Los fraudes digitales forman parte de una experiencia cada vez más frecuente entre los usuarios de internet en Uruguay. El 32% afirma haber sido víctima de algún intento de fraude, engaño o robo de información, mientras que el 8% declara haber perdido dinero durante el último año como consecuencia de una estafa online.

En 2024, la pérdida de dinero alcanzaba al 5% de los usuarios, lo que evidencia un aumento del impacto económico de este tipo de delitos a lo largo del tiempo.

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Así lo señala el estudio “Estado de la Ciberseguridad en Uruguay”, elaborado por Datasec, empresa especializada en ciberseguridad, seguridad de la información y gestión de riesgos, a partir de datos obtenidos por Grupo Radar.

El informe analiza el estado de la ciberseguridad en el país y aborda tanto la evolución de las amenazas como el nivel de preparación de la población y las empresas.

En este contexto, persisten importantes brechas en las prácticas de protección de los usuarios. Una de cada tres personas que utiliza una computadora no cuenta con un antivirus, mientras que el 40% no realiza respaldos de su información. Esta situación también se observa entre quienes utilizan teléfonos inteligentes: una de cada cuatro personas con smartphone no realiza copias de seguridad de la información almacenada en el dispositivo.

La experiencia con estos delitos también repercute en los hábitos de los usuarios. Entre quienes sufrieron algún intento de fraude, el 71% modificó alguna de sus prácticas de navegación o incorporó medidas de protección. Esto refleja que, además del impacto económico directo, el avance del ciberdelito está modificando la forma en que las personas utilizan internet y gestionan su seguridad digital.

Estos resultados son consistentes con la información proveniente de fuentes estadísticas oficiales. Según el módulo de victimización de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), incluido en su informe anual de 2025, solo el 21,7% de los casos de estafa fue reportado a la Policía y apenas el 18,6% fue formalmente denunciado.

En paralelo, el contexto de amenazas se vuelve más dinámico y sofisticado. El aumento de la capacidad de detección, reflejado en los datos del CERTuy, convive con una evolución del delito hacia modalidades más escalables y cada vez más centradas en el engaño y la manipulación de las personas.

La inteligencia artificial está cambiando la naturaleza del riesgo, y no solo su escala. En la región ya se documentan ataques de phishing personalizado, la generación automatizada de mensajes fraudulentos a gran volumen y la suplantación de identidad mediante la síntesis de voz e imagen.

Tecnologías que antes requerían capacidades técnicas avanzadas están hoy al alcance de un mayor número de atacantes. Esto permite incrementar la velocidad, el volumen y el grado de personalización de los intentos de fraude. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial también puede utilizarse para fortalecer la ciberseguridad mediante una mejor detección temprana, la automatización de respuestas y la identificación de patrones de ataque.

El estudio plantea un escenario en el que la ciberseguridad deja de ser exclusivamente una cuestión tecnológica y pasa a involucrar también los hábitos, las capacidades de prevención y respuesta, y una mayor conciencia sobre los riesgos asociados al uso de las herramientas digitales.

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