La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunció este martes que el Gobierno español reformará la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia para garantizar que los niños sean escuchados por la Justicia en casos de violencia, como el ocurrido en el caso de Juana Rivas.
El caso de Juana Rivas y la falta de escucha a los niños
El caso de Juana Rivas volvió a ser foco de atención este martes, después de que la mujer tuviera que entregar a su hijo Daniel, de 11 años, en el Punto de Encuentro Familiar de Granada. Este acto se produjo tras la desestimación por parte del Tribunal Constitucional del recurso de amparo interpuesto por Rivas, quien intentaba evitar que su hijo regresara con su padre. El hombre está pendiente de un juicio en Italia acusado de maltrato continuado a sus hijos.
En este contexto, la ministra Sira Rego lamentó profundamente la situación, calificándola como "absolutamente dolorosa". En sus declaraciones, Rego aseguró que Daniel había sido "claro" y "nítido" en su oposición a regresar a Italia con su padre.
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a ministra de Juventud, Sira Rego (IU), junto a la líder de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz
La denuncia de la falta de protección y de escucha al niño
Rego recordó que Daniel se presentó ante la Fiscalía de Granada, donde manifestó su temor y denunció los malos tratos sufridos. Sin embargo, el fiscal no lo escuchó y, además, la denuncia fue desestimada, lo que hizo que el niño pasara más de 9 horas esperando en la sala de un juzgado de Guardia. La ministra no dudó en denunciar lo ocurrido, afirmando: "No hay derecho, quiero decir que no hay derecho, no se le recibió, no se le escuchó, no se consideró la denuncia y hemos llegado a esta situación."
Sira Rego detalló que Daniel le había expresado su temor en una carta y, posteriormente, en persona, durante una visita en Granada. El niño relató haber sufrido malos tratos, una versión que coincide con la de su hermano mayor de edad. "Solamente bastaba con dedicarle un tiempo de escucha a esos niños y escuchar lo que tienen que decir, es lo único que han pedido, es lo único que han pedido y no han conseguido que nadie les escuche," declaró Rego, destacando la importancia de que se les brinde la oportunidad de ser escuchados.
Reforma de la ley para garantizar los derechos de la infancia
Ante lo ocurrido, la ministra Rego afirmó que el Gobierno no permitirá que casos como el de Daniel se repitan y, por ello, impulsará una modificación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Rego explicó que, aunque ya existen normativas que permiten a la Justicia escuchar a los niños, el Gobierno ampliará esta legislación para "dejar claro absolutamente todo el itinerario" que debe seguirse para garantizar la protección de los menores.
La reforma de la ley estará lista para ser presentada en audiencia pública a partir del mes de septiembre, con el objetivo de "garantizar que los niños sean escuchados" y que la Justicia tenga una perspectiva de infancia en casos de violencia y abuso. La ministra enfatizó que el Gobierno está trabajando en esta modificación desde hace meses, pero que este caso ha sido un recordatorio de que "la sociedad tiene que estar a la altura de los derechos de su infancia."
Compromiso del Ejecutivo con la protección infantil
Rego insistió en que el Gobierno se compromete a "responder" ante el caso de Juana Rivas, al considerarlo un "inadmisible" fallo de las instituciones, que permitió que el niño no fuera escuchado. Según la ministra, el futuro marco legal garantizará que todos los niños y niñas del país, en caso de requerirlo, tengan derecho y acceso a la defensa.
Este cambio legislativo, que también buscará ampliar los mecanismos de protección en la infancia, subraya la intención del Gobierno de "garantizar que los derechos de la infancia estén por encima de cualquier otra consideración", concluyó la ministra.
El caso Juana Rivas
El caso de Juana Rivas es una disputa judicial internacional que ha atraído atención mediática y política desde 2016. Juana Rivas, residente en Granada, España, denunció a su expareja, Francesco Arcuri, por violencia de género y maltrato infantil. En 2016, Rivas huyó con sus dos hijos a España para protegerlos de su padre, quien residía en Italia. Las autoridades italianas otorgaron la custodia de los menores a Arcuri, y un tribunal español ordenó su regreso a Italia. Rivas se negó a cumplir con la orden judicial, lo que resultó en su condena por sustracción de menores en 2018. En 2021, recibió un indulto parcial que redujo su pena a prisión domiciliaria y trabajo comunitario. En 2024, la Fiscalía italiana presentó cargos contra Arcuri por presunto maltrato a sus hijos, y el hijo mayor de Rivas denunció abusos. A pesar de estas acusaciones, la justicia española ha ordenado la entrega del hijo menor, Daniel, a su padre, lo que ha generado controversia y llamados a revisar los protocolos de protección infantil.
