Giro judicial en el caso que afecta a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El juez sustituto ha emitido un auto este lunes en el que deniega a Begoña Gómez el permiso para viajar a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), pero sí la autoriza a volar a Londres entre el 8 y el 10 de julio para asistir a la graduación de su hija.
La resolución se ha tomado de urgencia debido a que el magistrado titular del Juzgado de Instrucción, Juan Carlos Peinado —quien instruye la causa y le retiró el pasaporte el pasado 20 de junio—, se encuentra actualmente de vacaciones.
El juez Antonio Viejo asume el control del caso de forma provisional
Fuentes jurídicas han confirmado que la decisión ha sido adoptada por el magistrado Antonio Viejo, encargado de sustituir a Peinado durante su periodo vacacional. Viejo ha tomado las riendas del juzgado para resolver la petición de salida de España que la defensa de Gómez había presentado contra las medidas cautelares vigentes.
El escenario procesal requería una respuesta inmediata, dado que el itinerario original de la investigada contemplaba iniciar los desplazamientos de forma inminente junto a la delegación oficial del Ejecutivo.
Los motivos del rechazo al viaje institucional a Turquía
En su auto dictado este lunes, el juez Antonio Viejo argumenta que la presencia de Begoña Gómez en la 36ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN en Ankara responde exclusivamente a «razones de cortesía institucional». Al no constar que la esposa del presidente tenga una "intervención activa" en el foro internacional, el magistrado ha determinado que no se levanta la retirada del pasaporte para este destino.
Asimismo, la resolución introduce un criterio de seguridad jurídica de peso: el magistrado apunta directamente a que Turquía no es un Estado miembro de la Unión Europea, una circunstancia que, según el texto legal, debilita las estructuras automáticas de cooperación policial y judicial en caso de cualquier eventualidad en el marco del procedimiento penal en curso.
Luz verde para asistir a la graduación familiar en Londres
Una suerte distinta ha corrido la segunda parte del itinerario solicitado. El magistrado sí ha concedido el permiso de salida del territorio nacional para que Gómez vuele a Gran Bretaña. Para justificar este dictamen favorable, Viejo ha puesto en valor «la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del Brexit», además de ponderar la naturaleza estrictamente familiar del evento al que pretende asistir.
El plan inicial de la defensa detallaba que el regreso a España se realizaría desde la capital británica el próximo viernes 10 de julio utilizando un avión comercial. El letrado de Gómez había argumentado que todo el trayecto contaría con el dispositivo de seguridad de Moncloa: "En todo caso todo el viaje se realizará con el equipo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por sí solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos de mi representada".
Para el tramo británico, el abogado había solicitado la entrega temporal del documento de identidad y la inclusión de la autorización en el sistema público de Justicia (Siraj) con el fin de evitar retenciones fronterizas, comprometiéndose a reintegrar el pasaporte en sede judicial al día siguiente de aterrizar en España.
División entre la Fiscalía y las acusaciones por el riesgo de fuga
La resolución del juez Antonio Viejo se produce tras un intenso debate entre las partes personadas en la causa. Por un lado, la Fiscalía había manifestado su respaldo total a la solicitud de la defensa de Begoña Gómez, apoyando la flexibilización temporal de las medidas de control.
Por el contrario, las acusaciones populares —lideradas por el colectivo Hazte Oír— se posicionaron con una "oposición definitiva y total" al plan de viaje internacional. Las plataformas personadas alegaron ante el juzgado que existía un riesgo manifiesto de sustracción a la acción de la justicia por parte de la investigada.
El trasfondo de la causa: Juicio oral por presunta corrupción
La petición de salida al extranjero se enmarca en un escenario de alta complejidad procesal. El pasado 20 de junio, el juez Juan Carlos Peinado dictó un auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
A raíz de las solicitudes de las acusaciones en la audiencia preliminar de Plaza de Castilla, el juzgado impuso a Gómez y a su asesora tres medidas cautelares restrictivas: la retirada de pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer mediante firmas quincenales. La defensa mantiene interpuesto un recurso de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid para intentar anular estas restricciones vinculadas a la investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.
