El panorama del mercado inmobiliario español afronta una nueva etapa de incertidumbre técnica y legislativa. La derogación en el Congreso de los Diputados de los Reales Decretos-ley 26/2026 y 27/2026 derivó en la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Frente a esta coyuntura, el Ejecutivo aprobó a través de la Diputación Permanente dos nuevos textos normativos que incorporan 21 medidas dirigidas a la regulación del arrendamiento, el estímulo de la oferta y el acceso a la compraventa.
Con calendarios de entrada en vigor escalonados —el primer bloque operativo desde el 8 de octubre y el segundo fijado para el 15 de noviembre de 2026—, la validez definitiva de esta regulación queda sujeta a su convalidación parlamentaria. En un entorno donde la oferta de arrendamiento acumula una contracción de casi 400.000 inmuebles en los últimos siete años —concentrándose el 60% de esta caída en las cuatro principales metrópolis españolas—, la normativa introduce ajustes operativos tanto para arrendatarios como para arrendadores.
Qué cambia para los inquilinos con el nuevo Real Decreto-ley 29/2026
La última regulación aprobada por el Consejo de Ministros establece instrumentos de protección orientados a dar mayor estabilidad contractual a los arrendatarios en supuestos de alquiler de vivienda habitual.
Prórrogas extraordinarias de hasta dos años: Los contratos de vivienda habitual cuyo vencimiento esté previsto antes del 31 de diciembre de 2028 podrán extenderse hasta dos años adicionales, en períodos anuales, sumándose a los cinco años fijados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Para acogerse a esta extensión, el inquilino debe acreditar estar al corriente de pago y haber abonado la renta mensual sin incidencias durante los ocho meses anteriores a la solicitud.
Extensión específica en zonas tensionadas: En los municipios declarados como zonas de mercado residencial tensionado, una vez agotadas las prórrogas obligatorias o tácitas, los arrendatarios tendrán derecho a solicitar una prórroga extraordinaria adicional de hasta tres años.
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Tope a la actualización anual de rentas: Para las anualidades contractuales que se cumplan entre la entrada en vigor del decreto y el 31 de diciembre de 2027, el incremento de las rentas queda sujeto a límites definidos. Si la renta pactada supera el límite máximo correspondiente según el sistema oficial de índices de referencia, no se admitirá ningún tipo de incremento. En el resto de supuestos, la actualización requerirá pacto entre las partes y, a falta de acuerdo, el incremento no podrá exceder del 2%.
La evolución de los alquileres durante la gestión de Pedro Sánchez.
Modificaciones de contratos temporales o por habitación
El Ejecutivo ha introducido reglas estrictas sobre el uso del alquiler de temporada y la modalidad de arrendamiento por habitaciones, con el fin de evitar que estas fórmulas sean empleadas para eludir los marcos normativos del alquiler residencial de larga estancia.
Acreditación de la causa de temporalidad: Todo arrendamiento de temporada deberá contar con una justificación documental explícita. La duración acumulada de los contratos temporales sobre una misma vivienda no podrá superar los 12 meses, salvo que persista y se documente la causa que dio origen al acuerdo. Encadenar más de dos contratos consecutivos sobre un mismo inmueble derivará en la consideración legal del arrendamiento como vivienda habitual desde la firma del primer contrato.
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Límite a la cuantía en alquileres por habitaciones: La suma de las rentas mensuales cobradas por las distintas habitaciones de un mismo piso no podrá superar el precio que correspondería al alquiler íntegro del inmueble. En zonas de mercado tensionado, esta suma deberá ajustar su límite estricto a los índices topados por la legislación vigente.
Impacto de las medidas para los propietarios y caseros
Las modificaciones normativas conllevan compromisos y exigencias operativas para las personas físicas o jurídicas arrendadoras de inmuebles, así como incentivos en materia de fiscalidad.
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Preaviso e indemnización por finalización: Para no aplicar la prórroga de los contratos, el propietario debe notificar su intención de no renovar con un preaviso mínimo de seis meses respecto a la fecha de vencimiento. Si el arrendador opta por finalizar la relación contractual sin causa justificada, deberá abonar al inquilino una indemnización equivalente a 12 meses de renta, calculada sobre el precio de referencia de una vivienda de características similares.
Excepciones a la obligación de indemnizar: Quedan exentos del pago de dicha indemnización los propietarios que necesiten la vivienda para destinarla a uso propio o de familiares en primer grado; cuando el inquilino disponga de otra vivienda adecuada en el mismo término municipal; o en casos donde el arrendatario no haya habitado de forma efectiva el inmueble durante más de seis meses en el último año.
Incentivos fiscales en el IRPF: Se recuperan las deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para pequeños propietarios. Los arrendadores que suscriban contratos a precios asequibles aplicarán rebajas fiscales en sus rendimientos netos, incentivando la puesta en mercado de inmuebles bajo importes controlados.
Situación de las ayudas al alquiler tras el adelanto electoral
La disolución de las Cortes Generales y el inicio del período electoral afectan a la tramitación de las partidas económicas en función de la naturaleza de los fondos y los marcos presupuestarios aprobados.
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Garantía del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030: Al encontrarse formalmente aprobado desde abril, la ejecución de las partidas contempladas en este plan —que incluye ayudas directas al alquiler, programas específicos para jóvenes de hasta cuatro años de duración y fondos de emergencia para colectivos vulnerables— se mantiene inalterada. Su distribución y publicación de convocatorias corresponden a las comunidades autónomas.
Paralización de nuevos presupuestos: El adelanto de los comicios bloquea la tramitación de nuevos proyectos presupuestarios estatales. En consecuencia, las futuras ampliaciones de fondos o la creación de nuevas líneas de subvención estatal quedarán congeladas hasta la constitución del nuevo Gobierno y la posterior aprobación de las cuentas públicas.
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Nueva deducción fiscal por arrendamiento: Se introduce una deducción en el IRPF equivalente al 10% de las cantidades satisfechas en concepto de alquiler durante el ejercicio. El acceso a este beneficio exige que la base imponible del contribuyente no supere los 33.007,20 euros anuales, aplicándose un límite máximo de deducción que decrece progresivamente conforme aumentan los ingresos del declarante.
Repercusiones en la compraventa de viviendas y derechos de tanteo
La actividad comercial del mercado inmobiliario no se detiene por el período electoral, aunque las transacciones de activos arrendados incorporan nuevos condicionantes legales.
El Real Decreto-ley 29/2026 reconoce el derecho de adquisición preferente en favor del inquilino sobre el inmueble que habita. Aunque la norma no restringe ni prohíbe la transmisión de viviendas alquiladas a terceros, obliga al vendedor a realizar la notificación formal al arrendatario para que este pueda ejercitar su derecho de tanteo y retracto en los plazos fijados por la ley. Por otro lado, las líneas de apoyo para la adquisición de primera vivienda orientadas a jóvenes y sectores con perfil de vulnerabilidad continúan vigentes al amparo del Plan Estatal de Vivienda.
Qué ocurre si la Diputación Permanente no convalida los decretos
Los Reales Decretos-ley adquieren rango de norma aplicable desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No obstante, el mandato legal exige su sometimiento a debate y votación parlamentaria.
Al encontrarse el Congreso de los Diputados disuelto, corresponde a la Diputación Permanente actuar dentro del plazo constitucional de 30 días posteriores a la promulgación para ratificar o derogar las medidas aprobadas. En el escenario de que alguno de los textos no recabe el respaldo suficiente del órgano en funciones, el decreto-ley decaerá, perdiendo validez desde la fecha de su votación negativa, aunque consolidando los efectos jurídicos y actos administrativos formalizados durante el período en que se mantuvo vigente.
