más de 5.800 en ejecución. El programa cooperativo concentra más del 50% de los recursos del Ministerio de Vivienda.
También destacó el régimen de vivienda promovida. Desde su creación en 2011, dijo, movilizó más de US$ 5.171 millones en la construcción de 32.500 viviendas.
En 2025 ingresaron 326 proyectos, que representan 15.281 viviendas, el mayor volumen anual desde la creación del régimen y un 32% más de proyectos que en 2024.
Paseyro destacó además que el 60% de esos proyectos son emprendimientos de hasta 20 viviendas y que Montevideo, que históricamente concentraba el 65% de los proyectos, pasó a representar aproximadamente la mitad.
La ministra de Vivienda, Tamara Paseyro.
Gastón Britos / Foco Uy
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Ordenar el territorio es más que decidir dónde construir
Otro eje de la exposición fue el ordenamiento territorial. Para Paseyro, reducirlo a una cuestión de mapas, permisos y restricciones deja fuera una parte central de su función.
“Ordenar el territorio necesita de todo eso, pero es mucho más que eso”, señaló.
La planificación territorial, explicó, implica anticipar cómo se quiere que crezcan las ciudades y pensar dónde se necesita vivienda, pero también dónde están el trabajo, el transporte, la educación y los servicios de infraestructura.
“Porque qué construimos importa tanto como dónde construimos”, afirmó.
Paseyro señaló que Uruguay tiene ciudades que se expanden mientras, al mismo tiempo, se vacían áreas que ya cuentan con infraestructura y servicios. Como ejemplo mencionó Ciudad Vieja, donde en las últimas cinco décadas se perdió más del 60% de la población.
La pregunta que planteó fue si tiene sentido seguir extendiendo las ciudades y llevando infraestructura cada vez más lejos mientras existen suelos e inmuebles subutilizados en áreas consolidadas.
En esa línea, el Ministerio puso en marcha el Laboratorio de Economía Urbana, Circular y Gestión Territorial, que comenzó a trabajar en Minas y Paso de los Toros. El objetivo es desarrollar herramientas para recuperar y reutilizar inmuebles y áreas urbanas vacantes y generar nuevas oportunidades de acceso a la vivienda.
La experiencia funciona como un piloto que busca sentar las bases para una política de alcance nacional.
El planteo se complementa con uno de los objetivos del plan quinquenal: trabajar en una nueva estrategia nacional de acceso al suelo urbano junto a los gobiernos departamentales y avanzar en la construcción de carteras de tierras que permitan disponer de suelo donde y cuando la política habitacional lo necesita.
Para Paseyro, hacer política de vivienda requiere suelo disponible, bien localizado y en el momento adecuado. Por eso, sostuvo, planificar el territorio no consiste solamente en establecer límites, sino en generar condiciones para un desarrollo más integrado, sostenible y eficiente.
