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La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, tiene previsto dejar el cargo antes de que expire su mandato de ocho años en octubre de 2027, con el objetivo de facilitar que el presidente francés saliente, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, puedan acordar el nombramiento de un nuevo responsable de la política monetaria de la eurozona.

Aunque todavía no está definido el calendario de su eventual salida, una persona de su entorno más cercano señaló a Financial Times que la francesa, que llegó al BCE en noviembre de 2019 procedente del Fondo Monetario Internacional, desea abandonar el cargo antes de las elecciones presidenciales francesas previstas para abril de 2027.

Desde la institución monetaria subrayaron que "la presidenta Lagarde está totalmente centrada en su misión y no ha tomado ninguna decisión sobre el final de su mandato".

El papel de Macron y Merkel

Fuentes informadas en París indicaron al rotativo británico que Macron, quien no puede optar a un tercer mandato, lleva meses interesado en influir en la elección del sucesor de Lagarde al frente del BCE.

El nombramiento de la propia Lagarde en 2019 fue fruto de un acuerdo político entre Macron y la entonces canciller alemana, Angela Merkel. Como parte de aquel pacto, la entonces ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, asumió la presidencia de la Comisión Europea.

El mes pasado, en declaraciones a Bloomberg TV, Lagarde afirmó que aceptó el cargo bajo la impresión de que cumpliría un mandato de cinco años, lo que algunos analistas interpretaron como un posible indicio de preparación para una salida anticipada.

Los posibles sucesores

Las especulaciones sobre una eventual salida se intensificaron el pasado verano, después de que el expresidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, señalara que la francesa había considerado dejar el BCE para dirigir el organismo. No obstante, un portavoz del banco central recalcó entonces que la presidenta "está decidida a completar su mandato [de ocho años]".

En diciembre, economistas europeos consultados por el Financial Times señalaron al exgobernador del Banco Central español, Pablo Hernández de Cos, y a su homólogo neerlandés, Klaas Knot, como principales candidatos para sucederla. También han mostrado interés la miembro del comité ejecutivo del BCE, Isabel Schnabel, y el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel.

Un mandato marcado por las crisis

La etapa de Lagarde al frente del BCE ha estado condicionada por una sucesión de crisis, entre ellas la pandemia de Covid-19, la invasión rusa de Ucrania y las tensiones comerciales con Estados Unidos.

Durante su mandato, la inflación de la eurozona se disparó hasta cerca del 11% a finales de 2022, impulsada por el encarecimiento de la energía tras el ataque ruso a Ucrania y los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro. En respuesta, el BCE elevó los tipos de interés desde el -0,5% hasta el 4% en poco más de un año. Posteriormente, desde mediados de 2024, la institución redujo el coste del dinero hasta el 2%, en la medida en que la inflación regresó al objetivo del 2% a medio plazo.

Movimiento estratégico en el Banco de Francia

En paralelo, el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, anunció por sorpresa su "decisión personal" de dejar el cargo a comienzos de junio para asumir la presidencia de la Fundación Apprentis d'Auteuil, dedicada a la asistencia social y la formación de jóvenes desfavorecidos.

Villeroy de Galhau, que ocupa el puesto desde el 30 de septiembre de 2015, se marcha casi un año antes del fin de su segundo mandato, lo que permitirá a Macron designar a su sucesor.

Elecciones en Francia y riesgo político para la UE

Las elecciones presidenciales francesas de abril de 2027 serán determinantes para la segunda economía de la eurozona y para la Unión Europea en su conjunto. La líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, encabeza las encuestas. En caso de inhabilitación, su protegido, Jordan Bardella, asumiría la candidatura.

Ambos son considerados euroescépticos, lo que podría complicar las relaciones con instituciones comunitarias como el BCE en un momento especialmente sensible para la estabilidad económica de la eurozona.

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