La Unión Europea pone en marcha este viernes el nuevo pacto migratorio, con condiciones más exigentes para los inmigrantes ilegales. Comienza justo cuando el Papa León XIV deja España con un llamado a atender la cuestión. Una novedad importante para los venezolanos.
Inmigrantes ilegales arriban a las islas Baleares.
La Unión Europea estrena este viernes su pacto migratorio, cerrado hace más de dos años por los países aueropeos, luego de una década de complejas negociaciones y que empieza ahora a funcionar con ciertos matices y pendiente de ajustarse, sobre todo en España que define su propio modelo.
La aplicación del pacto migratorio europeo recae en manos de los Estados miembros, que son los que tienen la competencia en materia migratoria.
El acuerdo recoge más exigencias para el asilo, retornos más rápidos y queda todavía pendiente del marco legal que dará Bruselas para que los países puedan recurrir a los centros de retención de migrantes en terceros estados, una opción a la que España no se acogerá.
En esta línea, la puesta en marcha del pacto europeo coincide con la visita del Papa León XIV a Canarias para atender y preocuparse por la situación de la migración en las islas, adonde todos los días llegan pateras con imigrantes ilegales desde Africa.
No obstante, el Gobierno español ha dejado claro que su aplicación del acuerdo incluirá la creación de un procedimiento de protección internacional en frontera.
Este proceso tendrá un plazo máximo de resolución de 12 semanas (es decir, tres meses), periodo durante el cual el solicitante no recibirá autorización para entrar en territorio nacional y deberá permanecer en instalaciones habilitadas.
Esta normativa europea se aplicará específicamente a quienes lleguen en patera o cayuco o sean interceptados en intentos de entrada irregular a las costas españolas.
El pacto introduce un exhaustivo proceso de triaje común en toda la UE para los nacionales de terceros países que llegan a la frontera sin permiso de entrada, como las personas que arriban en cayuco a Canarias.
Este incluye un reconocimiento médico preliminar, un examen de vulnerabilidades como las víctimas de trata, una labor de identificación, registro de datos biométricos, el cumplimiento de un formulario y la derivación al procedimiento de protección internacional o al de retorno.
Mientras dure el proceso, realizado por la Policía Nacional, el migrante no podrá recibir autorización de entrada en el territorio y deberá permanecer a disposición de las autoridades. El pacto habilita a que este triaje pueda durar hasta 7 días pero, en el caso de España, se mantiene el plazo actual de 72 horas.
Además, se pondrá en marcha un mecanismo de monitorización del respeto de los derechos fundamentales por parte del Defensor del Pueblo.
Uno de los puntos más criticados del pacto es la recogida de datos biométricos en ese triaje, que se amplía significativamente al pasar del mero registro de huellas dactilares a la toma de una fotografía del rostro y digitalización de la documentación, si la hay.
Otra de las novedades que más han encendido las alarmas es que se rebaja la edad de los migrantes a los que se les recaba estos datos: Antes era a mayores de 14 años y ahora se aplicará a todos los que superen los 6.
El objetivo es compartir esta información no solo con las bases nacionales de Policía Nacional y Guardia Civil, sino con todos los Estados miembros a través de una nueva base de datos que ya no solo será aplicable a solicitantes de asilo, sino que contendrá información de todas las personas llegadas de forma irregular a Europa.
Otras novedades del pacto tienen que ver con el asilo, para el que se establecen tres procedimientos: de frontera, que se resolverá en 12 semanas incluida la revisión judicial si la hay; el examen acelerado, en tres meses, y el examen estándar, de seis.
En cuanto al de frontera, el solicitante no podrá recibir una autorización de entrada al territorio mientras se resuelve y deberá permanecer en unas instalaciones habilitadas, aunque no privados de libertad.
El procedimiento acelerado se aplica en ciertos casos, como personas de un país con una tasa de reconocimiento de protección igual o inferior al 20 % en el conjunto de la Unión Europea o de un Estado considerado "seguro" por la UE, como Colombia o Marruecos.
Muchas ONG ven aquí riesgos de que no se realice un análisis individualizado con las debidas garantías, aunque desde el Gobierno aseguran que se estudiará caso a caso.
Para el procedimiento general, se acortan los plazos: desde que la persona manifiesta su deseo de pedir protección, en 5 días la petición tiene que estar registrada y en otros 21 días, formalizada, cuando hasta ahora no había plazos concretos para este paso.
En todos los casos, la denegación de la solicitud conllevará la denegación de entrada o devolución, aunque en la práctica muchas veces es difícil ejecutar estas órdenes por cuestiones como la falta de acuerdos con países de origen.
Con la entrada en vigor de este pacto, el Ministerio del Interior dejará de reconocer y renovar autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias, como las concedidas en los últimos años a ciudadanos venezolanos.
En cuanto a la red de acogida de los migrantes que llegan de forma irregular a España y los solicitantes de asilo, el Gobierno ha garantizado que mantendrá su capacidad.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto a disposición sus centros para el procedimiento fronterizo de protección internacional, con unas 10.000 plazas, y actualizará el reglamento que regula el sistema de acogida, modificación que ya se encuentra en fase de consulta pública.
El paquete normativo incluye un mecanismo de solidaridad obligatoria que obliga a los Estados a compartir la responsabilidad de acoger entre todos a los refugiados llegados a cualquier territorio de la UE, pero permite a los países ser liberados de acoger su cuota si realizan una contribución financiera.
Dentro de este sistema, España ha sido identificada como 'Estado miembro bajo presión migratoria' y, por lo tanto, susceptible de ser beneficiaria con medidas que se concretarán en próximas reuniones.