El contrato de 12,3 millones de euros adjudicado por el Ministerio del Interior de España a la tecnológica china Huawei para gestionar y almacenar datos de escuchas telefónicas judiciales ha desatado un conflicto diplomático con Estados Unidos. Dos congresistas republicanos, Richard Hudson (Carolina del Norte) y Gus Bilirakis (Florida), enviaron el pasado 8 de agosto una carta al secretario de Comercio, Howard Lutnick, solicitando una investigación formal sobre la operación y advirtiendo que constituye una “amenaza” para la seguridad nacional y el comercio digital en EE. UU.
“Estoy profundamente preocupado por las informaciones de que España ha contratado a Huawei para gestionar y almacenar datos sensibles de escuchas judiciales”, “Estoy profundamente preocupado por las informaciones de que España ha contratado a Huawei para gestionar y almacenar datos sensibles de escuchas judiciales”,
alertó Bilirakis, subrayando el riesgo de que esta información pueda terminar en manos del Partido Comunista Chino.
La reacción del parlamento estadounidense
La carta de los legisladores republicanos eleva el caso a nivel federal y abre la puerta a posibles sanciones tecnológicas o restricciones comerciales contra España. El tema ya había generado alarma en los comités de inteligencia del Congreso: Tom Cotton y Rick Crawford pidieron a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, que revisara los acuerdos de intercambio de información secreta con España.
De hecho, a principios de agosto, la Administración de Donald Trump decidió suspender el intercambio de datos de inteligencia con Madrid tras la polémica por la adjudicación del contrato a Huawei. Según un informe de la CIA, los equipos de la compañía incluyen “backdoors” que podrían permitir acceso no autorizado a sistemas sensibles.
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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez y el presidente de China, Xi Jinping.
Trump suspendió el intercambio de datos de inteligencia con España
A raíz de la controversia por el contrato con Huawei, la Administración Trump optó por suspender, a principios de agosto, el intercambio de datos de inteligencia con España. Esta medida fue tomada debido a la preocupación sobre la seguridad de los datos que podrían estar siendo gestionados por Huawei, cuyos dispositivos son considerados de alto riesgo por las autoridades estadounidenses. La CIA alertó sobre posibles vulnerabilidades en los sistemas, lo que llevó a la Casa Blanca a interrumpir una cooperación clave en materia de inteligencia con el gobierno de Pedro Sánchez.
La defensa del Gobierno español
Por su parte, el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, negó cualquier riesgo en el contrato. “España cumple todo lo que establece el marco europeo y no hay ningún problema de ciberseguridad”, afirmó en rueda de prensa.
López explicó que el sistema de almacenamiento y gestión de datos contratado a Huawei no está conectado a la red de telecomunicaciones, lo que evita posibles ciberataques. “Hemos cumplido con todo”, destacó el ministro, asegurando que las medidas adoptadas responden a los estándares europeos de protección de datos.
La controversia política en España
La decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez también provocó divisiones en el ámbito interno. El Partido Popular acusó al Gobierno de favorecer a Huawei por los “vínculos históricos” entre el PSOE y la empresa china, apuntando incluso al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Mientras tanto, desde Bruselas, la adjudicación reabre el debate sobre el papel de Huawei en la infraestructura digital europea y el grado de dependencia tecnológica frente a China, en un momento en el que EE. UU. presiona a sus aliados para excluir a la compañía de los sistemas estratégicos.
