Airbnb deberá pagar 64 millones de multa por infracciones en sus anuncios
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid deniega las medidas cautelares a la plataforma, que deberá abonar la sanción de Consumo por anuncios sin licencia.
Airbnb debe pagar los 64 millones de la multa impuesta por el Ministerio de Consumo.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado la solicitud de medidas cautelares interpuesta por Airbnb, obligando a la plataforma de alojamientos a pagar la multa de 64 millones de euros impuesta en el pasado diciembre por el Ministerio de Consumo tras detectar irregularidades en los anuncios de pisos turísticos.
La decisión judicial implica que la empresa debe hacer frente al pago, a pesar de que todavía cabe la posibilidad de presentar un recurso de reposición ante el mismo tribunal. El departamento dirigido por Pablo Bustinduy ha confirmado este lunes el auto que desbloquea el cobro de la millonaria penalización.
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Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Infracciones en más de 65.000 anuncios
La investigación liderada por la cartera de Consumo identificó irregularidades en un total de 65.122 anuncios de la plataforma, que fueron retirados en julio de 2025. El Ministerio argumentó que Airbnb incurrió en "prácticas comerciales desleales" al permitir la oferta de alojamientos que no tenían la licencia turística exigida.
Además de los que no tenían número de registro, muchos otros usaban números falsos o que no correspondían con el formato oficial. Estas acciones fueron calificadas como publicidad engañosa , ya que tampoco se ofrecía información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones de dichos pisos.
La sanción principal asciende a 63,98 millones de euros, cifra calculada como el equivalente a seis veces el beneficio obtenido por la plataforma con estos anuncios. La cantidad corresponde al periodo transcurrido desde que el Ministerio formuló el apercibimiento hasta que los anuncios fueron finalmente eliminados por Airbnb meses después.
La respuesta de Airbnb
La plataforma de alojamientos turísticos insistió en que cumplió en todo momento con la normativa española y que la sanción impuesta por el ministerio de Consumo "es contraria al marco legal español y europeo".
Desde la plataforma con sede en California aseguran que desde la entrada en vigor de la nueva normativa de alquileres de corta duración, han colaborado con las autoridades para implementar estas nuevas medidas.
Las declaraciones de Bustinduy
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha dicho que esta decisión judicial refleja el principio de que "ninguna empresa, por poderosa que sea, está por encima de la ley ni de los derechos de los consumidores". El ministro ha defendido la contundencia de la sanción impuesta a Airbnb como un cambio de paradigma frente a la "inacción" que, según dice, mantenía la derecha en administraciones como la de Madrid.
Bustinduy ha destacado que, frente a quienes consideraban inviable regular este sector, el Ministerio ha finalizado un expediente sin precedentes. El titular de la cartera defiende que la actividad de alojamientos sin registro oficial atenta contra el derecho constitucional a la vivienda.
