Contexto
¿Qué es la excepción ibérica?
La excepción ibérica es un mecanismo aprobado en 2022 por la Comisión Europea para España y Portugal, con el objetivo de reducir el impacto del alza del precio del gas en el mercado eléctrico. Consistió en una subvención para los productores de electricidad con centrales de gas, permitiéndoles vender electricidad a un precio más bajo. La medida fue financiada con aportaciones del mercado mayorista y con ingresos del comercio transfronterizo de electricidad entre España y Francia.
¿Por qué algunas empresas recurrieron esta medida?
Un grupo de empresas españolas (PGI Spain, Berry Superfos Pamplona, Promens Packaging, RPC Envases y Zeller Plastik España) presentó un recurso alegando que la excepción ibérica era discriminatoria y que la Comisión Europea no había evaluado correctamente su impacto. Estas compañías, que compran electricidad a través de proveedores y no en el mercado mayorista, argumentaban que la medida no era ni adecuada ni proporcional.
¿Qué ha decidido la Justicia europea?
El Tribunal General de la Unión Europea rechazó el recurso, considerando que las empresas no lograron demostrar que la Comisión Europea hubiera cometido errores graves en la evaluación de la excepción ibérica. La sentencia ratifica que la medida fue proporcional y adecuada para enfrentar la crisis energética tras la guerra en Ucrania.
¿Qué impacto ha tenido la excepción ibérica?
Desde su implementación, la excepción ibérica permitió a España y Portugal contener el alza en los precios de la electricidad en un contexto de crisis energética. Aunque su aplicación generó debates sobre su sostenibilidad y efectos a largo plazo, la medida fue clave para aliviar la presión sobre consumidores y empresas durante la escalada de precios del gas.
Cómo sigue
Con esta decisión del Tribunal General, la excepción ibérica queda validada judicialmente y las empresas demandantes no han conseguido revertir su aplicación. Sin embargo, podrían apelar ante el Tribunal de Justicia de la UE, aunque el margen para cambiar el fallo es reducido. Mientras tanto, España y Portugal deberán definir el futuro del mecanismo y su posible adaptación a nuevas condiciones del mercado energético europeo.
FUENTE: EFE
