La Unidad de Defensa del Consumidor del MEF puede aplicar penas económicas de hasta $ 6,9 millones
Comercios y establecimientos recibieron 150 multas por más de $ 8,5 millones en los últimos tres años por diferentes quejas de consumidores. También hubo otras empresas sancionadas, aunque sin pena económica.
La Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía (MEF) actualizó información de las empresas sancionadas tal como prevé la ley de relaciones de consumo.
En 2021 se aplicaron 72 sanciones a empresas y en 54 casos las penas fueron económicas. Hubo apercibimientos por cobrar precios mayores a los acordados, precios no informados y ofertas con información contradictoria.
Dentro de los 54 hubo multas por publicidad engañosa, información insuficiente o incomparecencias cuando las empresas fueron citadas por la unidad del MEF para buscar un acuerdo con el cliente que efectuó la denuncia. La sanción más alta fue aplicada a un supermercado por aportar información no veraz y fue de $ 326.800.
Además hubo multas a farmacias, bancos, un club deportivo, una casa de ropa deportiva, una financiera y casas de electrodomésticos, entre otros establecimientos.
En total fueron sanciones por $ 2,9 millones.
Al año siguiente la Unidad de Defensa del Consumidor aplicó 68. Hubo apercibimientos por información insuficiente, publicidad engañosa y garantía sin certificado. Además un grupo de empresas recibió multas por incomparecencia, práctica abusiva, publicidad engañosa y rotulado de calzado. La pena económica más onerosa la recibió una tienda online por incumplimiento de oferta. Fue por $ 254.773,90.
También se sancionó a un local de venta de colchones y sommiers, locales de venta de calzado, agencias de viaje, aerolíneas, farmacias y casas de electrodomésticos.
Las multas totales fueron por $ 2.7 millones.
En 2023 se aplicaron 116 sanciones con un aumento de 70% respecto a 2022. Las que no tuvieron castigo económico fueron por no aportar información solicitada, información insuficiente, precio no informado y rotulado de calzado.
En el año hubo 45 multas. Un porcentaje alto correspondió a incomparecencias, pero también hubo por derecho de arrepentimiento no respetado, práctica abusiva y rotulado de productos envasados. La más alta se aplicó a una empresa de venta de electrodomésticos, construcción y ferretería y fue por cobrar a un precio mayor al ofertado. La pena ascendió a 278.436,80.
Además recibieron sanciones farmacias, aerolíneas, locales de venta de ropa de hombre, aerolíneas y agencias de viajes.
Las penas alcanzaron los $ 2,8 millones.
Entre 2021 y 2023, la dependencia del MEF colocó 256 sanciones. De ellas, 150 fueron multas que ascendieron a $ 8.551.128,70, equivalentes a US$ 211.945 a valores actuales.
Las empresas estuvieron ubicadas en Montevideo, Canelones, Maldonado, Paysandú y Colonia.
La ley 17.250 de relaciones de consumo y defensa del consumidor establece sanciones por infracciones.
El texto establece que comprobada la existencia de una infracción a las obligaciones impuestas, sin perjuicio de las acciones de responsabilidad civil o penal, el establecimiento será pasible a sanciones.
Prevé un apercibimiento cuando carezca de antecedentes de haber cometido infracciones del mismo tipo que sean calificadas como leves.
En segundo caso plantea una multa con una cifra no inferior a las 20 Unidades Reajustables ($ 34.800) y hasta 4.000 ($ 6,9 millones).
En tercer lugar dispone el decomiso de las mercaderías y productos incluidos en la infracción, cuando ellos puedan generar riesgo claro para la salud o seguridad del consumidor.
La ley indica que en casos de reiteraciones de infracciones graves o muy graves se podrá ordenar la clausura temporal del establecimiento comercial o industrial por un término de hasta 90 días.
La quinta cláusula propone la suspensión de hasta un año en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado.
Uno de los artículos señala que las infracciones se calificarán como leves, graves y muy graves tomando en cuenta el riesgo para la salud del consumidor y la posición del infractor en el mercado. También el beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de la alteración social producida y la generalización de la infracción y la reincidencia.
